Hace cuatro años, el Tribunal de La Haya declaró ilegal el muro que divide Cisjordania. Cuatro años después, el Gobierno sionista sigue construyéndolo ante el silencio de la comunidad internacional. Ayer, los palestinos volvieron a denunciarlo en la calle, enfrentándose a los gases lacrimógenos y pelotas de goma. «¡Qué esperan los israelíes de los agricultores cuando les despojan de sus árboles! Queremos vivir».
Hace ya cuatro años, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) declaró ilegal el muro impuesto por Israel al pueblo palestino en Cisjordania. Lejos de acatar el contenido de dicha sentencia, por cierto, no vinculante, el Gobierno israelí sigue construyendo esta barrera, verja o muro, dependiendo de la forma que adquiere al rodear las ciudades o aldeas palestinas y serpentear por territorio ocupado.
Las obras se iniciaron en 2002 y aún continúan. El pasado mes de mayo, se construyeron 409 kilómetros, lo que representa un 57% del trazado final. Otros 66 kilómetros, un 6% más, está actualmente en construcción. Sus consecuencias sobre la población han sido devastadoras. Israel, además, ha hecho caso omiso de las recomendaciones del tribunal, que le exhortó a desmantelar la barrera levantada en Cisjordania e indemnizar a los palestinos afectados, para quienes este «muro del apartheid» busca despojarles de sus tierras e impedir un futuro Estado palestino.
Según datos de la Oficina de la ONU de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), hasta la fecha, Israel ha edificado en torno al 60% del recorrido proyectado, de un total de 723 kilómetros. Denunció que 52 comunidades rurales palestinas quedarán despojadas de sus tierras. Este es el caso, por ejemplo, de Jayyus, en el distrito de Kalkilia, en el norte de Cisjordania.
«El muro ha transformado una vida feliz en sufrimiento», denunció el alcalde Mohamed Taher Jaber. Antes, el 80% de la población de Jayyus vivía de labrar sus fértiles tierras que daban pepinos, cítricos, olivos, tomates, pimientos, aguacates y almendras. Aquella época ha quedado en el recuerdo de los más mayores. La realidad es bien distinta. El 70% de los habitantes está en paro y quienes pueden trabajar sus parcelas deben pedir «un permiso especial» para acceder a ellas atravesando unas puertas asignadas, que únicamente se abren tres veces al día.
De sus 3.500 vecinos, sólo 170 tienen este permiso. Israel lo niega sistemáticamente bajo el paraguas de «la seguridad». «¿Por qué no nos otorgan permisos? Porque así la tierra queda en desuso y después de tres años pueden alegar la ley de ausencias», remarcó a la corresponsal de Efe Sharif Omar Jalid. Aunque sí tiene «permiso», a sus 65 años no puede trabajar solo la tierra, pero a ninguno de sus tres hijos se lo conceden. Muy pocos campesinos pueden, por tanto, gozar de seis pozos de agua, 50.000 olivos y árboles frutales y 70 invernaderos.
En este cuarto aniversario de la incumplida e inútil resolución judicial, muchos palestinos salieron a las calles para exigir la demolición del muro.
En Nilin, al este de Ramallah, al menos siete personas, entre ellas activistas extranjeros, resultaron heridas por impactos de pelota de goma y el efecto de los gases lacrimógenos. Decenas de palestinos respondieron lanzando piedras contra los soldados y las máquinas para nivelar la tierra. Un soldado y un obrero que trabaja en la edificación del muro sufrieron heridas.
«Nuestro objetivo es parar las máquinas y recordar la decisión del Tribunal de La Haya. ¡Qué esperan los israelíes de los agricultores cuando les despojan de sus árboles! Queremos vivir», exclamó a AFP Salah al Khawaja, uno de los organizadores de la protesta. Hassan Moussa, de 33 años, acudió con su hijo de siete años para expresar su rechazo a las intenciones de Israel de «expulsar a los palestinos de sus tierras» y oponerse a este muro que «afecta a todo el mundo».
Cerca de Belén, los militares cargaron contra una manifestación de 150 personas. Las movilizaciones se repitieron en Tulkarem y Qalqiliya, al norte.
La OLP exigió a la comunidad internacional que obligue al Estado sionista a cumplir el dictamen del TIJ. El asesor presidencial y jefe del equipo negociador, Saeb Erekat, criticó la falta de actuación del resto de países frente a Israel.
La ONG israelí Betselem recordó que el Gobierno no ha cumplido las exigencias del Tribunal, que «canceló tres tramos».
Y, mientras, el pueblo palestino sigue afrontando como puede las terribles consecuencias de esta barrera de «la vergüenza» y el silencio de la comunidad internacional.
Un miliciano palestino murió ayer en la ciudad cisjordana de Jenín por disparos de soldados israelíes cuando, según la versión hebrea, trataban de detenerlo. El fallecido, de 27 años, era miembro de las Brigadas Abu Amar, ligadas a al-Fatah.
El Gobierno ha aprobado la construcción de otras 1.800 asentamientos judíos en la parte este de Jerusalén. La Comisión de Distrito de Vivienda ha autorizado la edificación de 920 pisos en el barrio de Har Homá y de otros 880 en el de Pisgat Zeev.
Tropas israelíes irrumpieron ayer en un centro de estudios coránicos y en el Ayuntamiento de Naplusa, bajo control de Hamas. Tras hacer estallar la puerta principal, rompieron varias oficinas. Los soldados confiscaron varios ordenadores, material de oficina, mapas y una «importante cantidad de documentos», según explicaron testigos presenciales.
«Es una agresión contra la autoridad palestina y todos ciudadanos de Naplusa», denunció Hafez Chahine, responsable municipal. Precisó que los soldados entraron en las oficinas del alcalde, Adli Yais, y su suplente, Mahdi al Handabali, y que se llevaron dos ordenadores, además de documentos.
Además de en el Ayuntamiento, entraron en tres mezquitas, llevándose consigo todos los bienes, y confiscaron cuatro autobuses escolares. En la cercana localidad de Qablan, clausuraron una escuela coránica y entraron en el edificio de Dar al Quran. En la puerta principal del edificio dejaron una nota en la que se daba cuenta de su cierre por un periodo de dos años. En los últimos tres días, el Ejército ha intensificado los registros en asociaciones caritativas y otros establecimientos vinculados a Hamas. Acusa a estos organismos de «ser parte de una infraestructura terrorista».
El martes, el Ejército clausuró las sedes de seis organizaciones benéficas relacionadas con el movimiento islámico y anunció el cierre temporal de medio centenar de tiendas ubicadas en un centro comercial administrado por Hamas. Las fuerzas de seguridad palestinas afirmaron que más de 120 vehículos armados israelíes irrumpieron de noche en Naplusa que, con cerca de 180.000 habitantes, es la localidad más poblada de Cisjordania.
Los comerciantes que no acaten la orden, que entrará en vigor el próximo 15 de agosto, deberán enfrentarse a una pena de 5 años de prisión.
Una fuente militar israelí justificó estos cierres bajo el argumento de que «los beneficios generados en sus tiendas para patrocinar el terrorismo».
En protesta por estas medidas y en solidaridad con las entidades afectadas, para ayer había convocada una huelga parcial en el comercio. Ya el lunes, el diario israelí «Haaretz»advirtió de que el Ejército intensificará su campaña contra la supuesta «estructura civil» de Hamas en Cisjordania, cerrando el mayor número de asociaciones.
El diputado de Hamas Yehya Moussa afirmó que estas acciones militares «están condenadas al fracaso, tal y como ha ocurrido hasta ahora. No servirán más que para generar un mayor apoyo a nuestro movimiento».
En declaraciones a un periódico palestino, remarcó que «Hamas se ha ganado el corazón de los ciudadanos por su constante defensa de los palestinos». Moussa destacó también que «el fin de la ocupación y de las agresiones israelíes está cerca».
El también electo Mohammed al Ghoul reclamó la intervención de los países musulmanes y árabes para parar las agresiones israelíes