Al menos a partir del siglo XVIII, la Filosofía ha girado en buena medida alrededor de ambos conceptos. Se ha contrapuesto la «cosa en sí» a la «cosa tal como es conocida». Realidad y apariencia. A menudo, la apariencia adquiere, sobre todo en política, más importancia que la propia realidad. En el último artículo que […]
Al menos a partir del siglo XVIII, la Filosofía ha girado en buena medida alrededor de ambos conceptos. Se ha contrapuesto la «cosa en sí» a la «cosa tal como es conocida». Realidad y apariencia. A menudo, la apariencia adquiere, sobre todo en política, más importancia que la propia realidad.
En el último artículo que publiqué en este diario me surgía la duda de si en ocasiones no preocupa tanto el paro como su reflejo estadístico, y de ahí el empeño en importar un sistema como el kurzarbeit alemán que no reduce el desempleo, sino que disfraza las estadísticas mediante las reducciones de jornada.
Desde hace ya muchos años ocurre algo similar con el déficit público. Se generaliza el discurso acerca de su carácter nocivo, pero, a juzgar por los comportamientos, lo que parece importar es únicamente su expresión contable.
Todos los países pugnan por inventar trucos más o menos ingeniosos para disfrazar los desequilibrios presupuestarios. Parece que fue Alemania el que comenzó la ofensiva con lo que aquí en España se conoció como el método alemán o de desembolso total de las obras públicas. Como el nombre indica, se trata de que el Estado, lejos de ir pagando las infraestructuras según se van realizando, las abona en su totalidad al final del contrato.
En realidad, tal procedimiento no reduce el déficit y ni siquiera lo pospone, sólo lo oculta. Aunque no se reconozca contablemente, las administraciones públicas se lo deben a las constructoras que, a su vez, se financian en las entidades financieras. La única conclusión es que el coste financiero se encarece para el sector público.
Otros muchos artificios han ido apareciendo: creaciones de entes públicos como el ADIF, de empresas públicas como las sociedades de Aguas, la construcción de autopistas financiadas por peaje en la sombra como las de Alberto Ruiz-Gallardón o las concesiones de hospitales como los de Esperanza Aguirre.
Según Eurostat va cerrando algunos de estos agujeros, surgen otros.
Ahora, en el proyecto de la llamada ley de economía sostenible, entre las múltiples medidas inconexas que contiene aparece la creación de asociaciones público-privadas: la finalidad, la misma, ocultar el déficit público, que no reducirlo.
Las decisiones de Eurostat no modifican los hechos económicos. Si la Hacienda pública asume la realización de ciertas obras y la prestación de determinados servicios sin financiarlos con impuestos, forzosamente incurre en déficit público, y los efectos económicos serán los mismos, buenos o malos, pero los mismos, tanto si las obligaciones se formalizan mediante deuda pública en forma de títulos como de endeudamiento frente a las empresas privadas; tanto si la amortización adquiere la forma de cantidades previamente determinadas como si hay que determinarlas en función de ciertos parámetros.
La única diferencia, y es sin duda importante, radica en que el control será más deficiente y el coste para el erario público bastante más elevado.
Juan Francisco Martín Seco es economista