‘El País’ ante la Ley de la Memoria

Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945) hace pública su indigación ante el editorial con el que el diario EL PAÍS de 29 de julio de 2006, alaba el proyecto de Ley con el que el gobierbno socialista prometía reparar definitivamente las consecuencia de la guerra civil y del franquismo para los colectivos de afectados.
 
Siguiendo la tónica revisionista imperante en la derecha y en buena parte de sectores de la izquierda surgida de los pactos de silencio e impunidad de la Transición, este editorial establece las acostumbradas «equidistancias» entre la República y los sublevados, entre las víctimas republicanas y las del bando rebelde, aplaudiendo la ausencia de cualquier compromiso de reconocimiento de la supremacía moral de quiénes defendieron al régimen constitucional que estaba instaurado en España el 18 de julio de 1936.
 
La redacción de este editorial del diario español más afín al PSOE, nos sirve de test para advertir que el «techo moral» del proyecto de ley aprobado, no atiende a reparar desde la justicia´, ninguna de las reivindicaciones planteadas al Gobierno por las asociaciones de Memoria Histórica.
 
Seguidamente insertamos nuestro comentario a cada uno de los párrafos del citado Editorial.
 
Comentario al Editorial de EL PAÍS 29 de julio 2006

Dice el texto (T):
«Víctimas por igual
Ha sido un acierto cambiar la inicial denominación de «Ley de la memoria histórica», pretenciosa por lo que tenía de intromisión en el campo de los historiadores.»
Comentario (C):
Al contrario: ha sido un gravísimo error interpretable únicamente en términos de cobardía política. Al recular el gobierno con la nueva denominación para la ley conocida como «de la Memoria Histórica», ya anuncia que las únicas medidas que se activarán serán de tipo administrativo y en ningún caso judiciales; es decir, que NO SE ANULAN las sentencias franquistas ni se deroga «el corpus legal» de aquel régimen totalitario. Consecuencia: los luchadores antifranquistas, las víctimas y los perseguidos del franquismo, continuarán siendo LEGALMENTE DELINCUENTES, por lo que no tendrán derecho a ejercitar su derecho a la REPARACION (p.e. devolución de multas y de bienes incautados)

(T)
«La nueva es más ajustada a la realidad y conceptualmente comprensible, aunque por desgracia bastante más proli­ja: ‘Ley de reconocimiento y extensión de los derechos a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura». Estable­cer con precisión el objeto de la ley, cuyo proyecto remi­tió ayer el Consejo de Ministros al Parlamento, no sólo facilitará el debate, sino hasta un posible consenso. Y ello a pesar de que el PP se apresurara a explicitar su rechazo e Izquierda Unida y otros grupos su decepción, especialmente por no anular de oficio los consejos de guerra del franquismo y dejarlo a opción de las víctimas, si bien con el expreso apoyo de la Administración.»
(C):
Un mínimo de 175.000 españoles fueron asesinados por el franquismo por haber defendido a la República o haberse opuesto al régimen franquista tras la guerra civil. Si 175.000 familias españolas presentaran en los juzgados una petición de ANULACIÓN si se aprobase esta Ley, se produciría un colapso del sistema judicial. Pero el gobierno sabe que eso no va a suceder, entre otras razones porque muchas de las víctimas no tuvieron descendencia o bien ésta se desvinculó al paso de los años de su recuerdo. Desde conceptos de moralidad pública ¿es justo que el Gobierno permita que mientras la inocencia de unas víctimas pueda ser reconocida oficial y legalmente por sentencia de un tribunal, las restantes queden para la historia tachadas como reos de los gravísimos delitos que falsamente les imputaron los fascistas?.

(T)
«La ley no plantea un debate sobre la naturaleza del franquismo. Eso queda para los historiadores.»
(C)
Pues eso es, precisamente, lo que la Ley debería de consagrar, no solo la naturaleza criminal del franquismo, si no la superioridad moral que inspiró el advenimiento de la República y de quiénes la defendieron tras el golpe de estado de 1936. Los historiadores -no los «revisionistas» que han terviversado los hechos para configurar la hagiografía de aquel régimen- ya han debatido y dictaminado condenando por antidemócrata al régimen de Franco y a quiénes lo sirvieron. Corresponde ahora al Estado, la solemne proclamación de la preeminencia de los valores republicanos, como antagónicos de lo que el franquismo consiguió instaurar por la fuerza, esa es la base argumental que debe general las propuestas de reparación. No se trata de medidas humanitarias, que es como se plantean, si no de estructa justicia.

(T)
«Además, los españoles disponen de medios para saber lo que fue aquel régimen, para una buena parte de ellos cruel y despiadado, que fusiló, depuró, despojó y excluyó social­mente a cientos de miles de compatriotas. Otros tienen una visión más complaciente.»
(C)
Claro: los vídeos, las revistas, las películas, las enciclopedias… ¿Cabe imaginar un comentario como este escrito en el BILD-Zeitung, el diario alemán de mayor tirada, admitiendo que el estado germano deba permanecer impasible abandonando a la ciudadanía la opción de ser informada a través de las bibliotecas o de los vídeos, de lo que el nazismo significó para ese país?. ¿No debería ser misión del estado español, promover las políticas educativas para que los jóvenes españoles y el resto de la sociedad civil se acerquen al conocimiento de lo que significó aquella etapa de nuestra historia en términos de didáctica democrática y para la reafirmación de los valores democrátivos?.

(T)
«Pero esa diferencia de opinión no debería existir sobre el tratamiento de las víctimas. Y más en concreto sobre el derecho de las víctimas del franquismo -las causadas por este régimen durante la Guerra Civil y a partir del 1 de abril de 1939- a que se las trate como lo fueron mucho antes las víctimas causadas en el bando republicano. Salvo que se piense que unas, las del bando vencedor, son de una calidad moral y humana superior a las del vencido. Pero no puede ser que existan en la España de hoy fuerzas políticas o sociales capaces de hacer esos distingos.»
(C)
Pues leyendo este editorial, sí lo parece. Y el PSOE es una de éllas.

(T):
«Ninguna de las medidas de la ley merece el reproche de que reabre viejas heridas. Más bien ayudan a cicatri­zarlas. ¿O no lo es facilitar la recuperación de restos de desaparecidos en fosas comunes para darles enterra­miento, recomendar a los ayuntamientos que aligeren sus callejeros de nombres llamativos de la represión franquista…»
(C):
La recuperación de los restos de las fosas comunes del franquismo, no es cometido de colectivos de voluntarios de fin de semana o vacaciones, ni de asociaciones voluntariosas, tal como viene siendo en la práctica. La legislación internacional a la que el estado español está sujeto, establece los protocolos legales obligatorios ya establecidos. Con esta Ley y las subvenciones ya aprobadas para las asociaciones exhumadoras, el estado comete un delito (sic), ya que hablamos de muertes como resultado de un CRIMEN contra humanidad, calificado así por tratados internacionales igualmente suscritos por España, que no prescriben. La práctica de exhumaciones sin intervención judicial, BORRAN las pruebas de los crímenes del franquismo y son ILEGALES.

(T):
«…o dar un uso a los monumentos más emble­máticos del franquismo, como el Valle de los Caídos, que sirva para consolidar la convivencia y no para fomentar la división del pasado?»
(C):
El proyecto de Ley contempla «recomendar» a las instituciones públicas autonómicas y locales a ·rabajar» el callejero franquista y a retirar los símbolos franquistas. ¡Qué clase de broma es esta! ¿Qué sentido tiene esta «recomendación», cuando la Ley 33/1981, actualmente en vigor, OBLIGA a ello Y NO SE CUMPLE? Sonroja comprobar el cinismo de quién ha redactado este texto. ¿Qué convivencia va a consolidarse si NADA sustancial cambia en la significación del Valle de los Caídos. El gobierno mintió cuando anunció recientemente que se elevaría un Memorial a las víctimas del franquismo; ¿qué ha pasado para que dé este paso atrás?, ¿qué nueva significación puede tener este monumento con este proyecto de Ley, si el mayor criminal de nuestra historia, sigue presidiendo aquel espacio mandado construir por él, junto al fundador de la Gestapo española?.

(T):
«La ley desecha la anulación de oficio de los consejos de guerra franquis­tas. El argumento de la cosa juzgada es endeble cuando se ha producido una ruptura jurídica -la Constitución de 1978- que supuso el enterramiento no sólo políti­co, sino legal, del franquismo.»
(C):
Según el mismo razonamiento del editorial de EL PAIS (acuñado por Ramón Jáuregui, «padre» intelectual de la decisión gubernamental de NO CONDENAR las sentencias franquistas), Pichonet y Videla, jamás habrían sido procesados, sin que bastase, en el primer caso, con la acción del juez Garzón. Para hacerlo, los gobiernos democráticos de Chile y Argentina, investidos de una gran valentía y dignidad, como los partidos políticos que los apoyaron, DEROGARON la «ruptura jurídica» (Jáuregui dixit) que supuso la «ley de punto final» y la de «obediencia debida», lo que permitió sentar en el banquillo, a estos dictadores, a sus regímenes, y a sus principales responsables. Aquellas dictaduras han sido ya condenadas DE DERECHO por ambos estados.

Pero, sin duda, habrá otros argumentos que el Gobierno tendrá que explicar para no abolir unos consejos de guerra que actuaron como órganos de represión política al servicio del régimen y llevaron a la muerte y a la cárcel a miles de combatientes del Ejército vencido y dirigentes de la República por el sólo hecho de haberla defendido.

El Gobierno no lo ha hecho y no lo va a hacer, porque tendría que explicar sobre qué bases jurídicas se asienta el actual sistema democrático español, con un Jefe del Estado designado por el dictador, que JAMÁS ha condenado al franquismo si no, por el contrario, solo ha tenido palabras de comprensión y respeto hacia él y cuya frágil legitimidad solo se sostiene en una constitución aprobada en 1978, con las tropas mandadas por los generales que ganaron la guerra con Franco acuarteladas, y expulsados del proceso constrituyente los partidos históricos republicanos y con una propaganda única y hegemónica que solo dejaba dos opciones: o democracia con monarquía, o franquismo sin Franco. Los españoles no fueron libres para elegir. Ese es el «quid» de la cuestión

Por todo ello, realizamos la siguiente DECLARACIÓN:

«Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945)» de la Región de Murcia, RECHAZA de plano el texto del proyecto de Ley propuesto por el gobierno socialista y se remite al documento presentado a éste por el Equipo Nizkor «La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas», suscrito por dieciocho asociaciones de Memoria Histórica como referencia de actuación jurídica para reparar todas las cuestiones pendientes en relación con el período descrito. La asociación insta al Gobierno a reconsiderar su propuesta que ha levantado en su contra la oposición generalizada de las asociaciones de Memoria Histórica y conmovido hasta la indignación a quiénes al inicio del «Año de la Memoria Histórica», confiaban en que un gobierno de izquierdas, devolvería la fé en la justicia a cuantos desde la muerte del dictador llevan esperando las reparaciones solicitadas.

Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945)
Región de Murcia
www.galeon.com/murcia1939