El trigo HB4, de la empresa Bioceres, es resistido en el campo y la ciudad por numerosos motivos. Uno de ellos es el patentamiento de la semillas. Mientras las multinacionales del agronegocio presionan para modificar leyes y cobrar regalías, organizaciones de productores, campesinos e indígenas defienden el derecho al uso propio de las semillas y alertan sobre la pérdida de biodiversidad y soberanía alimentaria.
Desde su aprobación, en 2020, la liberación del trigo transgénico HB4 generó preocupación, movilizaciones y denuncias judiciales por parte de diversos sectores sociales, que piden que se suspenda su venta y cultivo. Uno de los motivos es el proceso de autorización por parte del gobierno argentino, que violó la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente (25.675). Otro es el aumento de las fumigaciones con el herbicida glufosinato de amonio, que viene asociado al HB4, y que está prohibido en la Unión Europea por su alta toxicidad. Y un tercer motivo es el avance sobre la privatización de las semillas, un proceso que afecta la biodiversidad, la economía y, sobre todo, la capacidad de las comunidades de producir alimentos sanos y variados.