Traducido del ingles por Beatriz Morales Bastos
Hace más de tres años el Tribunal Internacional de Justicia (ICJ, por sus siglas en ingles) dictaminó que todos los Estados tienen la obligación de no ofrecer ayuda o asistencia para el mantenimiento de la situación creada por la construcción del Muro en los territorios ocupados de Cisjordania. En un reciente informe presentado a los donantes por el Banco Mundial se reiteraba que las restricciones absolutas de los movimientos de acceso a los territorios palestinos ocupados y dentro de estos impuestas por Israel, incluyendo del Muro, los checkpoints y el régimen asociado de políticas restrictivas y procedimientos administrativos, eran el principal obstáculo para la recuperación económica palestina (Two Years After London:
Restarting Palestinian Economy Recovery). Estas restricciones aíslan a los palestinos de sus tierras, les niegan el acceso a otras formas de empleo e impiden el comercio.
Los planes de desarrollo económico para los territorios palestinos ocupados anunciados por el enviado especial internacional del Cuarteto, Tony Blair, incluyen la construcción de parques industriales para proporcionar las muy necesarias posibilidades de empleo a los palestinos de Cisjordania. Se ha proyectado que el primero de estos parques industriales se construya en el checkpoint de Tarkumiyah al sur de Cisjordania. El plan Blair se anunció el mismo día que la Comisionada General de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Karen AbuZayd, advertía a los donantes que la implementación por parte de Israel de las nuevas restricciones al movimiento y acceso incluyendo seis «terminales» en Cisjordania podían llevar el año que viene a que se triplicara el coste de los suministros a los refugiados palestinos en los territorios ocupados, a una disminución aún mayor de la asistencia humanitaria y a una reducción en la calidad de los servicios.
La construcción de parques industriales en enclaves de Cisjordania, en la medida en que permiten a Israel mantener las restricciones al movimiento y acceso creadas por la construcción del Muro y el régimen asociado a él, infringiría el veredicto del Tribunal Internacional que conminaba a los Estados a no ofrecer ayuda o asistencia que contribuyera a mantener la actual situación ilegal creada por el Muro de Cisjordania. En otras palabras, los Estados que financien la construcción de estos parque también serían responsables de la situación ilegal creada por la construcción del Muro. Como señala el Banco Mundial, la manera más eficaz de reactivar la economía palestina es acabar con las restricciones absolutas a los movimientos dentro de los territorios palestinos ocupados y al acceso a estos, restricciones que hacen necesaria la construcción de unos parques industriales como el infortunada zona industrial de Gaza construida después de que Israel amurallara la franja de Gaza en los noventa .
Según se ha informado, otros planes de desarrollo examinados por el enviado especial del Cuarteto incluyen «proyectos de construcción exhaustiva de viviendas» en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la construcción de una nueva ciudad cerca de Ramala, para reasentar a los refugiados palestinos, un plan que recuerda a otro diseñado por la estadounidense Corporación Rand hace varios años. Aunque posteriormente Blair negara que se están estudiando estos planes, el discurso cuidadosamente elaborado del enviado especial acerca de la cuestión de los refugiados palestinos deja pocas dudas de que para él la solución principal al problema de los refugiados es reasentarlos en un Estado palestino. Cuando en una reciente entrevista se le preguntó por el derecho al retorno, Blair indicó que «una vez que se acepta la solución de los dos Estados, una vez que se interioriza realmente, las consecuencias en términos de la negociación primordial están muy claras» (Jerusalem Post, 8 de noviembre de 2007).
Cualquier solución a la ya muy antigua cuestión de los refugiados palestinos debe respetar los principios fundamentales de la igualdad y de la no discriminación. Entre los derechos que los Estados deben proteger y garantizar contra la discriminación están el derecho de todos los refugiados y personas desplazadas a retornar libremente a sus hogares de origen en condiciones de seguridad, el derecho a que se les devuelvan las propiedades de las que fueron privados en el curso del conflicto y a ser compensados por cualquiera de estas propiedades que no se les pueda devolver, así como el derecho a participar plenamente y en condiciones de igualdad en la vida pública a todos los niveles, a tener un igual acceso a los servicios públicos y a recibir asistencia para la rehabilitación. No existe ninguna razón por la cual los refugiados palestinos deban ser discriminados o tratados de manera diferente a los demás refugiados.
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