El próximo 24 de mayo se celebrarán elecciones municipales y autonómicas en el estado español. Unos comicios en los que el PP podría perder la mayoría que actualmente posee en algunas de las grandes capitales, como Madrid o Valencia, en favor de coaliciones «progresistas» o de izquierda. En esas circunstancias, y con la «regeneración» democrática […]
El próximo 24 de mayo se celebrarán elecciones municipales y autonómicas en el estado español. Unos comicios en los que el PP podría perder la mayoría que actualmente posee en algunas de las grandes capitales, como Madrid o Valencia, en favor de coaliciones «progresistas» o de izquierda. En esas circunstancias, y con la «regeneración» democrática como coartada, la formación conservadora se ha apresurado a lanzar una propuesta de reforma de la ley electoral, por la que la formación política más votada (se dice que con un límite del 40% y una diferencia del 5% respecto a la segunda fuerza en sufragios) accedería directamente a la alcaldía.
En el estado español hay actualmente 78 ciudades con más de 100.000 habitantes o que son capitales de provincia. En el 90% de los casos, según InfoLibre, ya gobierna la lista más votada. Otra cuestión es la congruencia de la medida con la actuación del PP en diferentes coyunturas. En las elecciones municipales de 1991, el PSOE fue la formación más votada en Sevilla, con 108.000 votos (38,57%) y 12 concejales. Para impedir que se alzara con la jefatura del consistorio, el Partido Popular (8 regidores) formó coalición con el Partido Andalucista (9 concejales) y dio la alcaldía a Alejandro Rojas Marcos (PA). También en las municipales de 1991 el PSOE ganó en Valencia con el 37,3% de los votos (13 concejales), pero Rita Barberá (PP) se hizo con la alcaldía apoyándose en Unión Valenciana. El PP obtuvo algo más de 95.000 votos (9 regidores) y UV, 80.500 votos (8 concejales).
El autor de este artículo ha contactado con varios politólogos y activistas para que opinen sobre la reforma que propone el PP. A juicio de Manolo Monereo, miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida, la iniciativa camina en el sentido político dominante hoy: «una democracia oligárquica y limitada, que tienda a separar la política de los ciudadanos y tecnocratizarla». La reforma planteada, añade, «es inconstitucional, como lo era la Ley D’Hondt, ya que apunta contra el principio de proporcionalidad del voto». El contexto de la reforma, según el autor de «Por Europa y contra el sistema euro», es una democracia «crecientemente autoritaria, desligada de la población y al servicio de los caciques». ¿Por qué de los caciques? «La idea que llevan no se puede entender sin la nueva Ley de Régimen Local, que defiende el poder del caciquismo y las fuerzas fácticas de cada municipio».
Sobre el momento en el que se plantea la modificación de la ley, el politólogo sostiene que el PP «está muy asustado con la irrupción de Podemos y la posibilidad de que irrumpan mayorías ciudadanas fuertes». Aun así, la cuestión de fondo, para Monereo, tiene mucho que ver con el rol del PSOE. «Los poderes fácticos están dudando en si lo dejan caer». El partido socialista, «que servía para evitar alternativas de izquierda, se encuentra actualmente en un emparedado entre el PP y, por otro lado, las fuerzas democrático-populares». En otros términos, «el PSOE necesita para seguir adelante el apoyo de los poderes fácticos, pues de lo contrario -como señalan las encuestas- será superado por Podemos». Como vía de emergencia, «han colocado a Pedro Sánchez».
En cuanto a los precedentes, el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, Albert Noguera, explica que hay países donde, aunque no se prohíben las coaliciones post-electorales, se establece un sistema donde el partido más votado obtiene un «bonus extra» de escaños que le permite tener la mayoría absoluta. Un ejemplo es la ley italiana de 1993, sobre todo respecto a los municipios con menos de 15.000 habitantes. La consecuencia de esta ley, explica Albert Noguera, es que el candidato a alcalde con mayoría relativa de votos obtenía una mayoría de dos tercios en el consejo comunal, «lo que impedía en la práctica cualquier coalición contra éste y le aseguraba los cuatro años de gobernabilidad». «Ello es la causa de que en Italia haya sido muy común la conformación de grandes coaliciones pre-electorales de partidos para presentarse a las elecciones», destaca el autor de «La igualdad ante el fin del estado social».
En un análisis inmediato, explica el docente, «el potencial de fragmentación del voto es mucho más elevado en el espacio que va del centro a la izquierda, donde el voto del PSOE se ha dividido (PSOE, Podemos, IU…), que en el que va del centro a la derecha, copado íntegramente por el PP». Añade Noguera que con el proyecto de reforma, aunque el PP perdiera votos en ayuntamientos importantes, como Madrid o Valencia, podría conservarlos, «pues se impiden coaliciones anti-PP que les puedan desbancar». A la vez, el PP podría recuperar ayuntamientos gobernados por bipartitos o tripartitos de centro-izquierda. Y, a medio plazo, se blindaría de pequeñas agrupaciones ciudadanas necesarias para formar mayorías (muchas veces formadas por antiguos miembros del PP), tránsfugas o mociones de censura. Pero el politólogo advierte de posibles sorpresas: «antes de las elecciones generales italianas de 2006, Berlusconi impulsó una reforma electoral que establecía bonos de mayoría; no obstante, sus previsiones no se cumplieron, y terminó consiguiendo menos escaños -tanto en la cámara de diputados como en el senado, que la coalición de centro-izquierda».
¿Por qué ahora y con qué objetivos? Según Íñigo Errejón, portavoz de Podemos, la reforma es «el cierre defensivo de un jugador asustado que quiere cambiar las reglas a mitad del partido. Para la oligarquía española las elecciones municipales están cargadas de un recuerdo constituyente que les inquieta». Añade el politólogo que una parte del PP y del gobierno «confían en aguantar el desgaste electoral mientras éste sea mayor en el PSOE; cerrar este ciclo político-electoral manteniendo el poder aún a costa de dinamitar los equilibrios del viejo sistema de partidos -al que algunos pueden dar ya por amortizado- y conducir el programa de ajuste hasta que puedan ofrecer algunas mejoras a los sectores medios, dentro de un proceso de transformación oligárquica del país y efecto disciplinador de la pobreza y la desestructuración».
En cuanto a los antecedentes del proyecto, recuerda Íñigo Errejón que durante la regencia de María Cristina, en 1840, se ensayó una reforma similar, que pretendía una designación central de los alcaldes -similar al efecto mayoritario inmediato que en la práctica tendría esta reforma- «y que terminó haciendo saltar por los aires el mapa municipal y con la regente exiliándose». Así pues, «la reforma introduce un elemento presidencialista en las elecciones municipales». Además afirma que estamos «ante un ciclo político-electoral decisivo». Mientras las dos principales fuerzas del régimen del 78 se desgastan, «diferentes fuerzas por el cambio siguen en ascenso pese a la campaña de hostigamiento -y, en particular una, con voto procedente del orden, que es lo más relevante-«. Las elites -«obligadas a adoptar posiciones defensivas»- «juegan a que la tormenta pase» y a «devolver la discusión al tablero viejo, que les garantiza a ellas la centralidad y colocan a los que protestan a sus márgenes». Por último, destaca que, como siempre ocurre, la mitad de la batalla «se ganará conformando el terreno y los términos de la disputa, esta vez a la ofensiva».
La iniciativa del PP no constituye un ejemplo tan extraño. Según el profesor titular de Ciencia Política de la UNED, Jaime Pastor, hay ejemplos en países vecinos, como Francia o Italia, donde bajo distintas fórmulas (dos vueltas, voto por separado, prima para el primero…) se favorece al partido más votado. Con estos procedimientos, se trata de favorecer un modelo mayoritario y presidencialista que garantice la «gobernabilidad» del municipio, en detrimento de la representatividad plural del ámbito local, en muchos casos mayor de la que se da en unas elecciones legislativas, explica. ¿Por qué ahora? «La principal razón está en su análisis de los resultados de las elecciones europeas y de los posteriores sondeos con la constatación de que la suma total de fuerzas contrarias al partido de Rajoy, incluso sin el PSOE, podría suponer que éstas llegaran a gobernar en muchas ciudades, algunas especialmente emblemáticas. Esto abriría sin duda unas perspectivas de cara a las próximas elecciones generales de derrota para el PP y de crisis de régimen».
Otra pregunta, ¿Qué pretende Rajoy? Según Jaime Pastor, «sin ni siquiera llegar a un consenso con el PSOE, dar un nuevo paso adelante en la «autorreforma» del régimen en un sentido más autoritario y monopartidista. Busca así, además, frustrar las expectativas que se han abierto de iniciar a partir de mayo un proceso destituyente del régimen, por lo que en caso de que finalmente se lleve a cabo esta reforma, obligará con mayor razón a las fuerzas rupturistas a promover candidaturas de unidad popular que generen la ilusión necesaria en ganar los pueblos y las ciudades para la gente, y no para los partidos corruptos del régimen».
Por último, el portavoz del Frente Cívico, Héctor Illueca, opina que la reforma electoral del PP constituye «una clave explicativa del cierre oligárquico que se viene produciendo desde los resultados electorales del 25 de mayo». En ese contexto, «las elecciones europeas han puesto de manifiesto el ascenso y la irrupción de fuerzas políticas comprometidas con una salida democrática a la crisis, lo que evidencia el derrumbe del bipartidismo que algunos sondeos anticipaban». Illueca traza el paralelismo con la reforma constitucional impulsada por De Gaulle en Francia, en 1958 (en un contexto de grave crisis política por la guerra colonial): «inmediatamente después de alcanzar el poder, De Gaulle apadrinó una nueva constitución que abolía el sistema electoral proporcional y lo sustituía por un sistema mayoritario con el fin de reducir la influencia del Partido Comunista Francés, que había obtenido el respaldo de una cuarta parte del electorado. La reforma transformó radicalmente la vida política del país y el Partido Comunista se quedó prácticamente sin representación parlamentaria en las siguientes elecciones. La maniobra de De Gaulle consiguió compactar el espectro político en el centro del tablero, alejando definitivamente el fantasma de una ola de cambio que planeaba sobre Francia desde el final de la II Guerra Mundial».
El portavoz del Frente Cívico insiste en el siguiente punto: «el Partido Popular se sabe perdedor en las próximas elecciones municipales y busca un escenario previo a las votaciones en el que afloren las tradicionales disensiones de las fuerzas democráticas: prejuicios ideológicos, anticomunismo, interpretaciones jactanciosas de las tendencias electorales…La reforma electoral es una apuesta por nuestra incapacidad para alcanzar acuerdos programáticos y constituirnos en alternativa política a partir de una candidatura unitaria, plural y participativa. En un sistema mayoritario como el propuesto, la división del bloque democrático implica una derrota segura y es la mejor garantía de éxito del Partido Popular. Las fuerzas comprometidas con la ruptura democrática deberían reflexionar sobre esto, dejar de lado sus diferencias y hacer un esfuerzo de unidad que anteponga los intereses de la mayoría social a cualesquiera otros». «Es probable que no haya otra oportunidad», concluye.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.