Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos.
La semana pasada hubo un ataque brutal y cruel contra una familia que dormía en su casa en Gaza. En el ataque murieron el marido y la mujer, y sus cuerpos destrozados quedaron esparcidos por la calle. El bombardeo que hubo a continuación mató a 34 personas, incluida una familia compuesta de ocho personas. El hecho de que todo esto lo hiciera un miembro destacado de la industria mundial del diamante ilustra de forma rotunda la magnitud del fraude que perpetra esta industria al afirmar que está «libre de conflictos».
Pocas personas saben que los diamantes son el principal producto manufacturado de Israel, una «piedra angular» de su economía. Según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, esta economía «genera el 88 % del vasto presupuesto de seguridad que financia a las Fuerzas de Defensa de Israel [el ejército] y a [ las agencias de seguridad ] Mossad y Shin Bet«.
El Jerusalem Post señala que «Israel factura unos 28.000 millones de dólares en diamantes al año. El valor de los diamantes exportados es tan significativo (aproximadamente una quinta parte del total de las exportaciones industriales) que el gobierno informa de sus cifras sin diamantes para asegurar que las gemas no distorsionan los valores».
Los miembros del organismo regulador del diamante, el Proceso de Kimberley (PK)*, se reúnen durante toda esta semana en Nueva Delhi para concluir un período de tres años de revisión y reforma destinado fundamentalmente a ampliar la definición de «diamante conflictivo» con el fin de prohibir los diamantes relacionados con violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales. Es indudable que este intento va a fracasar. No se ha presentado ni una sola moción para prohibir los diamantes de sangre que entran en la cadena de suministro a partir del sector minero.
A pesar del derramamiento de sangre, de la violencia y de las armas nucleares no reguladas que se financian gracias a estos ingresos, la industria joyera afirma descaradamente que los diamantes procesados en Israel tienen un origen responsable y están libres de conflictos. Dado el apoyo político, financiero y económico incondicional que Estados Unidos, la Unión Europea, India, Canadá y Australia dan a Israel, y dada la influencia que estos países tienen en el PK, ninguno de ellos va a permitir que este organismo prohíba los diamantes de sangre de Israel puesto que hacerlo supondría firmar una sentencia de muerte para la principal industria manufacturera de Israel.
La industria joyera también quiere mantener firmemente cerrada esta Caja de Pandora. Israel es un actor fundamental en la cadena de suministro de diamantes. A menos que las corporaciones y empresas se vean forzadas por la presión de las personas consumidoras, no cortarán sus relaciones con la industria del diamante de Israel sin las instrucciones de organismos internacionales como PK o la ONU y esto no va a ocurrir dada la impunidad de la que goza y se aprovecha Israel.
Lo dejó claro el presidente de Anglo American, Stuart Chambers, en la reunión general anual de la empresa celebrada en Londres el pasado mes de abril. Cuando le pregunté por qué De Beers y Forevermark siguen comerciando con empresas en Israel que generan ingresos que se utilizan para financiar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, afirmó: «Por supuesto, como empresa siempre vamos a respetar, como es de esperar, a la comunidad política a la hora de juzgar a Estados nacionales o a países donde se considera que han hecho algo que la comunidad internacional no acepta, y entonces estarían sujetos a medidas internacionales, incluidos posibles embargos comerciales. Por supuesto, donde ocurra esto nosotros, como empresa internacional, tendremos que tenerlo en cuenta y acatarlo. Pero nosotros, como empresa, no podemos juzgar políticamente algo que es muy difícil conocer en profundidad hasta que la comunidad internacional no lo haya decidido».
Así pues, Anglo American trata de eximirse [de responsabilidades] formulando esta cuestión como un problema político y no como una cuestión de derechos humanos y de fraude corporativo.
De Beers y Forevermark venden diamantes tallados en Israel y afirman que son 100 % libres de confictos a pesar de que esta industria supone una importante fuente de ingresos (1.000 millones de euros al año) para un régimen culpable de violaciones derechos humanos. De hecho, las empresas sightholders** de De Beers ABT Diamonds Ltd y la empresa de Steinmetz Group, Diacore, financian directamente al ejército israelí. Desde que esto se planteó en la reunión general anual de Anglo American celebrada en abril se ha retirado del acceso público la página web que lo confirma en la web de De Beers, aunque aquí se puede ver un archivo de la misma. ABT y su propietario «han hecho importantes contribuciones al ejército israelí».
La Fundación Steinmetz «adoptó» a una unidad de la tristemente célebre Brigada Givati. Esta unidad del ejército israelí fue responsable de la masacre de la famila Samouni en Gaza, un crimen de guerra documentado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) y otras organizaciones de derechos humanos. Diacore elabora los diamantes Forevermark que a menudo adornan a las estrellas de los más prestigiosos eventos de la alta sociedad en todo el mundo.
Foto: Esta página ha sido eliminada de la web de la Fundación Steinmetz [en la que se afirma que la Fundación ha adoptado a la Brigada Givati y que «durante la Operación Plomo Fundido contra Gaza la Fundación ayudó a la Brigada a comprar equipo complementario además de visitar y cuidar a los soldados heridos»]
Los gobiernos que se benefician del comercio de diamantes han controlado el PK desde sus inicios. En vez de prohibir todos los diamantes de sangre, limitaron el alcance de las regulaciones del PK a los «diamantes de conflictos», que se definen de forma parcial como «diamantes en bruto utilizados por movimientos rebeldes o sus aliados para financiar conflictos destinados a derrocar los gobiernos legítimos».
Se concedió carta blanca a los diamantes de sangre, tanto en bruto como pulidos, que financian las violaciones de los derechos humanos realizadas por fuerzas gubernamentales y siguen siendo totalmente legales. Esto supuso un gran logro para la industria ya que mantuvo la atención de los medios de comunicación y del público centrada en los «diamantes de conflictos» y alejada del sector de diamantes tallados y pulidos de alto valor, que oculta un comercio de diamantes de sangre cuyo valor supera los 10.000 millones de dólares al año.
El Consejo Mundial del Diamante (WDC, por sus siglas en inglés), que representa a todos los sectores de la cadena de suministro de diamantes desde la mina hasta el mercado, se movilizó para cubrir la evidente laguna en las regulaciones del PK mediante la introducción de un falso Sistema de Garantías (SOW, por sus siglas en inglés). El Consejo Mundial del Diamante afirma que su Sistema de Garantías «extiende la eficacia del PK más allás de la importación y exportación de diamantes en bruto», una afirmación que es totalmente falsa.
Utilizando el Sistema de Garantías, los vendedores pueden declarar «libres de conflictos» los diamantes de sangre que no financian la violencia rebelde simplemente incluyendo en cada factura una declaración impresa a tal efecto. Los joyeros dicen a los clientes que el PK y el Sistema de Garantías garantizan que un diamante está libre de conflictos, lo cual es otra flagrante mentira.
Por supuesto, nunca se ha definido el término «libre de conflictos». Cecilia Gardner, exconsejera general del Consejo Mundial del Diamante afirmó al respecto: «Por lo que s e refiere al término «libre de conflictos», bueno, es una afirmación tan vaga que carece de verdadero significado«.
Los promotores del PK ponen de relieve la cooperación integral entre gobiernos, industria y la sociedad civil que facilita la estructura tripartita del organismo, lo cual también es un enorme engaño. Los gobiernos implicados se guían por lo que acuerde el Consejo Mundial del Diamante, que fue quien creó el esquema original del PK y quien presentó la última propuesta, que sigue limitando la competencia del PK a los diamantes en bruto del sector minero.
La limitada Coalición de la Sociedad Civil del PK (KP CSC, por sus siglas en inglés), que se supone representa los intereses de la sociedad civil, actualmente no es más que una fachada. Global Witness, Impact Transform y otros se han retirado del PK. Amnistía Internacional y Human Rights Watch declinaron adherirse y han publicado informes extremadamente críticos con el hecho de que el PK no haya prohibido los diamantes que financian la violencia gubernamental.
IPIS Research, una ONG supuestamente independiente con sede en Amberes y que en 2018 tuvo un presupuesto superior a 1.4 millones de euros, dirige actualmente la KP CSC. Cuando les pedí un desglose de sus fuentes de financiación, me remitieron a su Informe Anual 2018, que en realidad no ofrece ningún detalle de este tipo. La página web de IPIS señala que recibe financiación estructural de varios organismos gubernamentales belgas. También recibe financiación de agencias de la Unión Europea y de otros organismos en nombre de los cuales IPIS lleva a cabo sus investigaciones.
A cualquier organización que no se financie de forma independiente le puede resultar difícil morder la mano que la alimenta y esto es especialmente cierto para IPIS, puesto que Amberes es uno de los principales centros de comercio de diamantes del mundo.
Los demás miembros de la KP CSC son grupos locales y con pocos recursos de la sociedad civil de países de África afectados por la minería de los diamantes. Su participación está financiada de forma voluntaria por miembros del PK.
A pesar de que el pueblo palestino es la mayor víctima de la industria del diamante, no hay una sola voz en el KP CSC que lo represente. Según el KP CSC, los diamantes que financian la destrucción de sus cuerpos, el desgarro de sus miembros, sus encarcelamientos sin juicio, la demolición de sus casas, el bombardeo de sus hospitales, escuelas, bibliotecas, teatros, plantas de tratamiento de agua y alcantarillado, centrales eléctricas y otros servicios cívicos vitales no son diamantes de sangre.
No hay que examinar minuciosamente el último informe de la Coalición, Real Care Is Rare, para descubrir sus limitaciones. La frase con la que se abre su resumen ejecutivo anuncia los límites que la coalición no osa traspasar: «violaciones brutales de los derechos humanos, incluidos asesinatos, torturas y violencia sexual […] en determinadas zonas de minas de diamantes […]» (la negrita es nuestra). Resulta demasiado complicado rastrear los diamantes de sangre en la cadena de suministro a partir de las minas.
El informe se refiere a los diamantes de sangre como «aquellos diamantes obtenidos utilizando una violencia grave, independientemente de quién sea el autor» (la negrita es nuestra). Sin embargo, al parecer no se considera que los diamantes que financian «una violencia grave» sean diamantes de sangre.
El informe del KP CSC enumera los sospechosos habituales en el extremo minero de la cadena de suministro: Zimbabue, Angola, Sierra Leona, Tanzania y Lesotho, a los que la industria somete a escrutinio público, pero no tiene nada que decir acerca de Israel. Y a pesar de ello, en 2018 Israel exportó diamantes en bruto por valor de 2.9 00 millones de dólares, dos veces el valor combinado de todos los países africanos antes mencionados juntos. Según un grupo de supervisión de la ONU, en 2018 Israel también mató a 295 personas palestinas e hirió a otras 29.000. El informe del KP CSC omite convenientemente estos escandalosos hechos.
El KP CSC es una colación cautiva integrada por el Consejo Mundial del Diamante y gobiernos que lo necesitan para dar al PK un barniz de responsabilidad pública. Es más que absurdo que quienes se benefician de los diamantes de sangre tengan derecho a veto acerca de la reforma del sistema. Esta es la situación existente en el Consejo Mundial del Diamante y el PK.
Cuando en 2015 el Consejo Mundial del Diamante trató de ampliar la definición de «diamantes de conflictos», Shmuel Schnitzer, que entonces era presidente de la Bolsa de Diamantes de Israel y tío de Dan Gertler, sancionado por la Ley Magnitsky, bloqueó la reforma porque «sería desastroso […] sobre todo para Israel».
El PK es un claro ejemplo de captación corporativa. La industria del diamante ha utilizado su influencia política y económica para neutralizar los intentos de la sociedad civil de acabar con el comercio de los diamantes de sangre. No obstante, por medio de la presión de las personas consumidoras la sociedad civil puede acabar con esta sangrienta industria. Del mismo modo que se ha acabado con el comercio de esclavos, con el de marfil y el de pieles en gran parte debido al rechazo público de esas empresas inhumanas, lo mismo ocurrirá con la sangrienta industria del diamante.
Notas de la traductora:
* Según Wikipedia, el sistema de certificación del Proceso de Kimberley (KPCS, pos sus siglas en inglés) «es un sistema de certificaciones diseñado para evitar que los diamantes conflictivos entren en el mercado de los diamantes. […] Surgió de una reunión de los Estados productores de diamantes de África en la ciudad de Kimberley, Sudáfrica, en mayo del 2000. En diciembre del 2000 las Naciones Unidas elaboró una resolución para la creación de un sistema de certificación que garantizara que los diamantes no habían sido vendidos para financiar guerras civiles. En noviembre del 2002 el KPCS se pactó entre los países productores y compradores de diamantes y compañías que se dedicaban a la producción de diamantes, entre las que destaca De Beers y World Diamond Council».
** Las empresas «sightholder» son aquellas que figuran en la lista de De Beers Global Sightholder Sales (DBGSS) de compradores autorizados de diamantes en bruto.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.