El 21 de mayo se produjo la última reunión para buscar un acuerdo político para la resolución del conflicto, dentro de los encuentros PSOE-Batasuna y ETA-Gobierno español celebrados en plena campaña electoral. En una ciudad europea, con el Ejecutivo del país como anfitrión, se sentaron frente a frente sendas delegaciones de Batasuna y del PSOE. […]
El 21 de mayo se produjo la última reunión para buscar un acuerdo político para la resolución del conflicto, dentro de los encuentros PSOE-Batasuna y ETA-Gobierno español celebrados en plena campaña electoral. En una ciudad europea, con el Ejecutivo del país como anfitrión, se sentaron frente a frente sendas delegaciones de Batasuna y del PSOE. El acuerdo no fue posible y esa circunstancia fijó el final del ciclo negociador.
Los días 14, 15 y 16 de ese mismo mes, dentro de la misma ronda de negociación, se habían producido otros encuentros entre ambas delegaciones, y también, de forma prác- ticamente simultánea y en el mismo lugar, entre representantes de ETA y del Gobierno español. En todos estos casos, hubo en calidad de observadores una muy destacada presencia internacional: dos gobiernos europeos relacionados con conflictos políticos y su resolución -ninguno de ellos era el del país anfitrión- y una organización política de una nación europea que ha sufrido también un conflicto político y armado. Junto a todos ellos, el organismo internacional que en todo el proceso de negociación entre ETA y el Gobierno ha actuado como mediador.
En las reuniones entre Batasuna y el PSOE, la primera puso sobre la mesa su propuesta de autonomía de cuatro territorios con derecho a decidir. El PSOE sólo llevó como material escrito la propuesta que presentó inicialmente en las conversaciones de Loiola de octubre-noviembre de 2006. Ni siquiera echó mano de los borradores que habían suscitado un primer acercamiento en el santuario guipuzcoano.
En el transcurso de las reuniones, los representantes del PSOE sí esbozaron en una pizarra -al parecer, improvisadamente- una hoja de ruta para llegar a un nuevo marco, en principio asumible para la izquierda abertzale. El organismo internacional de intermediación y el representante de uno de los gobiernos presentes en los encuentros redactaron la propuesta. La sorpresa saltó cuando los proponentes se echaron atrás y dijeron que, al poner negro sobre blanco lo garabateado en la pizarra, se habían favorecido los planteamientos de la izquierda abertzale. La posición más definida del PSOE fue la de condicionar el acuerdo al compromiso de ETA de respetar el alto el fuego y retirar la posibilidad de respuesta armada.
El mismo objetivo inspiró a la representación del Gobierno español en la otra mesa, que definió estos encuentros, así como todos los posteriores al coche-bomba de la T4, como un intento para reiniciar el proceso, que calificó de roto. Después de la explosión de la T4, se produjo una reunión los días 30 y 31 de marzo, marcada por el atentado y por la situación de ilegalidad en la que iba a concurrir la izquierda abertzale a las elecciones.
Desde aquel encuentro y en los posteriores, ETA insistirá en la necesidad de establecer una estrategia común y en que la otra mesa cierre un acuerdo político. Ambas partes se volverán a reunir el 1 de mayo, apenas quince días antes del último gran intento, en el que se daría por acabada la negociación. Ya entonces, ETA quiso entregar a la representación de Zapatero una propuesta global. Además de abordar la cuestión de las garantías para propiciar la distensión bilateral, el plan proponía que el acuerdo político entre los partidos vascos se firmase después de las elecciones, con los contenidos establecidos al inicio del proceso, lo que llevaría a un marco jurídico-político para los cuatro territorios y el reconocimiento al derecho a decidir. Un acuerdo que se desarrollaría e implementaría en la legislatura española que finaliza en 2012. El Gobierno se negó a recoger la propuesta, al considerar que tras la acción de Barajas no se podía negociar.
En la ronda realizada a mediados de mayo (con las dos mesas reuniéndose en el mismo lugar), los representantes del Ejecutivo español, aun afirmando que había que explorar avances en la «mesa política» y en la «mesa técnica», insistieron en demandar garantías a ETA sobre el alto el fuego. Ésta se reafirmó en sus compromisos, y en un momento dado entregó un documento en el que los concretaba más, «en el marco de la ratificación de los acuerdos, distensión bilateral y el desarrollo del proceso de negociación». Ante los observadores internacionales, ETA se comprometía a mantener el alto el fuego y a expresar públicamente la anulación de la posibilidad de respuesta armada. Además, «en el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso de resolución», mostraba su «compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares», así como su disposición «para la creación de una Comisión Internacional de Verificación de los compromisos adquiridos por el Gobierno español y ETA. Dicha Comisión Internacional -decía su texto- será la encargada de determinar el carácter de los incidentes y accidentes que pudieran ocurrir durante el proceso y velará por el cumplimiento de los acuerdos».
El Gobierno, que se negaba a pactar un escenario político final determinado, llegó a hacer un planteamiento sobre sus garantías que, realmente, las hacía desaparecer. A diferencia de los acuerdos ya suscritos, esta posición hacía prácticamente imposible la ausencia de detenciones, al indicarse, por ejemplo, que «no hay garantías frente a órdenes internacionales que ya están en marcha». Tampoco se pararían los juicios y en política penitenciaria se contemplaría flexibilizar las medidas y legislación de este ámbito «en fases avanzadas del proceso de paz». En una primera etapa sí planteaba el acercamiento a las cárceles vascas, «o limítrofes por falta de espacio», y dar respuesta a situaciones como la de los presos enfermos. En cuanto a las salidas de prisión, se podría definir la pretensión española con una comparación: si esos criterios se hubiesen aplicado en el caso irlandés, los prisioneros políticos de la isla no habrían salido hasta hace dos días.
La intervención de ETA fue contundente: «El planteamiento expuesto por la representación del Gobierno no es de proceso de paz, sino un declaración de guerra». Para ETA, que hizo notar la diferencia existente entre los compromisos que estaba dispuesta a adoptar y la posición del Gobierno, «la filosofía de un alto el fuego debe ser que las partes que han estado en conflicto desmonten su maquinaria de guerra para desarrollar el proceso de resolución». ETA preguntó si el Gobierno se reafirmaba en las garantías establecidas en los compromisos previos, aquellos que posibilitaron el alto el fuego, a lo que el Gobierno respondió que sí, pero matizando que «las circunstancias han cambiado».
La disposición de ETA, sin embargo, había achicado espacios al Ejecutivo, al que la organización armada instaba a definir «cuáles son los mecanismos que está dispuesto a poner». Ante ello, y ante las preguntas de los mediadores, la parte española propuso posponer la reunión al día 21, alegando que había presión («amenaza de bombas y ruptura»). La organización armada denunció las «mentiras» del Gobierno, porque «ETA no ha dicho que va a romper el alto el fuego». Achacó mala fe al Ejecutivo, al que acusó de efectuar maniobras de dilación y de no concretar ni escribir propuesta positiva alguna.
Así las cosas, ETA se negó a volver a reunirse con Madrid y comunicó que sólo si en el encuentro entre Batasuna y el PSOE -Batasuna sí accedió a esperar al 21- se cerraba un acuerdo político entendería que había condiciones para desarrollar el proceso y mantendría sus garantías. El encuentro entre las dos fuerzas no dio frutos, y ETA, libre de sus compromisos, manifestó a los observadores que «el enfrentamiento armado será inevitable». Quince días después, el 5 de junio, hizo público el final del alto el fuego.