El reconocimiento de los derechos laborales y sociales de las trabajadoras del sexo sigue siendo una tarea pendiente y más necesaria que nunca. Algunos rasgos negativos que empezaban a despuntar hace unos años se han exacerbado considerablemente y ha empeorado la situación de las prostitutas, sobre todo de las más vulnerables, las que captan a […]
El reconocimiento de los derechos laborales y sociales de las trabajadoras del sexo sigue siendo una tarea pendiente y más necesaria que nunca. Algunos rasgos negativos que empezaban a despuntar hace unos años se han exacerbado considerablemente y ha empeorado la situación de las prostitutas, sobre todo de las más vulnerables, las que captan a su clientela en las calles, parques, polígonos industriales o carreteras nacionales.
El Plan contra la Esclavitud Sexual, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2004 y avalado por la señora Ana Botella, ha sido devastador para quienes contactan con sus clientes en las calles y parques. Este tipo de planes, a pesar de su demostrada inutilidad, no sólo no han cesado sino que han servido para que otras corporaciones municipales emprendan el mismo camino.
El acoso policial a las mujeres es permanente y va acompañado de insultos, humillaciones y amenazas, con coches policiales que aparcan justo en los lugares donde se ejerce con la sana intención de que no se acerque un solo cliente, con el perjuicio económico para las mujeres que tienen restringido, por tanto, el acceso a los clientes y al dinero de éstos, su fuente de ingresos.
Este hostigamiento policial ha traído consigo la dispersión de las mujeres, que se han trasladado en busca de nuevos lugares donde ejercer. La dispersión también ha imposibilitado el trabajo de las asociaciones que nos interesamos por ellas para conocer cuáles son sus necesidades y reivindicaciones. El trabajo de formación en líderes y la autoorganización de las mujeres son incompatibles con el acoso y la excesiva movilidad.
También reciben presión las pensiones y locales donde se ejerce la prostitución en la zona centro de Madrid, con coches policiales aparcados durante horas y horas frente a los mismos, con la única intencionalidad de «espantar» a los clientes e impedir trabajar a las mujeres. Se han intensificado asimismo las detenciones y deportaciones de prostitutas inmigrantes en situación administrativa irregular; a quienes se persigue con mucha más fiereza que a cualquier otra persona extranjera en su misma situación. Al fin y al cabo son putas «y hay que hacerlas desaparecer de las calles».
Por otro lado, se persigue arbitrariamente a los clientes, disfrazando esta persecución bajo la forma de controles de alcoholemia o infracciones de tráfico en las zonas donde se ejerce la prostitución; multas «por actos deshonestos» en la vía pública; amenazas de envío de las multas a domicilios particulares o incluso a las empresas, etc… [1]. El dinero público se gasta en campañas que «demonizan» al cliente y le responsabilizan directamente de la existencia de trata de seres humanos.
Nos preocupa además que este hostigamiento esté generando un crecimiento de pequeñas mafias y chulos que florecen precisamente cuando la situación en la calle se hace más difícil (hasta no hace mucho la mayoría de mujeres se las apañaban por sí mismas para trabajar, la figura del chulo entre las españolas había desaparecido por completo en nuestro país) y los lugares donde ubicarse para ejercer escasean (esta situación también lleva aparejados enfrentamientos entre las propias prostitutas, agobiadas por la situación).
El Ayuntamiento, gobernado por Ruiz Gallardón, nunca ha contemplado a las prostitutas como ciudadanas con iguales derechos que el resto, nunca ha sido posible negociar, en pie de igualdad con los vecinos y comerciantes, qué hacer con las zonas donde se ejerce la prostitución y replantearse la gestión del espacio urbano contemplando los intereses de todos los agentes sociales. Las prostitutas desearían poder trabajar tranquilas en espacios donde se les garantizaran ciertas condiciones y evitar molestias a la ciudadanía.
En estos últimos años han empeorado las condiciones de las inmigrantes. Muchas de ellas no pudieron legalizar su situación como trabajadoras sexuales autónomas en la última regularización llevada a cabo por el Gobierno socialista. Eso sí, el aumento de la presencia de inmigrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de planteamientos abolicionistas, que definen la prostitución como «violencia de género» y por tanto como algo a erradicar, sin tener en cuenta que esta visión arrastra mayores políticas de hostigamiento hacia las mujeres, sin ofrecer alternativas sociales viables a cambio.
La trata de seres humanos
Desde Hetaira pensamos que el Gobierno ha de garantizar los derechos vulnerados de las mujeres que en algún momento han ejercido la prostitución en contra de su voluntad. Pero las proclamas grandilocuentes no sirven, sirven los hechos. Las medidas de protección existentes hoy en día son claramente insuficientes. La ley de testigos protegidos aplica los beneficios para las víctimas a modo de «contraprestación» (facilitar información que las fuerzas de seguridad evalúen como «importante») y no como medidas de «protección» (tal y como recomienda la ONU). Es más, en ocasiones las víctimas son
- Ilustración: Paula Cabildo
tratadas como delincuentes. Casi todo el mundo recuerda redadas policiales, retransmitidas por las propias fuerzas de seguridad del Estado en televisión, en donde las cámaras siempre enfocan a las mujeres, nunca a los proxenetas.
El Gobierno socialista se comprometió a poner en marcha el Plan de Acción contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. El borrador de dicho plan contiene aspectos más que problemáticos. En primer lugar, sólo se dirige a la «explotación sexual», pero obvia otras formas de trata de seres humanos (explotación laboral en talleres clandestinos, el servicio doméstico o los matrimonios forzosos); es decir, no pone en primer término los Derechos Humanos de las víctimas, de todas las víctimas. En segundo lugar, el borrador no diferencia entre trata y tráfico ilícito de inmigrantes. Una diferenciación, desde nuestro punto de vista, fundamental, dada la gran cantidad de inmigrantes que han entrado en nuestro país de forma irregular, a través de redes de todo tipo, que les obligan a pagar cantidades de dinero abusivas (que les permitan esquivar la Ley de Extranjería) pero no a trabajar en ningún ámbito en régimen de esclavitud.
Las ideas abolicionistas
Las Conclusiones de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados, dadas a conocer en 2007 no han tenido en cuenta a quienes ejercen la prostitución de manera voluntaria (hombres, mujeres o transexuales femeninas).
La situación de las mujeres que ejercen la prostitución de manera voluntaria tampoco está exenta de problemas y no puede verse en blanco sobre negro. Decidir dedicarse a la prostitución no implica necesariamente que ésta se desarrolle siempre libremente, sin ningún tipo de abusos o imposiciones. Por el contrario, las condiciones en las que hoy se ejerce la prostitución están muy contaminadas por el estigma y la falta de reconocimiento y derechos. Muchas de las prostitutas que han decidido trabajar en la industria del sexo no han podido elegir las condiciones de precariedad en las que desarrollan su trabajo. Los empresarios de los clubes de alterne imponen sus condiciones sin que ninguna ley ampare los derechos laborales de las trabajadoras y en muchos casos se da una clara explotación laboral: horarios interminables, imposición de clientes y prácticas sexuales, tantos por cientos abusivos por parte de los empresarios… Igualmente, las que captan su clientela en la calle sufren coacciones y abusos por parte de algunos vecinos y especialmente de la policía, favoreciendo que renazca la figura de los chulos, esos personajes que amparándose en la inseguridad que hoy implica trabajar en la calle se ofrecen como protectores y que en la mayoría de los casos se aprovechan de su situación de indefensión. Acabar con todo esto implica como primer paso reconocer la prostitución como una actividad laboral legítima y darles a las prostitutas el estatus de «trabajadoras» reconociendo los derechos que les pertenecen.
Las conclusiones se alían con el Convenio de Naciones Unidas, firmado en 1948, que considera la existencia de explotación sexual aunque exista consentimiento de la víctima, en lugar de remitirse a los convenios europeos actuales. Se niegan los derechos laborales porque: «Existe vulneración de los derechos fundamentales«… y se relaciona permanentemente la «prostitución» y la «trata de mujeres» como si fueran la misma cosa. Por si todo esto fuera poco, estigmatiza aún más a las prostitutas al concluir que: «Las mujeres que han estado durante periodos de tiempo en situación de prostitución sufren importantes secuelas, tanto físicas como psicológicas». Afirman, sin datos que lo avalen, que: «En los países que se ha regulado la prostitución se ha incrementado tanto la actividad de la prostitución como el tráfico y la trata de seres humanos». Por último, proponen desarrollar una serie de medidas encaminadas a reducir la demanda de la prostitución, a través de campañas que transmitan la idea de que la prostitución es una forma de violencia de género y una práctica que atenta contra los Derechos Humanos; solicitando también a los medios de comunicación la renuncia a la publicidad relacionada con la industria del sexo.
Estas conclusiones simplistas e ideologizadas reducen los problemas que se dan en la prostitución a la maldad de los hombres y su sexualidad. Y, por supuesto, ignoran la decisión de un sector importante de prostitutas que quieren seguir ejerciendo la prostitución pero en mejores condiciones.
Desde Hetaira, como feministas, siempre hemos defendido la capacidad de decisión de las mujeres y por ello creemos que hay que tener en cuenta que las medidas de protección para los sectores más desprotegidos de mujeres no vulneren su capacidad de decisión, sino que la potencien incluso en aquellos casos en los que se encuentra muy dañada a causa de haber padecido situaciones traumáticas. Por lo tanto hay que contar con la opinión de las prostitutas, de todas, incluidas las víctimas de trata a las que habría que ayudar a saber qué quieren hacer con sus vidas: si quieren quedarse en nuestro país o volver al suyo de origen, si quieren trabajar en otro ámbito laboral o ejercer la prostitución de manera autónoma, etc. y no hacer lo que se hace ahora cuando se desmantela una red en que la primera medida que se toma es la expulsión y deportación de las víctimas a sus países de origen.
Es necesario, hoy más que nunca, seguir defendiendo la capacidad de autodeterminación, la libertad, la autonomía y los derechos de todas las personas que trabajan en la prostitución, teniendo en cuenta las situaciones diferentes que hoy se dan. Para ello es imprescindible diferenciar entre prostitución forzada y voluntaria. Y acabar con la hipocresía que hoy existe al respecto, reconociendo social y legalmente que ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero es una actividad lícita, es un trabajo para muchas personas, y que, en consecuencia, habrá que articular derechos sociales y laborales. Las trabajadoras del sexo deben ser reconocidas como sujetos sociales y sujetos de derechos, escuchando a sus representantes y legislando atendiendo a sus intereses ya que ellas suelen ser la parte más vulnerable del negocio de la prostitución.
Cristina Garainzabal y Mamen Briz forman parte del colectivo Hetaria.
Notas[1] En Madrid se ha hecho uso de una ordenanza franquista para justificar el hostigamiento hacia los clientes, la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno de la Villa de Madrid, de ¡1948!.