Traducido para Rebelión por LB
Si el ministro de Defensa israelí Amir Peretz hubiera querido demostrar con hechos que realmente piensa que el racismo es algo despreciable y peligroso -como se deduciría de los comentarios que realizó el lunes con respecto a su colega el Ministros de Asuntos estratégicos Avigdor Lieberman-, habría utilizado su autoridad para anular a tiempo una orden emitida por el Jefe del Comando Central israelí, General Yair Naveh, que entrará en efecto el próximo viernes [por el día 19 de enero]. Sin embargo, no lo ha hecho, de modo que a partir del día 19 de enero del 2007 estará prohibido que israelíes y extranjeros transporten en sus vehículos a palestinos en todo el territorio de Cisjordania (1).
Si la ministra de Educación Yuli Tamir realmente hubiera querido modificar los patrones que se han afianzado en el sistema educativo israelí a lo largo de 40 años de ocupación, habría utilizado su alto cargo para desencadenar un clamor en la Knesset y en el Gobierno en contra de la orden del Comando Central, una orden que socava el derecho de los palestinos e israelíes a desarrollar relaciones sobre bases amistosas, familiares e ideológicas. La ministra ha tenido tiempo de sobra para hacerlo, pues la orden fue firmada el 19 de noviembre del 2007.
Si el Viceministro de Defensa Efrain Sneh, que está afectado, afectadísimo, por la situación en Hebrón y que ha llegado a la conclusión de que la ley no funciona eficazmente allí, hubiera tenido interés, habría podido bloquear esa orden que viene a añadir otro ladrillo más al edificio del poder de los colonos judíos en Cisjordania: la orden de Naveh sólo autoriza a los contratistas israelíes (mayormente colonos y gente domiciliada en el interior de Israel) transportar en automóvil a sus trabajadores palestinos. Es decir, convierte en explícita una percepción en virtud de la cual la única relación natural posible entre un palestino y un israelí y un judío es la que existe entre patrón y obrero.
Si los miembros de los medios [de comunicación] israelíes, que se escandalizaron por el espectáculo de la joven colona judía que maldecía a sus «vecinos» palestinos de Hebrón con ademanes de ama, hubieran estado realmente interesados en ser, además, eficaces, se habrían organizado a tiempo para expresar su repulsa por la orden del General Naveh, que convierte en criminal a todo israelí que, en Cisjordania, acepte en su vehículo a un amigo palestino o a un familiar palestino que no sea pariente en primer grado. Ahora bien, los medios de comunicación en su conjunto y la asociación de periodistas y juristas especializados en legislación periodística han dejado esa lucha en manos de las organizaciones de derechos humanos y de un puñado de solitarios periodistas. Si los medios de comunicación [israelíes] no hubieran echado al olvido las innumerables noticias que ellos mismos publican sobre las fechorías que los colonos judíos y el Gobierno militar israelí perpetran en Hebrón, habrían concluido que la separación demográfica que de facto impone la nueva orden del General Naveh es una consecuencia del mismo esquema de pensamiento que ha producido la limpieza étnica en la parte vieja de la ciudad de Hebrón.
Si el coro de espectadores aturdidos por la visión de una sola colona filmada por las cámaras no hubiera sido una cuestión de «picos de audiencia» sino la expresión de un posicionamiento moral compartido por la sociedad, el Tribunal Supremo de Justicia habría emitido un mandato provisional para retrasar la entrada en vigor de la orden de Naveh. Pero no lo ha hecho, ni siquiera cuando hasta ocho organizaciones de derechos humanos representadas por el abogado Michael Sfard le han brindado la oportunidad de hacerlo. Tampoco el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Edmond Levy sintió la más mínima ansiedad con respecto a este asunto, y pospuso la audiencia para debatir la solicitud [para suspender la orden] hasta el 12 de febrero.
El Tribunal no ha mostrado ninguna prisa porque la orden del General Naveh es lógica y completamente obvia y porque el camino que conduce hasta ella ha sido preparado cuidadosa y gradualmente durante los últimos años por una serie de órdenes, instrucciones y leyes, así como por la política de carreteras separadas y por el trazado del muro de separación. Siempre con la aprobación del Tribunal Supremo.
La orden de Naveh concuerda con otras prohibiciones en materia de movimientos que Israel ha impuesto sobre los palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza, es decir, en un territorio en el que los judíos disfrutan de una libertad de movimientos, económica y comercial ilimitada.
Durante años estas prohibiciones han impedido que millares de palestinos de Cisjordania visiten a sus familiares y amigos en Gaza. Ellas son responsables de miles de dramas personales de gente a la que los israelíes no permiten vivir con sus familias en sus propios hogares o cuidar de sus padres en su lecho de muerte. Esas leyes impiden a los estudiantes palestino continuar estudiando las carreras de su elección en instituciones de enseñanza dignas. A causa de ellas los enfermos no pueden acceder a los hospitales, las mujeres parturientas no pueden dar a luz en maternidades, los niños no pueden acudir a la escuela ni los trabajadores a sus lugares de trabajo.
Esas prohibiciones han hecho que alrededor de un tercio de la superficie de Cisjordania -el Valle del Jordán- se haya convertido en una región vacía de población palestina, exceptuando a unos 50.000 palestinos cuyo domicilio oficial, según consta en sus documentos de identidad, está en el Valle.
La orden en cuestión complementa y completa otra dictada en octubre del 2000 y que, bajo el consabido pretexto de la seguridad, prohibía que los israelíes entraran en las áreas A de Cisjordania.
La nueva orden es particularmente eficaz porque pone en peligro sobre todo a los palestinos que la vulneran. En virtud de una serie de recovecos jurídicos, será difícil llevar ante untribunal civil a los israelíes [que infrinjan la nueva norma]. En cambio, los «criminales» palestinos serán arrastrados a los tribunales militares, serán puestos en listas negras y perseguidos por el servicio de seguridad Shin Bet y se verán confrontados a penas de hasta cinco años de cárcel. Esto disuadirá a los israelíes de practicar la desobediencia civil no-violenta que enseñaran Mahatma Gandhi y Martin Luter King Jr., desobedeciendo esa orden flagrantemente ilegal. Los fundadores del apartheid en Sudáfrica estarían orgullosos.
NOTA:
(1) El 18 de enero el ejército israelí pospuso la aplicación de la norma «hasta nueva evaluación», pero sigue sin admitir su flagrante carácter racista y sin descartar su ulterior aplicación.
Texto original: http://www.haaretz.com/hasen/spages/814345.html