En el marco de la campaña contra el megaproyecto turístico «Los Micos Beach & Resort Centre», en la costa de la Bahía de Tela en el Caribe hondureño, el Collettivo Italia Centro America (CICA) invitó a Italia al coordinador de Finanzas de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Alfredo López, con el objetivo de informar y denunciar la situación de explotación y represión que están viviendo las comunidades garífunas hondureñas a raíz de los megaproyectos turísticos implementados por el gobierno y los empresarios locales. Este es el diálogo que López mantuvo con Sirel.
-¿Cuál es el objetivo de esta gira en Italia?
-Lo más importante es denunciar el atropello y todas las injusticias que se han venido dando en contra del pueblo garífuna en Honduras por parte del gobierno. Su idea de desarrollo turístico a través de megaproyectos va a tener impactos muy negativos sobre nuestras comunidades, y es necesario que el mundo desarrollado se dé cuenta, ya que las empresas que financian estos proyectos son originarias de estos países. Por otro lado, nos gustaría desenmascarar la intención velada por parte de los grupos de poder hondureños de querer cambiar nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra forma de sobrevivencia, intentando vendernos ese modelo de turismo que sólo beneficia a las familias poderosas de Honduras y a las compañías hoteleras extranjeras.
-¿Hubo en el pasado otros intentos de desarrollar megaproyectos turísticos en la zona?
-En 1992 se aprobó la ampliación del radio urbano a la municipalidad de Tela. Esto provocó la venta masiva de tierra en la comunidad de Triunfo de la Cruz y trajo consigo la aparición del megaproyecto turístico «Mar Bella». Los pobladores comenzamos de inmediato a organizarnos para la resistencia y esto desembocó en el asesinato de cuatro compañeros. En mi caso, como dirigente en aquel momento encargado de coordinar la lucha, fui encarcelado injustamente por casi siete años. La presión internacional y diferentes organizaciones de derechos humanos lograron presentar mi caso como lo de un preso político y finalmente tuvieron que excarcelarme, pero con el agravante de que los problemas habían avanzado. A pesar de tantas dificultades se logró parar un poco el proyecto, y ahora tenemos una demanda internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Honduras.
-¿Cuántas demandas presentaron en la CIDH?
-Actualmente son cuatro. Las de Triunfo de la Cruz, de Punta Piedra y de Cayos Cochinos -donde actualmente se está realizando el reality show «La isla de los famosos»- ya fueron admitidas, y hay otra demanda que está en vías de ser admitida que es la de la comunidad de San Juan, en la propia Bahía de Tela. Esta comunidad está actualmente bajo medidas cautelares en vista de que un poderoso político de Honduras, Jaime Rosenthal Oliva, está pretendiendo adueñarse de esta zona.
-¿Qué instrumentos y mecanismos están usando para adueñarse de las tierras del pueblo garífuna?
-Existen títulos ancestrales y títulos otorgados recientemente por el Estado a raíz de la lucha y la presión ejercitada por las comunidades. Lastimosamente, son títulos que no se respetan y además hay mecanismos jurídicos ilegales de expropiación que el Estado utiliza para lograr su objetivo, que es la privatización de nuestras tierras. Un ejemplo es urbanizar las tierras para que las municipalidades pasen a ser las nuevas dueñas, con la facultad de venderlas. Seguimos sosteniendo que todos estos negocios son ilegales, porque si la propiedad es colectiva no pueden unos individuos adueñarse del derecho de vender lo que es de toda una comunidad.
La base de nuestro reclamo es que para ser legal este negocio tiene que contar con la autorización de una asamblea comunitaria, y esto no se ha dado nunca. Este es el dilema del gobierno: en los tribunales nacionales nos gana fácilmente, pero en los tribunales internacionales la cuestión se le complica.
-El gobierno hondureño y los mismos empresarios aducen que van a traer trabajo y desarrollo a las comunidades. ¿Qué opinan los pueblos garífunas?
-De acuerdo a lo que hemos visto en el pasado, la realidad es todo lo contrario. Creemos que el desarrollo tiene que venir desde dentro y no desde fuera, y es por eso que ya tenemos experiencias de turismo tradicional y comunitario que las comunidades locales están desarrollando. Se habla de empleo, pero la realidad es que las cadenas hoteleras no nos dan trabajo, sino que traen los trabajadores desde afuera. Eso nos da la firmeza y la autoridad moral de decir que no es cierto. No puede haber desarrollo si esta gente pretende que las comunidades se deshagan de la propiedad. En este momento hay muchos proyectos e individuos con poder económico, y lo primero que hacen es cercar las propiedades y poner vigilantes armados. ¿Qué desarrollo puede traer esto? Absolutamente ninguno, y más bien atenta contra la cultura y la idiosincrasia de las comunidades. No estamos acostumbrados a vivir con cercos o a andar entre gente armada. Nos obstaculizan el paso a la playa y también el turismo local se ve afectado. Esto es desarrollo, pero sólo para los empresarios y los dueños de los proyectos.
-¿Cuáles son las afectaciones a la cultura y a las costumbres propias de los garífunas?
-Es un impacto profundo, porque se plantea la destrucción de su cultura. Creemos que un pueblo sin tierra es un pueblo sin raíces. Un pueblo al que se le niega el derecho a hacer sus actividades normales es un pueblo que tiende a desaparecer. Esto tiene que ver con la relación que hay entre el garífuna, el mar, la tierra, y altera la situación en las comunidades. Si cambian las costumbres y tradiciones va cambiando la población, porque al garífuna le gusta vivir en su entorno, y cuando viene gente a visitarnos tiene que vivir de acuerdo a nuestra forma de vida y no puede traer sus leyes y tratar de imponerlas, porque genera una fuerte reacción.
-¿Existe unidad entre las diferentes comunidades frente a este peligro?
-Hay problemas profundos, porque para que el sistema pueda incidir y tener éxito en su proyecto tiene que dividir las comunidades, y con su poderío económico en parte lo ha logrado. Las comunidades que aceptaron los proyectos y vendieron sus tierras prácticamente han desaparecido, como es el caso de la comunidad de Miami, en Bahía de Tela. Mientras nosotros planteábamos a la CIDH medidas cautelares para esta comunidad y para Tornabé, una ONG confabuló con el Estado diciendo que les iban a conseguir títulos de propiedad a las comunidades, pero lo que traían era la privatización de estas tierras. Lo que hicimos fue retirar las medidas cautelares para no quedarnos peleando entre nosotros, y esto provocó la lotería de la tierra en Miami.
Esto debilita un poco el trabajo y lo peor es que atenta contra la sobrevivencia de las comunidades. El Estado alega ahora que son las mismas comunidades garífunas que quieren vender la tierra, pero no es así. Al final es el mismo Estado que se encarga de dividirnos; es un gran problema que atenta contra la sobrevivencia de los pueblos, legitimando esta expropiación forzosa.
-¿Cuáles son los planes de resistencia de OFRANEH frente a estos megaproyectos turísticos?
-La denuncia permanente y la lucha, porque en ningún momento, a pesar de la crisis que pasamos, la hemos abandonado. Prueba de ello son las denuncias que presentamos a la CIDH. Pagamos personalmente por esta lucha, y en mi caso me enjuiciaron sin pruebas, fui encarcelado injustamente y fue solamente gracias a la movilización internacional que fui excarcelado.
-¿En esta lucha contra el nuevo megaproyecto en Bahía de Tela ya hay casos de represión en contra de la población que se opone?
-Claro que sí. Recientemente en la comunidad de San Juan dos miembros de la Fuerza Naval agarraron a dos jóvenes y los fueron a fusilar a Triunfo de la Cruz. El caso está en proceso de investigación. Es así todo el tiempo, con represión, intimidación, amenazas en contra de los dirigentes y de la población organizada. En nuestros archivos tenemos registrados un sinnúmero de estos caso que nunca se investigan de verdad y se rinden informes falsos. En mi caso personal, estoy bajo medidas cautelares y supuestamente la Policía tendría que cuidarme, pero no confío en la Policía de mi país.