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El valle de la desesperanza

Fuentes: Contra corriente

 La lluvia ácida no es una leyenda, lo saben los habitantes de El valle de Siria, ubicado a unos 120 kilómetros de Tegucigalpa. Las comunidades de Cedros, El Porvenir, y San Ignacio -tres municipios en la parte más oriental del departamento de Francisco Morazán- fueron afectadas por la minería de cielo abierto. Una variante del […]

 La lluvia ácida no es una leyenda, lo saben los habitantes de El valle de Siria, ubicado a unos 120 kilómetros de Tegucigalpa. Las comunidades de Cedros, El Porvenir, y San Ignacio -tres municipios en la parte más oriental del departamento de Francisco Morazán- fueron afectadas por la minería de cielo abierto. Una variante del modelo extractivista. Contaminadas las aguas de sus ríos la lluvia en algún momento tenía que caer cual profecía bíblica. El derrumbe moral aquí es inminente ante la voracidad de los resultados de un modelo que ha heredado generaciones enfermas y empobrecidas. Aquella idea del desarrollo económico y la bondad de las empresas mineras es una que se desmitifica con la misma facilidad con la que cae una línea hecha con piezas de dominó.

Aquí vive Cristi, tiene dieciocho meses. No sabe que está enferma, no sabe que el cabello se le cae, no tiene la más mínima conciencia de que un futuro lleno de incertidumbre le espera. Aneli, es la madre de Cristi. Con dieciocho años, a ella también se le cae el cabello, sus problemas de salud comenzaron desde su nacimiento. Las dos nacieron enfermas, nacieron con la marca de la minería en sus cuerpos, una marca que llegó al valle a principios del 2000 y se instaló en las aguas de los ríos: las fuentes de agua que las comunidades del valle usaron siempre. Se abastecieron de estos ríos muchos años antes de la llegada de la minera, los usaron durante los ocho años de explotación de la mina San Martín, y los siguen usando tras siete años de haber declarado el cierre de la mina , un cierre que para muchas organizaciones de derechos humanos -como OXFAM, el Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras- y para las mismas comunidades, está lleno de irregularidades.

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