Desde hace una quincena de años, con la crisis socioeconómica y su gestión regresiva por el poder establecido, se ha incrementado la desigualdad social en distintas esferas, acompañadas de amplio malestar popular.
Una parte significativa está dirigida a la clase política y los medios de comunicación por sus responsabilidades ante la gestión de las crisis o su inacción transformadora; al menos, hasta ahora que se ha iniciado una dinámica reformadora sustantiva. La tarea y la estrategia del Gobierno de coalición consiste en revertir esa doble tendencia y garantizar el cambio de progreso para las mayorías sociales, tal como explico en el reciente libro “Dinámicas transformadoras. Renovación de la izquierda y acción feminista, sociolaboral y ecopacifista”.
La cuestión para considerar son los procesos de legitimación de las representaciones políticas (también sociales y culturales) y la agudización del conflicto entre las izquierdas y las derechas para incrementar su representatividad y garantizar o no otra legislatura de cambio progresista. Dejo al margen el conflicto nacional en y sobre Catalunya y el equilibrio territorial, aunque hay que constatar una de sus derivadas fundamentales, que trato más tarde: la tensión entre el refuerzo de un nacionalismo españolista conservador, prepotente y centralista y la necesidad de avanzar en un modelo de Estado plurinacional, democrático e integrador.
La apelación al pueblo, a las clases medias y trabajadoras, se ha convertido últimamente en una constante gubernamental y de los partidos políticos. En particular, los discursos políticos buscan la confianza de los sectores vulnerables, empobrecidos, perdedores o desprotegidos, ampliados por las crisis socioeconómicas y sanitarias, la inflación derivada de la guerra en Ucrania y las insuficiencias protectoras del Estado. E, igualmente, han cobrado mayor visibilidad mediática las víctimas de distintos hechos y discriminaciones, afectadas por la violencia de género, el volcán de la Palma, el impacto de las crisis… La idea de que nadie se quede atrás por los infortunios de la vida es una muestra de solidaridad colectiva y, al mismo tiempo, un fundamento que posibilita la demostración de la utilidad y la legitimidad de la gestión pública.
En todo caso, conviene diferenciar entre violencia ejercida directamente en las relaciones interpersonales y familiares, aun con sus distintos niveles de acoso y agresión, como específicamente se valora la violencia de género, y la discriminación o subordinación derivada de posiciones institucionales o estructurales de poder y dominación en distintos ámbitos públicos y empresariales, aunque ambas requieren la oposición cívica activa, individual y colectiva, y transformaciones institucionales y socioculturales.
La potenciación del agravio comparativo
Ante la exigencia generalizada de reconocimiento social, protección institucional y redistribución pública se suele producir por los poderes públicos una segmentación de las prioridades y la doble dinámica de negación de unos sectores y el ensalzamiento de otros. El conflicto entre clases populares y poder establecido, entre ricos y pobres, se distorsiona con una fragmentación, invisibilidad y jerarquización de los grupos desfavorecidos y una difuminación de los privilegiados.
Por un lado, se produce un victimismo divisivo que en el plano colectivo y político es instrumentalizado por la reacción derechista para ganar apoyo social en ese segmento de (supuestas) víctimas y contraponerlo a dinámicas progresistas. Por otro lado, se genera un malestar cívico justificado por el descenso social y las dificultades vitales, aunque a veces esa subjetividad tiene una valoración unilateral o parcial sobre las causas, prioridades, responsabilidades y alternativas que es, precisamente, la compleja labor que resolver por parte de la mediación política y sociocultural para darle un sentido transformador y unitario de progreso. Es el reto de la intermediación de los partidos políticos y los medios de comunicación que, como se sabe, han perdido credibilidad popular, debilitándose su función representativa y articuladora de las opiniones ciudadanas y su conversión en políticas públicas útiles para la gente.
El primer tipo de victimismo se conecta enseguida con los poderosos y las estructuras del Estado para sacar ventaja ilegítima sobre otros sectores populares sobre los que ejercer su sometimiento compartido con el poder autoritario, con una orientación de fondo antisocial y antidemocrática. Constituye el auténtico victimismo reaccionario instrumentalizado para una dinámica prepotente y segregadora.
El segundo tipo de malestar no es estrictamente victimismo, sino simplemente justa indignación popular, aunque puede conllevar algunas tendencias corporativas, sectarias y fanáticas que suelen ser minoritarias y marginales. Hay una delgada línea entre los dos tipos de queja que no hay que traspasar. La respuesta del poder establecido es siempre la eliminación del descontento cívico sin atacar sus causas, es decir, con la resignación pasiva o la amenaza de represión, o bien, como en el primer caso, con su manipulación en beneficio del grupo de poder correspondiente.
La solución progresista es reforzar una actitud netamente democrática y social, basada en los derechos humanos y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, para abordar la heterogeneidad de problemáticas y los conflictos parciales entre distintas situaciones y demandas del campo popular; se trata de encauzarlos y poderlos resolver mediante la negociación y el acuerdo de un nuevo contrato social desde una perspectiva de progreso y frente a la involución global, regresiva y autoritaria, de las derechas extremas.
El gran consenso liberal-conservador, dominante en los medios, sigue siendo el modelo de persona ganadora, basado en el esfuerzo individual como motor del ascenso social. Esa persona emprendedora y ascendente (y consumista) es el héroe mediático de nuestro tiempo, según el modelo individualista hegemónico, ostentoso de sus privilegios y prepotencia; los perdedores lo serían por su propia culpa, los grupos discriminados se lo merecerían y no habría responsabilidad institucional. El círculo ético y de legitimación política se cierra en beneficio de las élites poderosas.
Como sabemos, y la experiencia masiva de estos años ha evidenciado, esa idea ha perdido credibilidad entre mayorías ciudadanas, ya que los ganadores son minoría y utilizan sus privilegios de poder. La realidad de la desigualdad social y la discriminación y sus causas estructurales e institucionales son palpables mayoritariamente. Por tanto, la dinámica neoliberal y conservadora debe ser más sofisticada: aparte de promover la segmentación y el individualismo, potencia las ventajas relativas y los agravios comparativos de cada escalón de la estructura social respecto de su peldaño inferior. Es el fundamento divisivo de la reacción insolidaria del ‘sálvese quien pueda’, también en el ámbito grupal, para que cada segmento social aproveche los escasos recursos disponibles de una posición relativa ventajosa y compitan entre sí.
No obstante, el objetivo mediático de fondo tampoco es la víctima y la persona perdedora o discriminada, utilizadas como espectáculo, sino los representantes públicos que pretenden gestionar sus intereses y demandas como medio para conseguir credibilidad social y poder institucional. La sistemática exposición mediática de personas afectadas por distintas catástrofes vitales, aunque generen gestos compasivos y solidarios, emplazan a la capacidad gestora de las instituciones públicas y cada bloque político.
Así, estamos ante una pugna por la legitimidad de los distintos actores en su representación y gestión de las respuestas a las consecuencias humanas y cívicas de una dinámica regresiva impuesta que produce amplio malestar social. Existe una dura pugna por ganar prestigio ante las mayorías sociales afectadas por el descenso socioeconómico y vital y la aguda tensión político-institucional entre las derechas y las izquierdas (y grupos nacionalistas periféricos) sobre las estrategias a desarrollar.
El victimismo como estrategia reaccionaria
El victimismo y el resentimiento es una vieja actitud utilizada hace un siglo por el nazismo y el fascismo emergentes. La derrota de la I Guerra Mundial de las potencias centrales, con la imposición por los vencedores en el Tratado de Versalles de drásticas condiciones de subordinación e indemnizaciones económicas, particularmente a Alemania, fue utilizado por Hitler y Mussolini para su revanchismo, la supremacía de su raza y su Estado totalitario, con el refuerzo de los privilegios de una parte de sus conciudadanos y la aniquilación de sus enemigos, internos y externos, convertidos en nuevas víctimas consideradas inferiores y sin derechos: pueblos sometidos o competidores, sectores populares democráticos y de izquierda, pueblo judío, gitano y minorías nacionales o culturales…
Esta cita de la tradición fascista viene a cuento por la nueva trayectoria de la extrema derecha europea y el trumpismo y, en particular, en España con VOX (e incluso el Partido Popular), de cómo intentan utilizar cierto victimismo entre algunas capas populares con agravios comparativos, aunque su pacto fundamental, al igual que entreguerras, es con los grandes grupos de poder económico y del aparato estatal.
Pero esa lógica de polarización social desde arriba ya fue utilizada por la revolución neoliberal conservadora de Reagan y Thatcher en los primeros años ochenta: se trataba de estimular la rebelión de las clases medias, consideradas víctimas de impuestos excesivos y por el miedo a reducir sus distancias con las clases trabajadoras ascendentes, para recortar los derechos sociales y laborales y el Estado de bienestar ante el supuesto exceso de demandas sociolaborales de las capas populares, los sindicatos y las izquierdas.
Comento, brevemente, la polarización de la actitud entre las formaciones progresistas y las fuerzas reaccionarias de extrema derecha en un campo sociopolítico significativo. Me refiero al ámbito nacional y de origen étnico, o sea, al racismo y el nacionalismo excluyente. Las derechas extremas, principalmente VOX pero también el Partido Popular y Ciudadanos (e incluso más allá), han ido reforzando un discurso contra los derechos de las personas inmigrantes junto con estereotipos racistas y actitudes xenófobas; buscan la preferencia nacional en los recursos públicos, la prevalencia identitaria española que suele terminar en el supremacismo étnico cultural.
Implica, particularmente para las capas populares, la instrumentalización de la nacionalidad como privilegio para generar una fuerte división social que dificulte demandas compartidas, un diálogo intercultural y una integración social y cívica, todo ello frente a los poderosos y auténticos privilegiados. Todavía, a diferencia de otros países, no se han generado grandes problemas de convivencia, ni identitarismos fanáticos o reaccionarios en la población inmigrante, pero la semilla intolerante en parte de la población española la va sembrando la ultraderecha.
Sin embargo, el foco principal del nacionalismo españolista excluyente se ha reactivado por las derechas ante las demandas del independentismo, sobre todo catalán, en el contexto del procés, y aunque se ha desactivado su implementación radical lo siguen manipulando como arma arrojadiza contra el Gobierno de coalición y su línea dialogadora, para desestabilizarlo.
No me extiendo, lo que pongo de relieve en ambos casos es la argumentación victimista de lo español (o la nación española como dice VOX), que estaría arrinconado o en riesgo casi de supervivencia por enemigos ‘exteriores’ de otras culturas, que como con la inmigración tenderían a la disgregación ‘nacional’, o por otros nacionalismos, como el catalán, que destruirían lo español en Cataluña, empezando por el idioma castellano y terminando con el desmontaje de las estructuras del Estado (centralista) con la colaboración de las izquierdas… traidoras a España por su propio interés corporativo de controlar el poder y, por tanto, ilegítimas.
Implica el amparo a todo tipo de maniobras antidemocráticas, con la justificación victimista, irreal y fanática de ‘su’ España frente al pueblo real que constituye la diversidad española y su representación democrática. Esa corrosión democrática y solidaria hay que atajarla con argumentos y firmeza.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo.
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