Los diputados cubano-estadunidenses por Florida pidieron a Washington una reunión para demandar modificaciones al Acuerdo Migratorio con Cuba y anuncian que ha sido aceptada. La administración de Bush siempre termina complaciendo a la contrarrevolución. Después de todo, su primer mandato se debió al fraude electoral orquestado por sus integrantes en aquel estado. Los legisladores aprovecharon […]
Los diputados cubano-estadunidenses por Florida pidieron a Washington una reunión para demandar modificaciones al Acuerdo Migratorio con Cuba y anuncian que ha sido aceptada. La administración de Bush siempre termina complaciendo a la contrarrevolución. Después de todo, su primer mandato se debió al fraude electoral orquestado por sus integrantes en aquel estado. Los legisladores aprovecharon la coyuntura de la devolución a la isla de 15 cubanos depositados por contrabandistas en un trozo del viejo puente de las siete millas separado de tierra firme y con sus cómplices montaron otra campaña propagandística en los medios miamenses en su persistente intento de reventar el Acuerdo Migratorio adoptado durante el gobierno de Clinton. Acuerdo que fue un avance aunque se vulnera con frecuencia por Washington. Sólo un ejemplo: la invariable admisión en territorio estadunidense de todos los que se apoderan por la fuerza de naves cubanas, incluso cuando ha corrido sangre de sus tripulantes. La contrarrevolución alienta estas acciones con el propósito de crear una crisis migratoria que desemboque en una agresión a Cuba.
Bush levanta muros en la frontera, caza a tiros a quienes intentan cruzarla y la Cámara de Representantes criminaliza a los emigrantes ilegales. Una conducta profundamente hipócrita, ya que los migrantes son indispensables para el funcionamiento de la economía y el «modo de vida americano». La hipocresía es aún mayor cuando se trata de Cuba. Estados Unidos ha utilizado la emigración como un arma contra la revolución cubana. Inmediatamente después del triunfo revolucionario de 1959 Washington recibió a la mayoría de los personeros de la dictadura de Fulgencio Batista, incluyendo alrededor de 3000 criminales de guerra. Ellos pasaron a ser la cantera principal de las actividades terroristas contra la isla, que han continuado realizando con total impunidad hasta la fecha desde su cuartel general en Miami. Después, como parte de su política de asfixia económica, Estados Unidos estimuló la salida de los médicos y otros profesionales y técnicos cubanos para privar al proyecto liberador de esa fuerza calificada. En 1961 organizó la Operación Peter Pan con el embuste de que la revolución privaría a los padres de la patria potestad y separó a miles de niños de clase media de sus familias, en muchos casos durante años.
Cabe recordar que en 1963 Washington había suprimido los vuelos con la isla, pero simultáneamente proclamaba que todo cubano que llegara a su territorio sería recibido como refugiado político. Este es el antecedente de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que otorga un trato de singular privilegio entre todas las nacionalidades a los cubanos que llegan a Estados Unidos ilegalmente: permiso de trabajo automático, prestaciones sociales que no recibe ningún otro grupo, derecho a la residencia después de un año de estancia, créditos para la creación de pequeñas y medianas empresas. Washington ha fomentado la emigración ilegal con claros fines desestabilizadores hacia el interior de Cuba y a la vez acuña el estereotipo de un país de donde la gente «escapa». Así, según los mismos medios que difunden este estereotipo, nadie «escapa» del infierno en que el neoliberalismo ha sumido a millones en el tercer mundo. Ese acto queda reservado a los cubanos, sin que se mencione la guerra económica de casi medio siglo, ni la desvergonzada conducta de Washington de negar visas hasta que se firmó el Acuerdo Migratorio actual, ni las miles de horas semanales de transmisión radial ilegal contra la isla. Tampoco el alto nivel técnico y científico de miles de emigrantes que en Cuba nunca percibirán una remuneración como la que únicamente puede proporcionar el sistema que vive de exprimir los recursos del mundo.
Esta política es más criminal porque se lleva a cabo a expensas de los sentimientos de decenas de miles de familias en Estados Unidos, a quienes para reunificarse con sus seres queridos en la isla no les queda más alternativa que apelar a los costosos servicios de inescrupulosos contrabandistas. El gobierno de Cuba aboga por una relación cordial con la comunidad emigrada, ha entablado un diálogo con sus representantes y defendido el concepto de una emigración legal y ordenada. Pero eso no le conviene a Estados Unidos, cuya conducta sigue siendo la causante de la muerte de muchos cubanos en el intento de cruzar ilegalmente el Estrecho de la Florida.