Abril es el mes republicano por excelencia. Ochenta y seis años han transcurrido desde aquel 1931; y cuando llega el 14 de abril, se abren los claveles rojos, amarillos y malvas, recordando con emoción la historia de lo que pudo haber sido y no fue. Setenta y ocho años desde que el fascismo asesino la […]
Abril es el mes republicano por excelencia. Ochenta y seis años han transcurrido desde aquel 1931; y cuando llega el 14 de abril, se abren los claveles rojos, amarillos y malvas, recordando con emoción la historia de lo que pudo haber sido y no fue. Setenta y ocho años desde que el fascismo asesino la fusiló. Antes de llegar a esos acontecimientos, para hablar de república, tenemos que remontarnos al 11 de febrero de 1873 y a la proclamación de la Primera República española.
En septiembre de 1868 se inicia un agitado período en la historia del siglo XIX español, con el Sexenio revolucionario (1868-1874). A raíz del pronunciamiento militar que destronó a Isabel II, se estableció un régimen provisional, con la Constitución de 1869, la regencia del general Serrano, la monarquía democrática de Amadeo de Saboya y tras su abdicación, la Primera República. En los 10 meses que duró, cuatro fueron sus presidentes: Figueras y Pi y Margall, Salmerón y Castelar.
Isabel llegó a ser reina de España (1833-1868) por la abolición de la llamada ley Sálica. Una operación por la sucesión, organizada por su padre el «el deseado» o «el rey felón» Fernando VII. Se había casado con su sobrina, la princesa napolitana María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y pocos meses después de la boda, Fernando VII hacía pública la Pragmática Sanción de 1789, asegurando, si por fin tenía descendencia, que aunque fuera niña, sería su heredera. Mala decisión, que llevó a España a unas interminables guerras por el trono (1833-1876) que reivindicaba su hermano Carlos María Isidro, que quedó fuera de la sucesión, para gran consternación de los absolutistas «carlistas».
«Señores diputados: con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, y con la renuncia de Amadeo, la monarquía democrática. Nadie, nadie ha acabado con ella. Ha muerto por sí misma. Nadie trae la República; la traen las circunstancias; la traen una conspiración de la sociedad, de la Naturaleza, de la Historia. Señores: saludémosla, como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria», discurso pronunciado por el líder del partido republicano Emilio Castelar (11 de febrero de 1873), en la proclamación de la Primera República. La Monarquía daba paso a la Primera República como algo natural, por la simple sucesión de acontecimientos favorables y por el mal funcionamiento del régimen monárquico, alejado de los intereses del pueblo.
«El partido republicano reivindica la gloria que sería el haber destruido la monarquía; no os echéis a la cara la responsabilidad de este momento supremo. No; nadie ha matado. Yo, que tanto he contribuido a que llegase este momento, debo decir que no siento en mi conciencia mérito alguno de haber concluido con la monarquía. La monarquía ha muerto sin que nadie, absolutamente nadie, haya contribuido a ello, más que la Providencia», terminaba su intervención Castelar.
Las Cortes proclamaron la República como forma de gobierno, mediante una votación de 258 votos a favor y 32 en contra. La República surgía como una fórmula inédita para aplicar los postulados de la Revolución de 1868. El Partido Radical y el Partido Republicano Federal, que eran los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes, mantenían intereses contrapuestos: de una parte los radicales, que habían sido monárquicos, defendían una república unitaria, mientras que los republicanos eran partidarios de un modelo territorial federal. El preámbulo del Proyecto declaraba: «La Nación española reunida en Cortes Constituyentes, deseando asegurar la libertad, cumplir la justicia y realizar el fin humano á que está llamada en la civilización, decreta y sanciona el siguiente código Fundamental».
El Proyecto de Constitución, que definía España como una República Federal no llegó a promulgarse. Quedaba integrada por diecisiete Estados, con su propia Constitución, con órganos legislativos, ejecutivos y judiciales propios: «Artículo 1.º Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales». La imposibilidad de llegar a un acuerdo para articular el funcionamiento de los Estados dentro de la federación, impidió que llegara a buen fin el proyecto.
En el Proyecto, Castelar reflejó su concepción de la República como la mejor forma para que entraran cupieran todas las opciones liberales y fuese continuación de los principios establecidos en la Constitución de 1869. De hecho, el Título II del Proyecto, «De los españoles y sus derechos», reproduce el Título I. Quedaba separada la Iglesia del Estado y prohibía a la Nación o Estado federal, a los Estados regionales y a los Municipios, subvencionar directa o indirectamente ninguna, aunque en el artículo 34 se reconocía el derecho al ejercicio en libertad de cualquier culto. Por último, con el artículo 38 quedaban abolidos los títulos de nobleza.
En un contexto de inestabilidad, los gobiernos republicanos emprendieron una serie de reformas demandadas por las clases populares. Algunas medidas se volvieron en contra del propio régimen. Se abolió el impuesto directo al consumo, que representaban los principales ingresos, lo que agravó el déficit de Hacienda. Se eliminaron las quintas, lo que propició el debilitamiento del estado republicano frente a la insurrección carlista. Se redujo la edad del derecho al voto a los 21 años, que no consiguió el objetivo de acabar con el desinterés que mostraban los ciudadanos hacia los temas políticos. Se decretó la separación de la Iglesia y el Estado, se dejó de subvencionar a la Iglesia que se puso en su contra. Se reglamentó el trabajo infantil, prohibiendo emplear a niños de menos de diez años en fábricas y minas. Se abolió la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.
El programa reformista se intentó llevar a cabo en un contexto totalmente adverso. El gobierno republicano tuvo que afrontar numerosas dificultades y enfrentamientos que determinaron el fin de la República. Estalló una crisis económica, disturbios sociales y las huelgas se multiplicaron; la bancarrota estatal se acentuó, las cotizaciones de las empresas se desplomaron en la Bolsa y la crisis del proletariado se intensificó.
En un principio, en las cortes no había mayoría republicana y los gobiernos tuvieron que hacer frente a diversos acontecimientos bélicos: La nueva guerra civil carlista, que llegaron a establecer un gobierno en Estella; las sublevaciones cantonales promovidas por los republicanos federales que se lanzaron a proclamar cantones, pequeños estados regionales cuasi independientes; la resistencia del cantón de Cartagena le convirtió en el símbolo de este movimiento. La guerra de Cuba que se inició en 1868 tras una insurrección anticolonial, duró hasta la firma de la Paz de Zanjón en 1878. Fueron decisivas las conspiraciones militares alfonsinas entre los mandos del ejército, que al final impusieron la vuelta de los Borbones en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Todo supuso hizo que se llevaran por delante a la República.
Fue Amadeo I de Saboya el primer rey de España elegido en un Parlamento, con los votos a favor de 191 diputados, rechazado por carlistas y republicanos. El presidente de las Cortes, Manuel Ruiz Zorrilla, declaró: «Queda elegido Rey de los españoles el señor duque de Aosta». Su reinado fue el preludió de la proclamación de la Primera República. El hijo de Víctor Manuel II de Italia, se vio incapaz de resolver los graves conflictos internos de España. El mismo día que llegó a Madrid, el general Prim, era asesinado en un atentado en la calle del Truco. Cánovas del Castillo se sumó al bando de los defensores de Alfonso XII. España atravesaba una profunda inestabilidad económica y política y pese a la buena voluntad del rey por conseguir el progreso de España, no se ganó el afecto de su pueblo. Como consecuencia de todo, Amadeo abdicó (1873): «Me he percatado de que los verdaderos enemigos de España son los propios sectores españoles y no agentes externos».
El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica, comunicándolo por telégrafo al presidente del gobierno Sagasta y al ministro de la Guerra Francisco Serrano, quien ordenó no resistir y aceptar la decisión sin protestar. En la sede del gobierno en Madrid se presentó el capitán general Primo de Rivera, ordenando la disolución del gobierno. El 31 de diciembre de 1874 se formó el llamado Ministerio-Regencia presidido por Cánovas, a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a España desde Inglaterra para convertirse en rey.
La efímera y agitada República, que tras la abdicación de Amadeo de Saboya, había pretendido cubrir un vacío de poder, no tuvo las necesarias bases políticas, sociales y económicas que la sustentaran. El carácter reformista y el proyecto de estructura federal del Estado no pudieron consolidar un nuevo régimen político que fue engullido por sus propias tensiones internas entre centralistas y federales, los problemas económicos, la sublevación cantonalista y las guerras carlista y cubana.
Todos los acontecimientos ocurridos durante este periodo de tiempo, no afectaron significativamente a la vida y las costumbre de los madrileños, ajenos a la crispación del ambiente político, que quedaba reflejado con profusión en los periódicos; pero escasamente en los patios de vecinos. Bastante tenían con sobrevivir.
@caval100
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