Este nuevo aniversario de la II República constituye una magnífica oportunidad para plantear cuestiones que se debaten públicamente sobre el modelo de Estado, en un momento de creciente reivindicación republicana. La acusación, fundada, de que nunca se ha preguntado a la ciudadanía qué forma de Estado desea, es contestada por los defensores de la monarquía […]
Este nuevo aniversario de la II República constituye una magnífica oportunidad para plantear cuestiones que se debaten públicamente sobre el modelo de Estado, en un momento de creciente reivindicación republicana. La acusación, fundada, de que nunca se ha preguntado a la ciudadanía qué forma de Estado desea, es contestada por los defensores de la monarquía con el argumento de que el referéndum de la Constitución significó en realidad un plebiscito sobre aquella, ya que la Carta Magna la consagra sin duda alguna. Cierto es también que los partidos mayoritarios que se reclamaban de la izquierda en el panorama político del momento aceptaron sin cortapisas -el Partido Comunista con un entusiasmo que dejó atónitos a muchos- legitimar al rey que había sido designado por el dictador y coronado por las Cortes franquistas, con su cortejo de símbolos y gastos: palacios, personal militar y civil, fiestas, viajes, himno, bandera, uniformes. Y que han debido transcurrir 30 años para que el PCE -ya sin poder político- rectificara y aprobara entre sus objetivos la proclamación de la III República, en coincidencia con la actividad de una generación que despierta del letargo en que se sumieron sus padres, que reivindica la verdadera historia de la Guerra Civil y la dictadura y que reclama justicia para sus abuelos. Pero, con independencia de la evolución del PCE, es importante constatar la desafección entre la población española, especialmente los más jóvenes, hacia una monarquía impuesta a la sociedad por los poderes fácticos en los tiempos inmediatos a la muerte del dictador.
Se ha ocultado, consciente y culpablemente, a las nuevas generaciones de la postdictadura que el pueblo español llevaba luchando un siglo y medio por alcanzar una República democrática, igualitaria y justa. Y que, cada vez que parecía haberlo conseguido, sus pretensiones fueron destruidas manu militari por la violencia de las armas. Muchos sufrimientos y una atroz guerra nos proporcionaron los enemigos de todo progreso: el ejército monárquico y franquista, los grandes consorcios industriales y la banca, en colaboración con los latifundistas del sur y del oeste, con la bendición de la Iglesia católica.
De ese túnel de miseria, represión y miedo en que estuvimos metidos durante 40 años, salimos muy lenta y violentamente. En los años ochenta, la Universidad de Yale (EEUU) me pidió un artículo sobre la violencia en los años de la Transición y, a pesar de mis limitadas fuentes de información, obtuve la cifra de 280 personas pertenecientes a grupos de izquierda asesinadas por las fuerzas de la ultraderecha.
Últimamente, las indagaciones más completas elevan el número a más de 500, como se demuestra en una investigación reciente. Ya es hora de desmentir la falsedad más repetida y publicitada por todos los estamentos del poder de que la Transición política española se realizó en una calma paradisíaca. Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, en su libro El final de la dictadura, explican que en un solo año se produjeron, nada más y nada menos, 14.000 huelgas y se celebraron miles de asambleas y manifestaciones de todos los estamentos sociales, convocadas por las organizaciones obreras, vecinales, estudiantiles, feministas. Fueron asesinados, por diversas facciones y sicarios fascistas, un alto número de activistas sindicales, comunistas, anarquistas, nacionalistas, en las calles, en los despachos de abogados, en las comisarías y en las cárceles. Durante casi siete años -desde la muerte de Franco hasta el golpe del 23-F- todos los medios de comunicación alertaron de las conspiraciones del ejército con la conocida frase de que se escuchaba «ruido de sables» en los cuarteles. Todavía en octubre de 1982, en vísperas de las elecciones que le dieron el triunfo al PSOE, se descubrió una nueva conjura militar. Recuerdo cómo Miguel Núñez, miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista y diputado en las Cortes, al regresar a Barcelona después de cada semana parlamentaria, intentaba justificarse ante los militantes impacientes y disgustados con la complicidad del partido con la monarquía y la derecha con el argumento de que los militares estaban nuevamente organizándose para «dar el golpe».
Este fue el verdadero clima de la sociedad y de la política española en el que se impuso la monarquía, y no la plácida situación que se ha descrito desde todas las instancias dominantes: poder político, medios de comunicación, historiadores. Mediante una Constitución redactada por una mayoría de representantes de la derecha y la extrema derecha, y dos diputados del PSOE y del Partido Comunista que habían abandonado sus reivindicaciones republicanas. Esa Constitución se votó por el pueblo en un clima de amenazas constantes y de vivo recuerdo de los horrores de la Guerra Civil y de la dictadura. El plebiscito de la monarquía es, por tanto, inválido, porque fue convocado en unas circunstancias de permanente coacción, de modo que esa generación de los años setenta responsable de lo ocurrido no puede obligar a sus descendientes a heredar las consecuencias de su actuación.
Lidia Falcón es periodista y escritora