Su defensa de los derechos de los campesinos, indígenas y sindicalistas colombianos le ha llevado a la cárcel en siete ocasiones y al exilio en una, pero a este economista, hoy asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, no es tan fácil intimidarle. Su visita al Estado español es una muestra de […]
Su defensa de los derechos de los campesinos, indígenas y sindicalistas colombianos le ha llevado a la cárcel en siete ocasiones y al exilio en una, pero a este economista, hoy asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, no es tan fácil intimidarle. Su visita al Estado español es una muestra de que las amenazas y la persecución política que sufren él y los sectores sociales a los que apoya son en realidad una motivación más para alzar la voz. Y es que en Colombia, como nos deja claro en esta entrevista, existen muchas razones para no callar.
Como asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena está volcado en la defensa de las luchas agrarias en Colombia. ¿Cuál es la situación de esas luchas hoy?
Las luchas agrarias en Colombia se caracterizan por la violencia gigantesca que sufren el campesinado, los afrocolombianos y las comunidades indígenas. En los últimos 26 años hemos sufrido una violencia terrible cuyo resultado ha sido la paulatina pérdida de todos los derechos que se habían conquistado en 80 años. Este retroceso se ha consolidado con la Ley 11.52 de este año, impulsada por el actual gobierno, una ley que liquida definitivamente las conquistas que se hicieron en 1936. Además, da un gran golpe a los pueblos indígenas, que habían logrado el reconocimiento de sus derechos en la Constitución de 1991 y en el Convenio 169 de la OIT. Esta ley, si bien no significa el despojo total de sus derechos como en el caso de los campesinos, da el primer golpe grave a ese conjunto de derechos. El gobierno actual es rabiosamente antiindígena, porque se ha encontrado con que los indígenas todavía tienen derechos y son un obstáculo para sacar adelante sus políticas. El CECOIN hizo un estudio sobre la violación de Derechos Humanos indígenas entre 1970 y 2006 y lo que se ve es un incremento muy grande de la violencia contra ellos a partir del gobierno Pastrana y mucho más en el gobierno de Uribe. Mientras en la etapa anterior la violencia se concentraba sobre los sindicalistas ahora se está concentrando en los indígenas, que es el sector que mayores movilizaciones ha llevado a cabo en los últimos años.
Estas movilizaciones, ¿van más allá de la reivindicación tradicional del derecho a la tierra?
La reivindicación indígena y campesina actual se orienta fundamentalmente al combate contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU, las políticas neoliberales y los grandes megaproyectos, que afectan la vida de la gente del campo. Grandes megaproyectos como el Plan Puebla Panamá o el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) caen aplastantemente sobre la gente sin que ésta tenga posibilidad de opinar. Lo mismo sucede con las prioridades económicas gubernamentales. En este momento, Colombia ha determinado que la prioridad del desarrollo agropecuario son los agrocombustibles, en particular los dos cultivos de los grandes propietarios, la palma africana y la caña de azúcar. De esa forma, todo lo que son recursos de crédito, exenciones de impuestos, apoyos del Estado… se vuelca a favor de estos grandes propietarios y de los grandes empresarios que procesan el azúcar o el aceite, en perjuicio, primero, de los campesinos e indígenas y, segundo, de la población de las ciudades, que necesita comer. Colombia es un país con un gran déficit alimentario, pero para el gobierno la producción de alimentos no es una prioridad. Tienen un plan que llaman Visión 2019, en el que dicen que de lo que se trata es de tener dinero para importar alimentos, que es para lo que está diseñado el TLC. La realidad es que en este momento, a pesar de la tremenda violencia que se ha ejercido contra el campesinado, éste sigue produciendo la mayor parte de los alimentos del país. Toda la realidad terrible que vivimos tiene que ver con que ese sector que produce la mayoría de los alimentos del país es perseguido y discriminado, se quieren deshacer de él, pero al mismo tiempo lo necesitan. Los grandes propietarios, que tienen el 61 por ciento de la tierra, sólo tienen el 9 por ciento del área sembrada del país; mientras los pequeños propietarios, con el 14 por ciento de la tierra, tienen el 43 por ciento del área sembrada, es decir, son los que mantienen la producción agrícola.
¿Y cuál es el interés de los grandes propietarios?
El objeto de la concentración de la propiedad de la tierra es la especulación con los precios. A los grandes propietarios no les interesa la producción agrícola, pero tienen gran interés en los megaproyectos, que valorizan las tierras que le han quitado a los campesinos. Y esta cuestión de los megaproyectos también tiene que ver con los modelos de propiedad de la tierra. Toda esta lucha no es sólo por la propiedad de la tierra, es una lucha entre dos modelos económicos y la disponibilidad de la tierra es parte de ambos modelos.
En alguna ocasión usted ha dicho que el mapa del conflicto colombiano coincide con el mapa de los grandes proyectos de inversión. ¿Cuál es el objetivo de la guerra entonces? ¿Son el narcotráfico y la lucha contra la insurgencia simples cortinas de humo?
Lo primero que hay que decir es que el narcotráfico no es la causa del conflicto sino una de sus consecuencias. Por un lado, la mafia nace precisamente porque Colombia es un país en el que la violencia ha surgido como forma de eliminar los movimientos sociales, ha habido una tolerancia hacia las máquinas de muerte que ha sido aprovechada por la mafia. Por otro lado, el despojo de tierras de los campesinos, el frecuente desplazamiento por razones de violencia y la política de libre importación seguida por los gobiernos neoliberales causaron situaciones de crisis en el sector productivo agropecuario y llevaron a la pérdida de rentabilidad en muchos cultivos. Así que la población campesina desplazada por la violencia o la ruina se fue a la selva a sembrar coca. ¿Por qué? Porque cualquier producto era una solución para esos campesinos en la miseria. Una vez aparece el narcotráfico se convierte en un poder más, ligado al tradicional. Hoy esto se ve en el fenómeno de la parapolítica, porque todos estos personajes políticos acusados de paramilitarismo están financiados por el narcotráfico. Los sectores en guerra, en particular los paramilitares, han hecho de éste una fuente de financiamiento. Así el narcotráfico pasa a ser parte del conflicto, pero no puede decirse que sea su causa, hay guerra por la coca como hay guerra por otros recursos.
Ha mencionado el desplazamiento. ¿Cómo afecta éste a la estructura socio económica?
El primer efecto es la concentración de la propiedad de tierra y el segundo es la inestabilidad que supone para esta población desplazada: los que van a dar a las ciudades, que son buena parte, están expuestos a la indigencia, la prostitución o la delincuencia. Desde un punto de vista más general y a largo plazo, toda esta masa de desplazados se convierte en mano de obra barata. La máquina de muerte ha sido usada para hacer la violencia en el campo, pero en un determinado momento, cuando los trabajadores lograron hacer un sindicato unitario, la CUT, se lanzó contra ellos esta máquina de violencia y se hizo un verdadero genocidio contra los sindicalistas. Hoy quien sufre más muertos dentro del movimiento sindical son los maestros, porque, al igual que los indígenas, todavía tienen derechos. En los últimos 20 años en Colombia se han dado el 80 por ciento de los asesinatos de sindicalistas en todo el mundo. Así como en el campo tenemos una cosecha del terror con la pérdida de los derechos, en el sector obrero tenemos una pérdida total de los derechos por la liquidación total del liderazgo sindical. Esta violencia contra el movimiento sindical se relaciona con la pérdida de la capacidad de lucha de los trabajadores, porque hay 3 millones de desplazados, que aceptan cualquier salario. El desplazamiento ha aumentado la miseria, no sólo de los desplazados sino del conjunto de los trabajadores.
Esta situación se agravará probablemente cuando se concrete la firma del TLC. ¿En qué estado se encuentran las negociaciones?
El TLC ya fue negociado dos veces, si se le puede llamar a eso negociación, porque el papel del gobierno de Colombia fue decirle a EE UU que sí a todo… La primera fase de la negociación se terminó en noviembre del año pasado, pero las reivindicaciones del movimiento sindical y ecologista estadounidense provocaron que en el Partido Demócrata surgieran nuevos planteamientos sobre el conjunto de TLCs que estaba firmando EE UU. La presión de base de los demócratas ha llevado a que tengan que hacer al menos tres cambios y el gobierno colombiano lo que hizo fue simplemente acatarlos y firmar el texto nuevamente este año. Pero desde el punto de vista del movimiento campesino e indígena colombiano estas condiciones son plenamente insuficientes. Primero, porque las importaciones de productos agrícolas van a ser descomunales y van a agudizar el problema de los cultivos ilegales. En segundo lugar, porque significan la pérdida de soberanía alimentaria del país y, en tercer lugar, porque toda esa masa de productos agrícolas que va a entrar es absolutamente desestabilizadora, va a agudizar la crisis del campo y las causas del conflicto. Por otra parte, el gobierno colombiano esta negociando otros TLCs con la UE, con Canadá, con Guatemala… Desde nuestro punto de vista no es que esté mal hacer tratados comerciales, tiene que haberlos, pero los que se están firmando no consideran para nada la inequidad entre realidades económicas de distinto nivel de desarrollo.
Imagino que, dado el grado de represión, las movilizaciones sociales son poco comparables con las que se están desarrollando en otros países de la región, como Bolivia o Venezuela…. ¿Colombia se queda sola?
La cosecha del terror significa haber aislado a Colombia de todos los procesos que se están dando en América Latina. En un lugar donde los derechos de los trabajadores están demolidos, donde le han quitado la tierra a los campesinos, donde se ha asesinado a miles de líderes indígenas, ¿de dónde vamos a sacar una izquierda como la ecuatoriana o la boliviana? No podemos, vivimos procesos inversos así que los resultados son inversos. En Colombia hay una emergencia de la ultraderecha que se expresa en el gobierno de Uribe y en su «acuerdo de paz» con los paramilitares en el que el objetivo es convertir en institución lo que antes era crimen. La parapolítica es eso, que ellos son el gobierno.
Hace unos días estuvo aquí el vicepresidente Santos diciendo que el paramilitarismo es una cosa del pasado…
Decir que no existe paramilitarismo es una gran mentira, claro que sigue habiendo. Pero el problema no es éste, hay algo mucho más importante y es que los resultados económicos del paramilitarismo están vigentes; es decir, los beneficios económicos que le dieron a las empresas que los financiaron, como la Chiquita Brands, están ahí. Lo que ellos lograron para su negocio es un hecho, era un negocio financiarlos para así controlar la lucha de los trabajadores bananeros. Todas las conexiones de las empresas con el paramilitarismo están vigentes, sus resultados están vigentes.
¿Cómo es posible que la Unión Europea, y en concreto el gobierno español, que se autoerigen en adalides de la defensa de los Derechos Humanos, no lo vean?
Es lo mismo que preguntarse por qué las empresas transnacionales apoyaron el paramilitarismo… porque les convenía económicamente. No podemos negar que en el gobierno actual de los EE UU y de la UE quien pesa son estas empresas. En una situación como la de América Latina, en la que los movimientos sociales y algunos gobiernos cuestionan ese poderío de las transnacionales, se ve que el modelo de impunidad colombiano es exportable a otros lugares, porque les interesa a las empresas transnacionales para poner orden, para acallar a los movimientos populares. En el caso de que estos movimientos cobren más fuerza y se extiendan por toda América Latina, esta máquina de muerte se puede exportar. Pienso que en el cálculo de las transnacionales está el utilizar a Colombia como punta de lanza contra el movimiento popular de América Latina. Así que lo que influyan las multinacionales en los gobiernos europeos va a ser que lo que influya en hacerlos apoyar esta solución, que es apoyar el uribismo, el modelo de impunidad. Los movimientos sociales europeos deben ser muy claros con sus gobiernos, o se apoya este modelo de impunidad para sacar adelante los intereses de las transnacionales o se adopta una posición real de defensa de los Derechos Humanos.
El proceso de paz con las FARC y el ELN, ¿es un proceso muerto?
Sé que con el ELN hay conversaciones, que espero que se profundicen y se sostengan. Con las FARC no hay ningún proceso, sólo la mediación que están llevando a cabo Piedad Córdoba y el presidente de Francia… Pienso que en Colombia la situación con la guerrilla tiene que resolverse por una negociación pero pienso que es mucho más importante que se reconozca que el origen de la violencia tiene que ver con el problema de la tierra. Eso es lo único que puede crear las condiciones para que en Colombia haya paz.
* Aloia Álvarez Feáns forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Esta entrevista ha sido publicada en el nº 29 de la revista Pueblos, diciembre de 2007 – http://www.revistapueblos.org