«Hay un gran pacto de silencio respecto a las fosas comunes del cementerio de Valencia» (24.500 víctimas enterradas en seis fosas, más otras miles sin documentar), afirma Empar Salvador, presidenta del Fòrum per la Memòria Històrica del País Valencià. «A estas fosas eran arrojados represaliados y víctimas de unas condiciones miserables de vida causadas por […]
«Hay un gran pacto de silencio respecto a las fosas comunes del cementerio de Valencia» (24.500 víctimas enterradas en seis fosas, más otras miles sin documentar), afirma Empar Salvador, presidenta del Fòrum per la Memòria Històrica del País Valencià. «A estas fosas eran arrojados represaliados y víctimas de unas condiciones miserables de vida causadas por el franquismo», añade.
Empar Salvador comenzó en solitario la lucha por la memoria de las víctimas. En 2004, tras varios años de búsqueda no exenta de dificultades («como siempre que se choca con tantos intereses»), funda el Fòrum per la Memòria Històrica del País Valencià. Consecuencia de su trabajo, y de la labor de numerosos colaboradores altruistas, son el libro titulado «El Genocidi franquista al País Valencià», donde aparecen los nombres y datos de las personas enterrados en las fosas; y un trabajo documental, con el mismo título, testimonio del terror ejercido por el franquismo en la Valencia de la posguerra.
Esta hija, sobrina y nieta de republicanos empezó a militar contra el franquismo a los 12 años, en la fábrica donde trabajaba junto con otros muchos niños. «Así era la vida de los hijos de los represaliados», afirma. Su padre huyó a Francia tras la guerra civil, donde fue conducido a un campo de refugiados y posteriormente entregado a los nazis cuando ocuparon el país vecino durante la Segunda Guerra Mundial.
Enric Llopis: ¿Cómo era la ciudad de Valencia en la posguerra?
Empar Salvador: Muchas personas habían sido asesinadas, de otras no se volvió a saber, y otras muchas habían muerto de hambre y de tantas carencias como padecieron. Yo siempre había oído que en Valencia la represión fue atroz. Que todo eran cárceles. Miles de personas fueron detenidas y encarceladas en el Convento de Santa Clara, el Monasterio de San Miguel de los Reyes y el de Santa María del Puig, edificios públicos e incluso la plaza de toros. Después de los primeros fusilamientos caóticos, algunos en medio de la calle, comenzaron a fusilar a la gente que estaba en las prisiones. Esto fue lo que me movió a indagar, buscar las fosas y a todas las personas que a ellas fueron arrojadas.
EL: ¿Cuántas fosas y víctimas habéis documentado en el Cementerio General de Valencia?
ES: Han sido 6 las fosas descubiertas en todo el Cementerio general de Valencia, que ocupan una superficie de 41.020 metros cuadrados, y cuando documentamos a las víctimas una por una, el total ascendía a 24.529, todas entre el 1 de abril de 1.939 y el 31 de diciembre de 1945. De todos modos, esta cifra es orientativa ya que muchos miles de personas sin documentar fueron también arrojadas a las fosas. Según afirma Francesco Cossiga, presidente emérito de Italia, en el prólogo del libro de Toni Strubell «El moment de dir prou», estas fosas son las más grandes de Europa.
EL: ¿Cual fue la magnitud de la represión?
ES: En Valencia hubo una represión implacable contra las clases populares. A las fosas comunes no iban a parar ni ricos, ni afectos al régimen, ni falangistas. Eran arrojados los represaliados (ejecutados «legal» o extrajudicialmente, asesinados por palizas, torturas y en lugares de detención) y las víctimas de las miserables condiciones de vida que el franquismo impuso a la población republicana que sobrevivió a la guerra. Muchas personas mueren además de hambre, frío y enfermedades.
EL: ¿Consideras que puede hablarse de «genocidio» franquista en el País Valenciá?
ES: Hubo una deliberada voluntad política de eliminación de un grupo nacional diferenciado, el republicano. A ellos y a sus valores culturales y políticos. Raphael Lemkin, quien dio origen al término «genocidio», explica esto mismo en sus textos. Para conseguir este objetivo se valieron de toda una infraestructura estatal militar, policíaca, social (grupos de paramilitares como la falange o el somatén) o la propia Iglesia Católica, que puso a disposición del Estado sus edificios. Éstos fueron habilitados como cárceles.
EL: Uno de los mayores escándalos ha sido la actuación del Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el Partido Popular, y su pretensión de construir 1.030 nichos sobre las fosas comunes.
ES: Ellos dicen que el contrato lo habían formalizado anteriormente, pero lo cierto es que las obras empezaron a raíz de que hiciésemos públicos los datos de la investigación. A los pocos días de publicar un informe sobre las fosas existentes y el número de personas arrojadas a cada una, empezaron a vallar el perímetro de la única fosa que no había sido destruida y empezaron las obras.
EL: El Fòrum ha denunciado asimismo la pretensión del Ayuntamiento de llevarse los libros de registro del cementerio.
ES: Nos llegó la noticia de que los Libros de Registro donde están anotadas las personas tiradas a las fosas, iban a ser sacados de la oficina donde se encontraban. Entendimos que si destruían la única fosa que quedaba con la construcción de los nichos, y se llevaban los Libros, no quedarían pruebas ni datos de las fosas ni de las personas tiradas a ellas. Montamos guardia hasta que fue la notaria a levantar acta sobre los Libros y la llevamos al Juzgado.
EL: ¿A qué intereses obedece y qué nombres concretos, o de familias, existen detrás de estas maniobras?
ES: Los intereses están claros: no quieren que se conozca la verdadera dimensión de la represión franquista en Valencia. Hay muchos intereses en juego. Prueba que cuando el General Mola dijo en su Instrucción Reservada n.º 1, de abril de 1.936 (antes de comenzar la guerra), que «hay que sembrar el terror» y «eliminar a todos los que no piensen como nosotros», iba en serio. Eso es genocidio, y según la legislación internacional, esa calificación lleva consigo implicaciones penales, económicas y administrativas para los responsables y colaboradores, que el gobierno español, a juzgar por sus actuaciones, no esta dispuesto a asumir. Al revés, todas las actuaciones van encaminadas a blindarles la impunidad.
EL: Tras tres años de pleitos, ¿en qué fase de la vía judicial nos encontramos actualmente? ¿Tienes alguna confianza depositada en esta vía?
ES: Tenemos interpuesto ahora mismo un Recurso de Amparo en el Tribunal Constitucional para tratar de impedir la destrucción de la fosa, y estamos pendientes de su resolución. La vía judicial, viendo muchas cosas que pasan, la encuentro muy imprevisible, casi de ciencia-ficción; no soy capaz de hacerme ninguna idea de cómo se resolverá todo este proceso.
EL: ¿Piensas que hay un «pacto de silencio» en torno a la memoria histórica? ¿De qué modo participan partidos políticos y medios de comunicación, incluidos los pretendidamente progresistas?
ES: De que en Valencia hubo y hay un «pacto de silencio» respecto a las fosas comunes del cementerio, para mantenerlas en el mayor de los silencios, no puede haber muchas dudas. La «izquierda» gobernó el Ayuntamiento de Valencia durante 14 años, y durante ese periodo, ni se protegieron ni se hicieron públicas, es más, también construyó encima de ellas, o sea, destruyó. De hecho, han permanecido en la clandestinidad más absoluta hasta que yo misma las descubrí y se hicieron públicas a través del Fòrum per la Memòria del País Valencià.
EL: ¿Una revisión a fondo de la memoria histórica supondría asimismo reconsiderar la «idílica» transición?
ES: La transición no tuvo nada de idílica. Tanto la derecha como la «izquierda» pactaron la impunidad para los responsables y colaboradores del genocidio, la destrucción de sus pruebas y el olvido y negación de las víctimas. Eso más bien podría calificarse de ignominia.
EL: ¿Cómo puede desmontarse ese tópico tan extendido desde el poder y entre buena parte de la ciudadanía de que «hubo muertos en los dos bandos»?
ES: En España no hubo «bandos». En España existía el Gobierno de la II República legítimamente constituido tras unas lecciones libres y democráticas, al que se atacó mediante un golpe de Estado criminal, promovido por el sector fascista del ejército, la Iglesia Católica, los terratenientes y los poseedores de las grandes rentas, apoyados, entre otros, por la potencia imperialista más grande del mundo en aquel momento, que era la Alemania nazi. Y un pueblo que salió a la calle a defender con lo que pudo a su República, la que había ganado legítimamente en las urnas. No se puede calificar por igual a los que realizan o apoyan un acto criminal, y a los que caen defendiendo la legalidad y el bien común.
EL: En diciembre de 2007 entra en vigor la Ley de la Memoria Histórica. ¿Qué opinión tiene de este texto legal? ¿Supone un avance en algún sentido?
ES: Desde nuestro punto de vista no. Y en eso coincidimos la mayor parte del movimiento para la recuperación de la memoria. La consideramos más bien una vergüenza social. Ni tan siquiera es capaz, después de 70 años de ocurrido el genocidio, de anular los Consejos de Guerra sumarísimos, que no fueron más que una farsa siniestra de la que se valió el franquismo para llevar a miles de demócratas al paredón de fusilamiento; por otra parte, blinda la impunidad a los responsables y colaboradores del genocidio, declarando todos sus delitos prescritos en razón del tiempo transcurrido, obviando que cometieron crímenes contra la humanidad. No hace para nada justicia a las víctimas del franquismo.
EL: ¿Qué explicación subyace a la decisión de Garzón de iniciar una causa penal contra la dictadura y la autorización de la apertura de fosas, y su inhibición (en apenas un mes) en favor de 62 juzgados provinciales? ¿En qué punto consideras que interviene la razón de Estado?
ES: La razón de Estado parece intervenir en todo momento. Son tantas las digamos «extravagancias» ocurridas en este proceso que, todavía, los juristas y abogados que intervienen en él están asombrados. Incluso se reunió de urgencia, a petición del fiscal, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, convocando a todos los jueces, paralizando un juicio de la Operación Malaya, otro de ETA… casi como si fuera una emergencia nacional, para paralizar la medidas ordenadas por el juez, que en realidad eran las órdenes de exhumaciones. Para Valencia se había ordenado judicialmente la exhumación de tres de las fosas del cementerio que hubiese supuesto la exhumación más grande realizada hasta ahora, sin precedentes en ningún sitio, aunque la prensa no le dio ninguna importancia al «detalle».