Según el 15M, existe una catástrofe habitacional sin precedentes que afecta a decenas de miles de personas en Andalucía
Reclaman a la consejera, Elena Cortés, que se persone en la Delegación para recoger la petición con el compromiso de iniciar los trámites para su aprobación.
Miembros del 15M Vivienda Sevilla iniciaron ayer jueves un encierro indefinido en la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, ubicada en la Plaza de San Andrés en Sevilla, mientras en el exterior permanece una concentración de apoyo.
A través de esta iniciativa, exigen que la consejera, Elena Cortés, se persone en la Delegación para recoger la petición de la Declaración del Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía y se comprometa a iniciar los cauces para su aprobación, trasladándola al consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera Suárez-Bárcena, cuya competencia es elevar al Consejo de Gobierno dicha demanda.
El 15M Vivienda Sevilla señala que «la crisis económica y financiera que asola Andalucía ha amenazado y deteriorado hasta tal punto las condiciones del ejercicio del derecho a la vivienda, que permite hablar con toda propiedad de la existencia de una catástrofe habitacional sin precedentes en nuestra tierra«, por lo que, añaden «al igual que se haría con otras calamidades públicas, es precisa la declaración del Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía».
En un documento que acompaña a la petición del Declaración del Estado de Emergencia Habitacional, se describe Andalucía como la «la región que más está sufriendo la actual situación de crisis«. Según el 15M, en esta Comunidad Autónoma hay 2.653.693 de personas en riesgo de pobreza, el 31,7% de la población total, y la tasa de paro ha alcanzado un 36% en el último trimestre de 2012, «un dato similar al de Afganistán y superior al de Camerún», llegando hasta el 65% en la población juvenil. En 2011, Andalucía fue la región donde se produjo el mayor número de ejecuciones hipotecarias, 16.313, y el segundo mayor número de lanzamientos, tras la Comunidad Valenciana, un total de 9.864. En contraste con estos datos en Andalucía se han estimado más de 500.000 viviendas vacías, siendo la provincia de Sevilla la quinta en el ranking nacional con 125.000 viviendas vacías.
La consecuencia es «una creciente población desahuciada o en riesgo de desahucio por dejar de pagar su alquiler o su hipoteca, decenas de miles de personas en Andalucía se ven forzadas a vivir en la calle, en chabolas, en estructuras temporales, en locales y garajes, en coches y furgonetas y en espacios con obsolescencia constructiva y funcional, expuestos a situaciones de peligro e insalubridad». Según el 15M Vivienda, «La factura psicológica de los desahucios supone para las personas un intenso estrés, baja autoestima, ansiedad, angustia y depresión», «la rotura de sus redes de identidad, produciéndose una reconstrucción traumática de su vida». Consecuencias, también, para los menores que viven un desahucio. «Cuando un menor junto con su familia pierde su casa, también pierde su colegio, su guardería y su círculo de amistades, el drama del desahucio supone un hecho traumático que deja secuelas psicológicas en los menores y pone en serio riesgo su bienestar general y su adecuado desarrollo».
Según afirman, «una estimación conservadora del número total de personas en Andalucía que están amenazadas con perder su vivienda, las que la han perdido en los últimos años y las personas que no tienen acceso a una, sería del orden de decenas de miles de potenciales desplazados. Si a esto sumamos las personas con problemas de habitabilidad la cifra se dispara a los cientos de miles. En casos de desastres naturales han sido necesarios un número mucho menor de afectados para que se declare el estado de emergencia».
En su demanda, afirman que «la Junta de Andalucía tiene la obligación de atajar esta catástrofe y los instrumentos legales y materiales para hacerlo«. En este sentido, aluden a la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía, que configura la gestión de emergencias como un deber de la Administración y la define como «situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como aquellas otras situaciones no catastróficas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos». Tal calificación exige la inmediata implementación de los mecanismos recogidos tanto en la Ley como en el vigente Plan Territorial de Emergencias de Andalucía.
La declaración del estado de emergencia habitacional en Andalucía, según el 15M, supondría, en primer lugar, «alentar a la población al ejercicio de su derecho/deber de autoprotección», tal y como establece el artículo 5.2 de dicha Ley («los ciudadanos que puedan verse afectados por situaciones de emergencia, deben adoptar las medidas de autoprotección que les resulten aplicables»). Este caso, según el 15M, corresponde al de «cientos de personas han tomado la sensata decisión de oponerse a los desalojos de sus viviendas o la de ocupar viviendas vacías, mientras los poderes públicos reprime de diversas formas esta práctica.
Entre las medidas de «carácter excepcional» que recoge la Ley se contemplan, asimismo, «Acordar la permanencia en domicilios» y «Ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos bienes y servicios que se considere estrictamente necesario, en la forma y supuestos previstos en las Leyes». Según el 15M, «la adopción de este tipo de medidas permitiría la suspensión de la ejecución de las órdenes judiciales de lanzamientos de viviendas de residencia habitual, poner a disposición de las personas necesitadas cientos de viviendas ociosas y facilitar los suministros de agua y energía eléctrica o gas a aquellas personas que por diversas razones se encuentran privadas de los mismos».
Con la declaración del Estado de Emergencia Habitacional se exigen otras medidas, como «la inmediata puesta en uso de la vivienda pública y de VPO vacante, el inmediato cese de desalojos de viviendas públicas, la aplicación taxativa de la normativa de VPO que obliga al uso como residencia habitual de la vivienda de tal carácter y a la intervención decidida de los servicios de protección del consumidor frente a los abusos bancarios».
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se suma la petición de la Declaración del Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía: «Las administraciones deben estar a la altura de las necesidades reales de la población»
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) entendemos que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental, por lo que las Administraciones deben velar para su cumplimiento. Estamos viviendo una verdadera situación de Emergencia Habitacional en Andalucía: chabolismo (los tradicionales y los nuevos asentamientos), personas sin hogar, jóvenes que no pueden acceder a este bien básico, hacinamiento, infravivienda, desahucios continuados… En 2011, Andalucía fue la región donde se produjo el mayor número de ejecuciones hipotecarias, 16.313, y la segunda comunidad autónoma con mayor número de lanzamientos, un total de 9.864. En contraste con estos datos, en Andalucía se han estimado más de 500.000 viviendas vacías (informe de LDC 2011).
Ante esta situación insostenible entendemos que la Junta de Andalucía debe declarar el Estado de Emergencia habitacional y poder tomar medidas adecuadas y proporcionales al drama que estamos viviendo y que tantas personas están padeciendo de forma injusta.
La sociedad se está organizando de diferentes maneras para abordar esta situación de emergencia: presentando una ILP, parando desahucios, negociando colectivamente, realojándose en viviendas desocupadas, etc. El movimiento por el derecho a la vivienda, del que la APDHA forma parte, está haciendo un trabajo muy importante y necesario en la defensa efectiva del derecho a la vivienda.
La APDHA entiende que las personas no se pueden sentir en desamparo, en una lucha que entiende desigual, con unas leyes que defienden a una parte y dejan a su suerte a una mayoría de personas. La Declaración del Estado de Emergencia Habitacional es un paso necesario para la defensa activa del derecho a la vivienda y abrirá una posibilidad real de abordar una situación que es insostenible.
Estamos ante una situación de emergencia habitacional y por tanto las respuestas deben estar de acorde con esta situación:
1- Paralización de todos los desahucios y desalojos de primeras viviendas, acordando la permanencia en los domicilios en espera de una situación válida que garantice el derecho a la vivienda.
2- Erradicación de la infravivienda, satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.
3- Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.
4- Despenalización de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.
Y las respuestas deben darse hoy, poniendo al servicio de las personas las casas que están deshabitadas. Cada día que pasa es un día perdido para solucionar lo que aún es posible y que no se solventará mirando para otro lado o desalojando y desahuciando de espaldas a la sociedad.