Traducido para Rebelión por Loles Oliván
La cuestión no es que Al-Yazira y The Guardian filtraran los documentos que detallaban las negociaciones entre Israel y la Autoridad Palestina. Todos teníamos una visión general de las posiciones adoptadas por los negociadores palestinos frente a Israel. Esas posiciones ya se sometieron a fuertes críticas por ser excesivas, especialmente las concesiones hechas con respecto a los derechos inalienables del pueblo palestino. El rechazo a tales concesiones se ha subrayado en conferencias, declaraciones y manifestaciones durante varios años.
Sin embargo las filtraciones revelan la verdadera imagen de la sumisión de los negociadores, lo bajo que podían llegar y la forma descarada en la que suplicaron a los israelíes algo más que un mini-Estado de ciudadanos metidos en jaulas aisladas y refugiados palestinos abandonados a lo largo de «la hoja de ruta para la paz». Por ello, a los negociadores se les recompensó con buenos empleos y villas en Abu Dis o en Jericó; mientras tanto, la cuestión de Palestina, incluida Jerusalén y el derecho al retorno, se podían ir al infierno.
Ese es el verdadero problema y el verdadero escándalo; la gota que colmó el vaso. Después de mostrar una gran paciencia durante 18 infructuosos años desde el desastre de Oslo, es hora de que los refugiados palestinos hagan su propia revolución popular.
Tras la muerte de Yaser Arafat, quien se aferró a las constantes de los derechos palestinos a pesar de sus muchos errores y de su íntimo círculo de corruptos, tuvimos que aguantar al grupo que incluso el enemigo israelí no consideró digno de asesinar, a diferencia de los casos de Abu Yihad (Jalil al-Wazir), Abu Iyad (Salah Jalaf Mesbah) y otros; de hecho, los israelíes probablemente se dieron cuenta del beneficio de mantenerlos con vida. Por lo tanto, la Autoridad Palestina «de Vichy» llevó a cabo su misión principal como subcontratista para Israel; era menos costosa que los mercenarios de Blackwater y más receptiva.
Tan receptiva, de hecho, que nos encontramos con lo siguiente: la cuestión medular para los palestinos, el derecho al retorno de los refugiados, ha desaparecido de la agenda pasando a la reserva como una potencial «bestia negra» en los debates. Las filtraciones de Al-Yazira revelan que el jefe negociador Saeb Erekat (quien ha anunciado a la BBC que ha dimitido de su cargo) dijo que la oferta palestina a Israel fue conceder a los refugiados la posibilidad de un retorno simbólico a Palestina, que solo regresarían unos pocos miles, o un cambio de exilio, por ejemplo, de Argentina a Chile, o un traslado desde el campamento de refugiados de Ein El-Hilwah, en Líbano, al campamento de refugiados de Balata, en Cisjordania. El primer axioma en el corazón de cada palestino, y en el derecho internacional, es que el derecho al retorno de los palestinos se materializa sólo mediante el regreso de los refugiados «a la tierra, a la casa o al lugar del que ellos o sus familias fueron expulsados en 1948 y al que nos se les permitió volver».
La opción del negociador es una trampa. El derecho al retorno es un derecho individual inalienable con el que no se puede negociar; todo refugiado tiene derecho a utilizarlo en cualquier momento, porque no tiene fecha de caducidad. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé el derecho de toda persona a abandonar su país y a regresar a él; es decir, no está sujeto a acuerdos internacionales o a negociaciones y nadie lo puede anular.
La propuesta de que se podría renunciar a Jerusalén y a la ciudad vieja es imperdonable aunque se endulce con la pseudo-respetabilidad de un comité internacional que gestione el noble santuario. Si el derecho internacional ha rechazado ese concepto, ¿cómo pueden aceptarlo aquellos que dicen representar a la gente de Tierra Santa?
En cuanto al intercambio de tierras, es un pecado nacional, legal y geográfico. Israel no es en ningún caso propietario de la tierra que ocupó en 1948 al oeste de la línea del armisticio, así que ¿cómo puede proponer intercambiarla por el territorio situado al este de la línea del armisticio que ocupó en 1967 y del cual no es propietario? El intercambio de tierras constituye una clara violación de la Carta Nacional Palestina que estipula que la tierra de Palestina es una e indivisible. Es irónico que el propio Mandato de la Liga de Naciones requiriese que Palestina siguiera siendo indivisible. ¿Son los negociadores palestinos menos patrióticos que Gran Bretaña, que permitió la inmigración masiva de judíos a Palestina antes de 1948? Si la parte israelí decide aceptar la oferta palestina, ¿celebrará un referéndum la Autoridad Palestina sobre la división ilegal de la tierra? Y si el pueblo de Palestina rechaza el cambio propuesto, lo que es casi seguro siempre y cuando el referéndum no sea fraudulento, ¿cuál será la posición internacional?
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Consejo Nacional Palestino (CNP) -que elige la dirección de la primera- son los logros más importantes alcanzados por el pueblo palestino. No hemos ganado ninguna guerra a pesar del sacrificio de miles de vidas y aún así ganamos el reconocimiento internacional. Pero los que ocuparon los puesto de la OLP y del CNP durante un cuarto de siglo ya no representan a los 11 millones de palestinos que hay por el mundo, la mitad de los cuales nacieron después del desastre de Oslo y tres cuartas partes de los cuales viven en la diáspora. Sólo el 18% de los palestinos vive bajo el estado policial de la Autoridad Palestina que vigila todos sus movimientos en caso de que piensen en la resistencia a la ocupación israelí, y que corta sus medios de vida si se oponen a las políticas de la AP.
La Autoridad Palestina creció de tal modo que devoró a la OLP a la que ha mantenido para darse un barniz de legitimidad cuando sea necesario. Algunas instituciones palestinas son anteriores a la Autoridad Palestina, como la educación, la salud y los municipios. Las que entraron en vigor junto con la Autoridad Palestina, tales como las fuerzas de seguridad, los equipos de negociadores políticos y los departamentos de relaciones públicas y medios de comunicación, están pagadas e influenciadas por la ocupación israelí y por Estados Unidos con el apoyo de la UE.
Toda la Autoridad Palestina y sus operaciones han de situarse en su contexto; para entender por qué plantea estas preocupaciones, tenemos que buscar las raíces de los problemas a los que supuestamente ha de hacer frente. La ocupación de Palestina no comenzó en 1967; comenzó en 1948, con la Nakba (la Catástrofe) de la creación del Estado de Israel y el comienzo de la limpieza étnica de Palestina. El primer objetivo de los refugiados, que ahora representan tres cuartas partes de todos los palestinos, era regresar a su patria. En 1950 se celebró la primera conferencia de refugiados en la Franja de Gaza, la única parte de Palestina que no cayó bajo la ocupación israelí o bajo la anexión de Jordania. La prioridad era volver a casa a través de un programa nacional que incluía la resistencia y la representación popular de los refugiados, además de un sistema de educación nacional. Ello dio lugar a la formación del «Comité Ejecutivo de la Conferencia de los Refugiados» que representó a los refugiados hasta la creación de la OLP en 1964. Este Comité fue el que estuvo detrás de la creación del primer Consejo Legislativo en Gaza a comienzos de los años sesenta y envió su primera delegación de refugiados a las Naciones Unidas en 1961.
En los años posteriores a la Nakba la ayuda extranjera no fue motivo para abandonar derechos fundamentales por sobornos directos o indirectos; ni era necesario formar a los refugiados sobre la realidad política, como ocurre hoy en día. Los primeros refugiados quemaban los suministros de alimentos en los almacenes de la UNRWA cuando se ofreció ayuda extranjera a cambio de que renunciasen a su patria. Estaban hechos de otra pasta en aquellos años.
No es de extrañar, por tanto, que después de la larga trayectoria del movimiento nacional que acabó trágicamente en los Acuerdos de Oslo, el movimiento por el derecho al retorno vuelva a cobrar notoriedad. En la actualidad constituye una fuerza importante y muy eficaz en las capitales extranjeras de todo el mundo, incluidos algunos países árabes, con alrededor de un millón de miembros activos que representan a siete millones de refugiados.
Esta cifra relativa al número de refugiados incluye a los desplazados en el interior de Palestina en 1948 que permanecieron en su propio país llamado ahora Israel, y que siguen siendo parte integrante del pueblo palestino; sus dirigentes languidecen en las cárceles israelíes. A pesar de ser actores claves en la campaña por el derecho al retorno, la OLP, por desgracia, les ignora y les ha dejado fuera de las «negociaciones» con las autoridades de ocupación israelíes. La organización debería haber prestado atención a los primeros signos de abandono de la cuestión de los refugiados durante las negociaciones, en cuyos debates ha brillado por su ausencia.
Durante las conferencias internacionales patrocinadas por Canadá en los noventa (yo mismo asistí a algunas de ellas), los defensores del derecho al retorno eran individuos y grupos de nacionales que se opusieron a los israelíes y a ciertos individuos designados por la Autoridad Palestina, algunos de los cuales permanecen en sus puestos en la actualidad. Esta situación deberían haberla atajado antes de que comenzase los que pertenecían al antiguo Consejo Nacional Palestino pero esa carga la soportaron los comités populares del derecho al retorno, que han desempeñado un gran papel allí donde hay diáspora palestina.
Volver a las raíces del problema se ha convertido en una urgente necesidad después de 18 años del engaño de Oslo y la pérdida de casi un cuarto de siglo en una lucha nacional que ha producido instituciones nacionales sin credibilidad alguna entre la gente.
Ahora debe haber una revolución popular impulsada por aquellos que todavía tienen las llaves de sus hogares en la Palestina ocupada, de donde fueron expulsados en 1948. Ellos son los legítimos propietarios de la tierra en la que se ha construido Israel y son ellos los que han sufrido la pérdida de sus hogares y sus seres queridos los que han sido martirizados en la lucha por la justicia.
Nosotros, los refugiados palestinos, por lo tanto, reclamamos lo siguiente:
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La destitución de sus cargos, sin más demora, de los desacreditados negociadores de Oslo, y la deslegitimación de sus acuerdos, acciones y declaraciones anteriores.
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Una nueva conferencia sobre «los que conservan las llaves» y sus representantes de todo el mundo para defender su tierra de Palestina y crear un «Consejo para los Refugiados».
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Que el actual Consejo Nacional Palestino, que carece de legitimidad de facto y en virtud de su incapacidad para desempeñar ningún papel en las últimas dos décadas, se reúna y se autodisuelva como paso previo a la elección de un nuevo Consejo Nacional que represente a todos los palestinos en todas partes (incluidos los palestinos de los territorios ocupados en 1948, que deben tener un régimen especial), comprometiéndose con la Carta Nacional Palestina original. Es inaceptable que las actuales autoridades obstruyan una Comisión Preparatoria para las elecciones, o que argumenten que las elecciones son difíciles o imposibles porque no se conoce el paradero de todos los palestinos. Estas son excusas endebles destinadas a perpetuar el inaceptable statu quo.
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El nuevo Consejo Nacional debe establecer un tribunal nacional para exigir responsabilidades a todos aquellos que han desempeñado algún papel desde los acuerdos de Oslo en la violación de temas de interés nacional, en la colaboración con los israelíes y en la corrupción política y financiera.
Los comités para el derecho al retorno de todo el mundo han reclamado un programa político que incluya los puntos mencionados anteriormente. Todos los refugiados palestinos interesados deberán enviar un mensaje a la Conferencia del Derecho al Retorno. Ningún derecho se pierde mientras haya un pueblo que lo reclame y lo necesite.
* Salman Abu Sitta es el presidente fundador de la Sociedad Palestina de la Tierra Palestina y asesor honorario de Middle East Monitor. Este artículo es una traducción del original en árabe que apareció en Al-Quds Al-‘Arabi, el 9 de febrero de 2011.
rCR