La lucha por la república ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años. De la primera concentración republicana, el 14 de abril de 1998 en Valencia, a las decenas de concentraciones y manifestaciones por la República de este año por todo el estado, el crecimiento ha sido considerable. Un salto cualitativo se produjo con […]
La lucha por la república ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años. De la primera concentración republicana, el 14 de abril de 1998 en Valencia, a las decenas de concentraciones y manifestaciones por la República de este año por todo el estado, el crecimiento ha sido considerable. Un salto cualitativo se produjo con la manifestación del 6 de diciembre de 2003, cuando mientras las fuerzas políticas del régimen celebraban el 25 aniversario de la Constitución de 1978, miles de personas salimos a la calle a reivindicar unitariamente la III República, la soberanía popular, el derecho de autodeterminación de los pueblos y a rechazar esa misma Carta Magna. Un año antes se celebraba el Encuentro Republicano de Segorbe, que inició la serie de encuentros estatales de colectivos republicanos que poco después, en febrero de 2004, se dotaban de una plataforma común de mínimos, con la aprobación del programa de ocho puntos. En el Encuentro de noviembre de 2005 se abordaron cuestiones organizativas, que se tratarán más detenidamente en una nueva reunión antes del verano.
En los últimos años, cada manifestación por la República y de denuncia de la ilegitimidad primaria de la monarquía en numerosas ciudades y pueblos ha sido superior a la anterior, a pesar de las limitaciones de la propaganda por razones económicas de la debilidad de las fuerzas políticas que dan cuerpo a esta reivindicación y del bloqueo de los medios de comunicación. La importante presencia de jóvenes en estas movilizaciones y de banderas republicanas en movilizaciones de cualquier tipo, confirman el profundo arraigo y las importantes perspectivas de futuro del movimiento republicano. Aunque para muchos la república aparezca como un objetivo lejano y difícil, cada vez se identifica más a la monarquía como el elemento central del actual estado de cosas, frente al cual la República aparece como una esperanza.
La monarquía es una forma de estado anacrónica, un residuo de las formas de dominación feudales. Su existencia siempre implica la protección de privilegios y es un centro de reagrupamiento de las fuerzas de la reacción. Aquí es, además, especialmente ilegítima por proceder de una imposición del franquismo, aceptada bajo la amenaza de continuación de la dictadura durante la llamada «Transición Democrática», que no fue sino un cambio en la forma de dominación, es decir, del régimen, de la misma burguesía que no dudó en provocar una guerra civil cuando consideró que sus privilegios peligraban. La «monarquía del 18 de julio» se constituía así en garante de la conservación de los privilegios de la Iglesia, la intangibilidad de las fuerzas represivas del franquismo, y la inviolabilidad de la «unidad de España», puesta bajo la responsabilidad de un ejército sin depurar cuyo jefe es el propio Monarca.
Luchamos por deslegitimar ante las masas a la monarquía borbónica y la Constitución de 1978. La Constitución de 1978 es la cobertura ideológica de un proceso que permitió a la burguesía mantener indemne su poder bajo nuevas formas, con una democracia formal seriamente limitada. En este proceso, los principales partidos de la izquierda, PSOE y PCE, haciendo toda clase de dejaciones, alcanzaba la legalidad y ciertas prebendas para cogestionar el sistema. La Transición, que no ha producido la reparación de los daños que se han hecho a este país y a los luchadores antifascistas se saldó con una derrota política e ideológica de la izquierda y el movimiento obrero.
Ante el auge de la reivindicación de la República, el gobierno del PSOE y sus aliados tratan de tergiversar su contenido político y derivarlo a actos nostálgicos y de rememoración histórica sin reivindicación republicana contra la monarquía actual. También se intenta confundir el sentido de la reivindicación de la memoria histórica, derivándola hacia el historicismo sin contenido y fomentando la idea de la equiparación de las responsabilidades de los dos bandos. La peor de las manipulaciones es la que consiste en hacer creer que la lucha de los que lucharon en el lado republicanos durante la guerra civil culmina con la actual «democracia» y que la Constitución monárquica es la plasmación de los valores republicanos. En esta línea va la proposición de ley presentada por I.U., que pide la declaración del año 2006 como año de la Memoria «en homenaje y reconocimiento de la Segunda República como antecedente de la Constitución de 1978…» Se reafirma así la Constitución de 1978 y se dice que la II República era buena porque era su antecedente. El sinsentido es total: una República es el antecedente de una monarquía surgida de una dictadura. Esa es la línea actual del sistema: si no se puede eliminar el republicanismo se desvirtúa su significado.
Ante tanta manipulación, Corriente Roja y Partido Comunista de los Pueblos de España, como organizaciones revolucionarias y en el marco de la lucha por el socialismo, nos reafirmamos tanto en la lucha contra la monarquía y la Constitución de 1978, como en el objetivo de la proclamación de la III República. La lucha por estos objetivos es el mejor homenaje que podemos hacer a los luchadores republicanos y antifascistas que murieron durante la Guerra y la larga dictadura.
La ausencia de ruptura con la dictadura y, por tanto, la continuidad con la misma, da lugar a la paradoja de que mientras los Tribunales españoles se consideran competentes para procesar a los dirigentes de otros países de crímenes de estado, considerando ilegítimos sus marcos jurídicos, niegan los derechos de los luchadores antifascistas y se oponen a la anulación de los juicios militares sumarísimos basándose en la Ley de Amnistía de 1977 y la Constitución de 1978, que se convierten así en auténticas Leyes de Punto Final. Rechazamos cualquier intento de igualar a los dos bandos de la guerra civil y apoyamos la petición de derogación de la Ley de Amnistía de 1977, por cuanto se trata de una Ley de Punto Final de los crímenes y demás actos de violencia fascista cometidos por el franquismo.
A medida que la precariedad y el deterioro de las condiciones de vida se extienden, sobre todo entre los jóvenes, resulta más intolerable el peso de una jefatura del estado que no ha elegido nadie y de una familia real que vive a costa de los demás. La boda y el nuevo palacio del príncipe fue un insulto para mucha gente. Cuando el accidente del Yakovlev el rey estaba cazando osos en Rumania (¡una especie en grave peligro de extinción, fuertemente protegida aquí!!) y cuando cayó el helicóptero en Afganistán estaba de safari en África, sin que interrumpiese la cacería durante los tres días siguientes. Un nuevo escándalo se produjo al saber que fue el propio rey de España quien pidió al monarca de Marruecos «ayuda» para expulsar a los inmigrantes de Ceuta y Melilla, tras lo que fueron deportados al desierto.
Los privilegios del Rey, la intervención descarada de los militares en la vida política (Mena), los privilegios de la Iglesia Católica, que sigue y va a seguir siendo subvencionada por el Estado y a la que se le entregan más y más tramos del sistema educativo, la discusión de los Estatutos de Autonomía, que cada día recuerda que lo que afecta a cada pueblo se decide en Madrid bajo el permanente chantaje militar, la Ley de Partidos, tantas veces apoyada personalmente por el Rey, que muestra a las claras los límites de las libertades supuestamente garantizadas por la Constitución de 1978, son los elementos que conforman una situación en la que el régimen actual comienza a perder su solidez y legitimación a los ojos de las masas.
La mayor deslegitimación del sistema proviene de la percepción de las condiciones de vida y de trabajo como consecuencia de la aplicación implacable del modelo neoliberal. Frente a los beneficios insultantes de la banca, las grandes empresas y el capital especulativo en general, el procesamiento de grandes empresarios y banqueros por robos manifiestos que jamás concluyen en sentencias condenatorias, la actuación criminal en el saqueo de recursos y de persecución sindical de las multinacionales españolas en América Latina, las reformas fiscales -ahora se ha presentado una nueva- que una y otra vez disminuyen los impuestos directos para aumentar los indirectos, etc., chocan con el incontenible desastre medioambiental y la amenaza cada vez más cercana de crack energético, el descenso de los salarios reales, la escandalosa y progresiva carestía de la vida, los intolerables precios de la vivienda (han subido en los últimos años 14 veces más que los salarios), las interminables jornadas de trabajo, la precariedad, los accidentes laborales cada vez más numerosos y las personas inmigrantes desesperadas perseguidas a tiros y abandonadas en el desierto. Este es el escenario cotidiano de nuestra particular barbarie capitalista, de la que el régimen monárquico es el garante institucional.
El malestar y la tensión social aumentan por el momento de forma silenciosa y casi imperceptible por el control mediático, pero la aparente calma puede resultar engañosa. El hecho de que sea un partido supuestamente de izquierdas, apoyado por otros de similar ideología, quien esté aplicando esas políticas, con la plena aquiescencia de las cúpulas sindicales de CC.OO. y UGT, dificulta la lucha al desaparecer la actitud crítica de esas organizaciones frente al PP. Una entrega de principios políticos ha sido la aprobación de la Ley de Defensa Nacional presentada por el PSOE y apoyada por la izquierda institucional, que prevé la participación en intervenciones militares en otros países ya sea bajo la bandera de la ONU, la OTAN o la UEO. También la ha sido la LOE, en la que se han aceptado muchas enmiendas de la derecha y la patronal, que han empeorado una ley ya inicialmente neoliberal y privatizadora.
Ya se han anunciado los proyectos para lo que queda de legislatura: nueva reforma laboral, otra reforma fiscal y recorte de pensiones. El pacto PSOE-CiU sobre el Estatuto de Catalunya anuncia un giro derechista que ya se ha manifestado en la tramitación de la LOE. La carta del gobierno en defensa de la versión más dura de la Directiva Bolkestein muestra su verdadera ideología. Ahora ya no es posible soñar en soluciones exclusivamente electorales para resolver los problemas populares. En este momento es el propio entramado institucional, con el rey a la cabeza, el que muestra en su integridad los intereses capitalistas a los que sirve.
La tormenta política desencadenada por el Estatuto de Catalunya muestra los límites del corsé constitucional frente a la reclamación insoslayable del derecho de autodeterminación de los pueblos. No hay que confundir el proyecto burgués con la reivindicación de la autodeterminación; el debate actual expresa sólo las contradicciones entre la burguesía catalana y la españolista, mientras el carácter de clase de una reforma promovida por un supuesto gobierno de izquierdas en Catalunya no aparece por ningún lado. El contenido del acuerdo PSOE-CiU demuestra que el verdadero objetivo de la burguesía catalana es conseguir una mejor posición en la reestructuración capitalista en marcha.
Mientras tanto, ninguna fuerza política institucional rompe el clamoroso silencio sobre la necesidad de abordar un debate sobre la Constitución que plantee los elementos clave pendientes desde la Transición: la República, el derecho de autodeterminación de los pueblos, la soberanía popular, la laicidad del estado, la garantía de los derechos económicos y sociales, la no pertenencia del estado español a organizaciones militares internacionales, el desmantelamiento de las bases extranjeras, la renuncia a la guerra para resolver conflictos internacionales y tantos otros.
Cuando la Constitución monárquica del 78 va a ser ligeramente modificada, con retoques que no modifican su esencia, la clase trabajadora debe incidir con fuerza en el debate sobre la reforma constitucional, denunciando la cadena de ilegitimidades de la Transición y exigiendo la derogación de esta Constitución oponiéndole la consigna de «por la III república». Pero con ser importante, la consigna de III República no debe entenderse sólo como el carácter electivo de la jefatura del estado, sino que debería estar ligada a la gran tarea de quitarnos de encima el pesado fardo de las viejas instituciones heredadas del franquismo, a la elección y la revocabilidad de los cargos a todos los niveles, a la consecución de un estado laico y verdaderamente separado de la iglesia, que dé una solución justa y democrática a la realidad plurinacional del estado, con el reconocimiento del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Aspiramos a una unión voluntaria de pueblos libres y soberanos, como plasmación concreta del derecho de autodeterminación.
Organizar la lucha por la III República
Tenemos hoy la responsabilidad de seguir extendiéndola reivindicación republicana por todo el Estado, lo cual es perfectamente factible. Es necesario acertar en las formas organizativas para que el progreso sea lo mayor posible. La reivindicación de la derogación de la monarquía, la república, la autodeterminación, debe ir siendo asumida cada vez más por la clase trabajadora y el pueblo: hay que introducirla en los sindicatos, en asociaciones juveniles, en delegaciones de alumnos, en colectivos ecologistas, feministas, etc. Las organizaciones que luchan por la III República, sin renunciar a su identidad política, deben promover el reforzamiento de los colectivos republicanos ya existentes y la creación de nuevas organizaciones de base locales, en barrios, pueblos, centros de trabajo y de estudio, que permitan la incorporación de miles de personas al movimiento republicano a través de colectivos o asambleas constituidas sobre los ocho puntos que unitariamente compartimos.
La lucha por la III Republica debe ser unitaria y se deben rechazar los oportunismos y los intentos de instrumentalización. Hay que hacer todos los esfuerzos unitarios posibles para que el 6D y el 14 A adquieran cada vez más un carácter de masas confrontando con la Constitución y la Transición y reivindicando abiertamente la III República. La fase de conmemoración sin más de la II República debe darse por definitivamente superada. En esa línea, hay que promover que las acciones sean cada vez más movilizadoras, priorizando los actos de masas en la calle que reivindiquen sin ambages la III República.
Es necesario construir un movimiento de masas, amplio, democrático y plural, que intervenga en todas las cuestiones que afecten a nuestro pueblo, a partir de la construcción de espacios de contrapoder, de afirmación de la soberanía popular y de exigencia de democracia directa, pero que no es ni pretende ser una fuerza política, ni concurrir como tal a las elecciones. No es ese su papel y hacerlo así iría en detrimento del avance del movimiento. Otra cosa es que en determinados lugares puedan llegar a existir alianzas locales que reivindiquen la república o se definan republicanas, pero sin convertir los colectivos republicanos en organizaciones políticas.
Estos colectivos de lucha por la III Republica deben adoptar el nombre y la forma de organizarse más adecuados a su realidad. Lo verdaderamente importante es la voluntad de coordinarse con otros colectivos, hasta el nivel estatal. Se deben potenciar o crear las coordinadoras de nacionalidad y la Coordinadora Estatal republicana, de forma que los colectivos locales, con plena autonomía de funcionamiento en su ámbito de actuación, formen parte de ellas. Estos organismos de coordinación deben funcionar de forma plenamente democrática, evitando dirigismos y promoviendo el debate previo de los colectivos de las propuestas.
En el último Encuentro Estatal republicano se debatió acerca de la situación perspectivas, extensión y coordinación del movimiento republicano, acordándose avanzar en la coordinación del movimiento, mediante la constitución de coordinadoras unitarias que permitan, en base a los ocho puntos, avanzar en el desarrollo, implantación del movimiento republicano y en la intervención política sobre los problemas concretos de los ciudadanos. También se acordó celebrar una nueva asamblea estatal, a ser posible antes del próximo verano, de la que debe surgir una nueva Coordinadora estatal, organizativa no de dirección, que coordine el desarrollo de las iniciativas estatales.
Es preciso que los colectivos discutan estas propuestas y se consiga la máxima implicación de todos ellos en la constitución de la Coordinadora Estatal, que deberá dotarse de una comisión que realice el seguimiento de los acuerdos adoptados en la asamblea general ordinaria, que habrá de celebrarse al menos una vez al año. En los órganos de coordinación (no se trata, como ya quedó claro en el anterior Encuentro estatal, de órganos de dirección) deben estar representadas las organizaciones políticas que participan del movimiento, si bien deben ser las organizaciones de base y sus coordinadoras unitarias quienes tomen cada vez mayor protagonismo en el movimiento por la III Republica.