De las 687 personas que solicitaron asilo en la frontera o en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) durante el año 2013, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior denegó directamente esta posibilidad a 410, lo que representa casi un 60%, según recoge el Informe de la Comisión Española de […]
De las 687 personas que solicitaron asilo en la frontera o en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) durante el año 2013, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior denegó directamente esta posibilidad a 410, lo que representa casi un 60%, según recoge el Informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) correspondiente a 2014. Matiza el informe que «más preocupante» todavía es la realidad del aeropuerto de Madrid-Barajas, principal punto fronterizo en materia de asilo en el estado español.
CEAR recuerda que en marzo de 2013 el Tribunal Supremo dictó dos sentencias que reinterpretaban lo establecido por la nueva Ley de Asilo (2009) respecto a las causas de la denegación en frontera. El Tribunal Supremo instaba a la OAR a que realizara «una aplicación prudente y restrictiva» de la posibilidad de denegación, por sus graves consecuencias para la persona interesada. Pero a pesar de las dos sentencias, afirma CEAR, se continúan denegando en la frontera un porcentaje importante de solicitudes de asilo.
La organización humanitaria extrae una conclusión general de la situación de los refugiados: «pedir protección internacional en España continúa siendo una carrera de obstáculos, y lograrlo una odisea que exige años de espera mientras se emprende un proceso de integración social y laboral cada vez con menos recursos públicos, cada año con mayor precariedad». Además, «las personas refugiadas y las necesitadas de protección internacional que viven en nuestro país son uno de los colectivos más vulnerables ante el devastador impacto de la crisis».
El estudio también hace mención expresa a los hechos acaecidos en Ceuta el 6 de febrero de 2014, cuando un grupo no menor de personas procedentes del África Subsahariana intentó penetrar en el estado español. Al impedirlo la guardia civil, unas 200 personas se adentraron en el mar para sortear el espigón y acceder a la playa del Tarajal (Ceuta). A continuación, efectivos de la guardia civil procedieron a disparar con material antidisturbios y una lancha intervino para obstruir el paso a las personas inmigrantes. Finalmente perdieron la vida al menos 15 personas y otras 23 fueron devueltas inmediatamente a Marruecos de modo irregular.
En términos globales, según Eurostat, los 28 países miembros de la UE reconocieron en 2013 como refugiadas a 49.150 personas. Alemania reconoció esta condición a 10.910 personas; Francia, a 8.950; Gran Bretaña, a 7.475; Suecia, a 6.750: Bélgica, a 3.910 y, en el estado español, la Comisión Internacional de Asilo y Refugio (CIAR) sólo aprobó la concesión del estatuto de refugiado a 206 personas, la menor cifra desde que entrara en vigor la Ley de Asilo en 2009; la CIAR dio, por el contrario, una respuesta negativa a 1.251 personas solicitantes; 376 personas obtuvieron alguna de las otras formas de protección.
CEAR llama la atención sobre el hecho de que el Ministerio del Interior firmara resoluciones de asilo en 2013 que afectaron a 152 ciudadanos sirios en 2013 (sobre 725 solicitudes de protección de naturales de este país), de las que únicamente cuatro obtuvieron el estatuto de refugiado (146 lograron la protección subsidiaria y otras dos fueron rechazadas). Además, acota el informe, «sorprende la denegación casi absoluta de la protección internacional a las personas originarias de países como Argelia, Camerún, Nigeria o Costa de Marfil».
El informe denuncia asimismo las «enormes dificultades» para conseguir el asilo de las personas que llegaron como polizones a los puertos españoles. La organización humanitaria ha constatado «el incumplimiento de la normativa vigente y la conculcación de los derechos de estas personas». Según los datos del gobierno (citados en el informe de CEAR), sólo cinco polizones pidieron protección internacional en el estado español entre 2008 y 2013.
Una realidad particularmente grave es la que se vive en Ceuta y Melilla. De hecho, en los últimos años ACNUR y Naciones Unidas han señalado la vulneración de los derechos humanos de las personas cuya solicitud ha sido admitida a trámite en estas ciudades. Las autoridades impiden su traslado a la península, por lo que se limita su libertad de circulación y se les discrimina respecto a quienes viven en la misma situación en el resto del territorio español.
Además, en Ceuta y Melilla estas personas quedan excluidas de los traslados de inmigrantes que el estado español organiza periódicamente por razones humanitarias. «A pesar de las reiteradas peticiones de la Oficina del Defensor del Pueblo y de las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la situación persiste y tiene consecuencias dramáticas», denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Otro elemento que aborda el informe es la situación de las víctimas de las redes de trata de seres humanos, que Naciones Unidas califica como «una forma de esclavitud moderna». Durante 2013 el estado español sólo reconoció a una persona la condición de refugiada por este motivo, «a pesar de las graves violaciones de los derechos humanos que estas mujeres han sufrido». «La OAR, agrega el informe de Comisión Española de Ayuda al Refugiado, continúa denegando la inmensa mayoría de las peticiones de protección internacional, y remite a la Ley de Extranjería para que puedan regular su permanencia en España si colaboran en la lucha contra las redes que trafican y explotan a los seres humanos».
Por otro lado, en materia de apatridia, lo más significativo en 2013, según el estudio de CEAR, fue el reconocimiento de este estatuto a 30 personas naturales del Sáhara Occidental. Una parte de ellas lo obtuvieron por resolución de la OAR, «que por fin asumió la reiterada jurisprudencia que desde la importante sentencia del Tribunal Supremo del 20 de noviembre de 2007 exigía que España reconociera esta condición a los y las saharauis».
En cuanto al número global de solicitudes, España sigue sin converger con Europa. En 2013 se produjo en el estado español un notable incremento de las personas que pidieron protección internacional, 4.502 frente a las 2.588 del año 2012. Se trata de la mayor cifra de los últimos cinco años, muy similar a las de 2008 (4.517), pero aún así se halla muy lejos de la tendencia europea. De las 435.000 personas que solicitaron asilo en la UE durante el año 2013, sólo el 1,03% lo hizo en el estado español. Además, el aumento registrado en España se debió básicamente al sustantivo aumento de las solicitudes de ciudadanos de Malí (1.478) y Siria (725), a los que siguieron Argelia (351), Nigeria (182), Somalia (132), Palestina (130) y Pakistán (102).
De las 4.502 personas que solicitaron protección internacional en el estado español en 2013, un total de 3.609 lo hicieron en territorio nacional, 381 en la frontera, 306 en un Centro de Internamiento para Extranjeros y 206 en lo que la Oficina de Asilo y Refugio computa como «solicitudes en embajada» (no se trata de nuevas solicitudes, sino de peticiones de extensión familiar del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria, lograda ya por familiares de estas personas en España). Por último, como sucede en los últimos años, Madrid fue la primera provincia del estado español en número de solicitantes (1.777), seguido de Valencia (401), Barcelona (342), Ceuta (321) y Almería (244).
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