Los «contactos no oficiales» que España y Marruecos mantienen para dirimir el futuro del espacio aéreo del Sáhara Occidental, actualmente controlado desde las Islas Canarias, podrían conducir a una cesión que supondría «una clara violación de la legalidad internacional». El Gobierno español se arriesgaría así a que el caso terminara en manos de la Corte Internacional de Justicia.
«Es que España no puede hacer eso; no puede negociar el espacio aéreo ni la frontera marítima con Canarias porque abriría una vía clara para actuar contra nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Internacional del Derecho del Mar», advierte en declaraciones a El Independiente Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco.
Ambos son organismos establecidos por la ONU. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países Bajos), es el principal órgano judicial de la ONU y entre sus funciones tiene la de dirimir litigios jurídicos entre estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones remitidas por órganos de la ONU. Por su parte, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), tiene competencias en la interpretación o la aplicación de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, entre otras, la delimitación de zonas marítimas, la navegación o la conservación.
«España no puede ser tan torpe»
«España no puede ser tan torpe de negociar algo que va a suponer que España incurra en responsabilidad internacional y, además, en una cuestión en la que se puede actuar directamente porque el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar es el único que prevé la obligación de los estados de aceptar un mecanismo obligatorio de resolución de controversias», alerta Soroeta.
Fuentes del ministerio de Asuntos Exteriores español han confirmado a El Independiente que «se mantienen los contactos no oficiales entre ambos países” sin aportar más detalles. La cogestión o cesión del espacio aéreo de la ex colonia española, que se corresponde con la zona terrestre ocupada por Marruecos desde 1976 y la liberada por el Frente Polisario, es una reivindicación largamente anhelada por Rabat.A pesar de las tentativas del régimen marroquí de hacerse con su control, el cielo del Sáhara es competencia de controladores aéreos españoles desde el archipiélago canario. Así lo establece el mapa de la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de la ONU que supervisa la aviación civil internacional. «Es un elemento claro de que España sigue siendo la potencia administradora del territorio», apunta Soroeta. Para la ONU, el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
«La condición de un Estado tiene tres elementos: el control del espacio terrestre, marítimo y aéreo. Marruecos controla por la fuerza los espacios terrestre y marítimo, pero no puede controlar el espacio aéreo porque depende de la Organización de Aviación Civil», agrega.
El mapa de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés) establece que el cielo del territorio ocupado ilegalmente por Marruecos se controla desde la Fir de las Islas Canarias. En el argot aeronáutico, Fir es una región de información de vuelo donde se presta un servicio de información de vuelo y un servicio de alerta (ALRS). La Organización de Aviación Civil Internacional delega en un país el control operativo de una FIR determinada, en este caso, la que abarca las Islas Canarias y el Sáhara Occidental recae en España.
Las aguas, el otro contencioso
El de las aguas es otro de los contenciosos que permanecen abiertos a pesar de la nueva era de las relaciones entre Marruecos y España. A principios de 2020 Rabat aprobó unilateralmente dos leyes mediante las que delimitaba su mar territorial hasta 12 millas náuticas y la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, así como su plataforma continental, «hasta el borde exterior del margen continental o hasta 200 millas», en perjuicio de Canarias. Moncloa confió entonces en resolver la cuestión de mutuo acuerdo y conforme a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
Albares no ha precisado si en esa negociación pendiente se incluirán las aguas del Sáhara que Marruecos considera como propias y que el Tribunal General de la Unión Europea en una sentencia histórica en septiembre de 2021 reconoció como saharauis y sujetas al consentimiento de su representante, el Frente Polisario. El acuerdo pesquero anulado expiró el pasado lunes, pendiente de la apelación presentada por la Comisión Europea.