Una anciana se encarga del agua en su edificio. Quita y pone el motor, recoge dinero entre los vecinos si hay alguna avería y gestiona lo necesario cuando la cisterna se contamina. Vive en uno de esos edificios del Vedado que la gente conoce como «capitalista» (por la fecha y la calidad de su construcción). […]
Una anciana se encarga del agua en su edificio. Quita y pone el motor, recoge dinero entre los vecinos si hay alguna avería y gestiona lo necesario cuando la cisterna se contamina. Vive en uno de esos edificios del Vedado que la gente conoce como «capitalista» (por la fecha y la calidad de su construcción). En una ocasión pidió a los vecinos regular el consumo de agua pues habría afectaciones. Una inquilina, quien compró uno de los apartamentos para alquilarlo, le dijo rotundamente que no podía pedirles a los turistas que ahorren agua porque eso le afecta el negocio.
No muy lejos, en la misma barriada, un arrendador de habitaciones entró en conflicto con los vecinos que viven encima de su casa porque molestan el descanso de los extranjeros. El juego de los niños, el ir y venir cotidiano, el paso por áreas comunes de ambas viviendas atenta contra la estabilidad del negocio. En el momento álgido del conflicto, el arrendador planteó como alternativa a los vecinos que se mudaran o le vendieran la casa.
En el mismo Vedado, es notoria la compra y remodelación de añejas casas. Algunas personas, sobre todo mayores, son tentadas a vender y se desplazan a zonas menos favorecidas. En lugar de los antiguos propietarios se asientan personas «prósperas».
No es un secreto que la renta de habitaciones es uno de los negocios más lucrativos. Esta actividad económica genera encadenamiento con otras labores: jardinería, trabajo doméstico, venta de productos diversos, transporte, albañilería, carpintería de todo tipo. También es fuente de importante contribución fiscal. En no pocos casos se establecen redes entre arrendadores que posibilita acceso más estable a clientes y potencia el incremento del confort y la calidad del servicio, así como la estética de los barrios. Al interior de este grupo existen prácticas y tarifas generalmente compartidas y se conforma una suerte de identidad social y clasista que, en ocasiones, implica que otras personas sobran.
¿Existirá un punto medio para esta tensión? ¿La anciana del edificio, los vecinos sin recursos y los que venden porque no les queda más remedio son «daños colaterales» de la prosperidad de unos pocos? ¿Estas contradicciones quedan fuera de lo atendible para la actualización del modelo? ¿La solución vendrá de las fuerzas auto-reguladoras del mercado, o serán paleadas por el «efecto derrame»? ¿La función del Estado se reducirá a asistir a las personas más desfavorecidas?
Frente a este fenómeno tenemos básicamente dos variables: a) el derecho a la prosperidad mediante la venta de un servicio de calidad; b) el derecho a una convivencia digna para quienes no son prósperos. La relación entre ambas no se da de manera natural y espontánea. Dependerá siempre de las decisiones políticas, de los cuerpos legales que las respalden y de la toma de conciencia de quienes se implican en esa relación.
Este asunto es una manifestación más de la tensión permanente entre el control social que garantice un orden justo y digno y la maximización de la ganancia que tiende a subordinar la realidad social, natural y humana. Más específicamente, devela la contradicción entre el acceso a una vivienda digna como derecho y la mercantilización de este como solución.
El acceso y disfrute de la vivienda es uno de los datos más críticos dentro de la creciente desigualdad por ingresos que signa nuestra realidad. La solución asumida hace algunos años fue convertir la vivienda en una mercancía realizable para quien pueda compararla, o una inversión de capital para quien pueda rentarla.
En paralelo, el Estado mantiene, por un lado, magros programas asistencialistas para responder a las situaciones extremas, y para las que no lo son, pretende facilitar soluciones por esfuerzo propio. Por otro lado, potencia el desarrollo inmobiliario con elevados estándares que benefician a una minoría, sobre todo foránea. Lo llamativo es que no se incluyeron soluciones comunitarias o cooperativas para el problema de la vivienda. El cuerpo de soluciones vigente es de matriz individual y mercantil.
Añádase el debate sobre el retorno de la hipoteca, por ahora solo para la segunda vivienda de descanso prevista por la ley. Este dato me resulta alarmante por el entendido de que la hipoteca es la forma más perversa de mercantilización del derecho a la vivienda y la subordinación de este a la maximización de las ganancias y la acumulación.
Usted podrá corregir estas líneas con ejemplos de personas que arriendan sus viviendas y respetan la convivencia con sus vecinos, inclusive usted puede ser una de ellas. Yo puedo sumar varios nombres a esa lista. Usted podrá apostar porque la ley regule esta relación. Yo creo que es un paliativo necesario que puede adelantar un tramo de justicia, pero no será solución suficiente. Usted podrá argumentar que la gente quiere su propia casa, no fórmulas de propiedad común. Yo coincido con el diagnóstico, pero no lo asumo ni como condición natural, ni como inamovible.
Por más contradicción moral que pueda causar, el agua es un bien común hasta que no afecte mi negocio. Los vecinos son buenas personas hasta que no comprometan mis ganancias. El derecho a una vivienda adecuada se constriñe a mi posibilidad de compararla. Ojalá todos puedan tener una casa y una convivencia digna, pero al final la solución de otros no es un problema mío.
El punto no es que unas personas sean egoístas y de «mala leche», y otras solidarias y conciliadoras. No se reduce a una cuestión de opción personal, aunque también lo es. No basta que la ley medie ante las desigualdades. El tema es más profundo, refiere a un patrón de prosperidad tendiente a la maximización de la ganancia como fuerza constitutiva de la realidad que, al mismo tiempo, pulsa contra todo lo que lo obstaculice, inclusive contra los derechos de otros seres humanos. Patrón que encasilla la prosperidad en la acumulación material individual e impugna cualquier alternativa comunitaria.
¿Estas particularidades se atenderán en una nueva regulación sobre los edificios múltiples? ¿La prosperidad podrá florecer sin comprometer el derecho de terceros? ¿Quiénes y dónde definen y controlan las soluciones frente a esta tensión? ¿Qué institución protege a las víctimas de la prosperidad excluyente?
El dilema está planteado: ¿usted qué opina?