Euskal Herria, por su tradición de resistencia y lucha, es un escenario propicio para experimentar una involución general en relación a derechos y valores considerados durante gran parte de la historia como bases de la democracia. La autora analiza las formas que toma esa estrategia.
Titular del periódico «Público» digital del 5 de setiembre: «La ilegalización de ANV se retrasa». No hay pues que esperar a la decisión del Tribunal Supremo: los muy progres periodistas de «Público» y de Zapatero saben de antemano cuál va a ser la sentencia. Y es que, en esta «democracia a la turco-española» no hay ni que cubrir las formas. En todo lo relacionado con Euskal Herria y, muy especialmente, con la izquierda abertzale, está de más simular que hay división de poderes. Incluso puede resultar contraproducente, en términos de votos, de imagen y de «credibilidad», en el actual momento de derechización reaccionaria de amplios sectores de la sociedad española. Pero, como ocurrió con el más o menos solapado apoyo de las democracias occidentales al franquismo frente al «comunismo», el asunto trasciende las fronteras de un Estado español históricamente inestable. Ahora como antes, el intento de aniquilar el enorme caudal vasco combativo, anticapitalista y resistente es campo preferente de ensayo del capitalismo, en su decidida apuesta actual por cambiar las clásicas reglas del juego democrático burgués que le molestan para su reestructuración. La «democracia española», desde su muy deficitario pedigrí y su lastre franquista, es uno de los entes europeos más adecuados para poner (seguir poniendo) en práctica esa democracia totalmente restrictiva y con los derechos universales mermados o anulados que necesita este nuevo orden mundial de crisis y militarización.
«Casualmente», tras dos programadas y prolongadas campañas mediáticas llevadas perversa e intencionadamente en paralelo, relacionadas con la muerte de una niña a manos de un pederasta la primera, y la obligada puesta en libertad de Iñaki de Juana la segunda, el Gobierno español decide, una vez más, «enseñar músculo», y proponer la imposición de la libertad vigilada hasta 20 años después del cumplimiento de la condena para los presos políticos vascos cuyos delitos, por cierto, a decir de Rubalcaba, no deberán prescribir jamás. La violencia del discurso securitario con el que han ido impregnando la opinión pública permite que cuele sin más esta clara violación de uno de los derechos que la burguesía había declarado como universales. La aceptación social de esta perpetuación ad eternum del castigo ejemplarizante, hace que, a través de los presos, el Estado español (y el capitalismo al que representa) tome nuevamente la represión de la histórica lucha de Euskal Herria por sus derechos como escenario perfecto de experimentación de la ofensiva general de las élites contra valores largamente considerados como base de la democracia y contra el derecho a la resistencia popular y organizada. Los poderes dejan claro que la autodeterminación no es un derecho obligado y, por tanto, exigible; sino uno de sus ases en la manga que utilizar en función de sus intereses geoestratégicos, como han hecho en Kosovo.
La aplicación «científica», principalmente contra los presos vascos, de destructivas estrategias penitenciarias de «última generación» es otro doloroso ejemplo más de lo importante que es para este sistema en reaccionaria recomposición dejar bien patente su disposición a utilizar la violencia y la coacción más extremas contra toda forma de resistencia y contra la dignidad de personas y pueblos. Al igual que el Estado turco, el Estado español de Zapatero construye nuevas cárceles, como la de Puerto-III, arquitectónicamente diseñadas para aislar de modo extremo y provocar la destrucción psicológica y la muerte lenta de los allí confinados, a los que se les niega incluso la luz solar.
Del mismo modo que, tal y como analizó Foucault, a fines del siglo XVIII, una burguesía en ascenso buscó perpetuar su dominio e imponer la «sociedad disciplinaria» a través de, entre otras cosas, la aplicación a la arquitectura carcelaria del sistema panóptico, que permitía ejercer la vigilancia y el poder total sobre el reo, y lo convertía en ejemplo viviente de la eficacia del nuevo sistema; de ese mismo modo, la aplicación contra los presos vascos de un destructor sistema carcelario psicológica, arquitectónica y tecnológicamente «ultramoderno», la ampliación arbitraria del castigo, la reclusión a perpetuidad, la crueldad con los enfermos encarcelados, la banalización de la tortura, la indecente exhibición por parte de los cuerpos represivos y judiciales del Estado de su poder para hacer lo que les venga en gana… redundan una y otra vez en lo mismo: en la actual crisis, que lo es de remodelación del capitalismo, es imprescindible explotar sistemáticamente el miedo, el alarmismo y la desorientación, criminalizar la disidencia al modo fascista y readaptar la ideología más reaccionaria a las necesidades de esa nueva mutación. Y, para avanzar por ese camino, un Estado como el español con fuerte crisis de legitimidad democrática, tiene, como desde hace muchos años, un excelente campo de pruebas: el de un pueblo vasco en lucha contra el que experimentar esas nuevas prácticas político-mediático-represivas que implican enterrar todos los valores con los que la burguesía ha intentado hasta ahora justificar su dictadura real. En ese contexto, los presos son, cómo no, excelentes cobayas de laboratorio.
No es casualidad tampoco que un PNV tan supuestamente apegado a la tradición, tan comprensivo con las agresivas turbas defensoras de los alardes «de siempre», lleve ya dos años prohibiendo algo desgraciadamente tan «clásico» como la pacífica manifestación que, en favor de los presos, se celebra en Donostia, al finalizar las regatas de La Concha, desde hace ya más de treinta años. Y es que, agazapado tras campañas de tinte nacionalista (como la de la consulta fantasma de Ibarretxe), el partido jeltzale es quien con más ahínco está intentando implementar en su comunidad autónoma ese «capitalismo del desastre», como lo llama Naomi Klein. Capitalismo que, como hemos venido diciendo, está en plena ofensiva ideológica, y necesita criminalizar ideas, centrarse en el más implacable castigo de la resistencia, determinar cuáles deben ser las lecciones de la historia y cuáles nuestros mitos y construir un imaginario adecuado para que los trabajadores traguen con este para ellos muy gravoso proceso transitorio del capitalismo. El que Euskal Herria sea la referencia de la lucha de liberación nacional y social en un Estado español y una Unión Europea desmovilizadas, sin conciencia de clase y en plena crisis, convierte al PNV en aliado necesario de un PSOE (y de un PP) que, a pesar de sus campañas de imagen (ampliación del aborto, Ministerio de Igualdad…), no es sino el encargado de imponer todas las medidas requeridas por el capitalismo en esta fase y, para ello, seguir utilizando a Euskal Herria como laboratorio represivo y ejemplo violento de cómo se castiga la disidencia y pisotean sin pudor los más mínimos derechos democráticos como herramienta de coacción de los que luchan, y de intimidación y/o consentimiento de la mayoría desmovilizada y pasiva.
Sin embargo, tienen un problema: Euskal Herria es un viejo pueblo joven que lleva siglos defendiendo sus derechos, que tiene casi 800 presos y que no va parar hasta conseguir el marco adecuado que permita superar el conflicto y le abra el camino hacia la independencia.
Haga lo que haga la Ertzaintza a las órdenes de Balza, la manifestación de hoy tras las regatas así lo va a volver a demostrar.
Alizia Stürtze es historiadora