En las últimas semanas, hemos presenciado cómo la recuperación argentina de la acciones de YPF privatizadas por Repsol al Estado Argentino hace una década, ha agitado al gobierno español y a todo un ejército de opinadores públicos, incluso, por inverosímil que parezca, a los portavoces de los sindicatos oficialistas UGT y Comisiones Obreras. Sorprendentemente, nadie cuestionó […]
En las últimas semanas, hemos presenciado cómo la recuperación argentina de la acciones de YPF privatizadas por Repsol al Estado Argentino hace una década, ha agitado al gobierno español y a todo un ejército de opinadores públicos, incluso, por inverosímil que parezca, a los portavoces de los sindicatos oficialistas UGT y Comisiones Obreras. Sorprendentemente, nadie cuestionó algo tan patente, como es la soberanía de los países a sus recursos naturales. Tampoco las irregularidades cometidas por Repsol durante una privatización el año 1999, en un contexto generalizado de corrupción y clientelismo político capitaneado por el traficante de armas Carlos Saúl Menem.
Sobre el unánime coro, banderita española en mano, defendiendo «nuestras intereses» y la seguridad de inversiones españolas a ultramar,no merece más análisis que el que se pueda captar cada día a la página 3 de los diarios o los minutos luminosos que acompañan los noticiarios: Repsol patrocina el amplio abanico mediático y sufrimos de un periodismo sumiso, de muy baja calidad y peor valentía.
Por otra parte, es una lástima la pereza de los movimientos sociales a afrontar un debate energético profundo sobre como liberarnos de la enfermiza dependencia a unas corporaciones privadas, de capital deslocalitzado, que sólo persiguen beneficio a toda costa y de las cuales dependemos en nuestra cotidaniedad. En un contexto de crisis, ¿por qué no expropiar también a Repsol?
Para empezar, recordaremos que Repsol era una empresa pública que fue entregada a trocitos a los capitales bursátiles y que ahora mismo la timonean bancos con agujeros financieros (como la Caixa, Cajamadrid, o CatalunyaCaixa), varones del ladrillo arruinados (Sacyr) y holdings de especuladores de Wall Street. Su carácter de empresa ex-pública les otorga condiciones de casi monopolio con millones de consumidores cautivos. Con 10 millones de euros limpios de beneficio diario (4.150 millones de euros el año 2010), podemos asegurar que estamos transfiriendo parte de nuestros precarios sueldos (electricidad, butano y gasolina) para enriquecer a la empresa más rica.
Haría falta revisar los mecanismos de externalitzación de costes sociales y ambientales de las inversiones de Repsol, para darnos cuenta que ni la compañía asume la reparación de daños a lo largo de todas las fases de la cadena de producción, transporte y refino de petróleo, ni tampoco lo hacemos los consumidores. Los pasivos ambientales son transferidos por la cara a las poblaciones vecinas delas actividades petroleras, a la atmósfera y el mar en forma de emisiones y derrames sistemáticos, o a las futuras generaciones: ya se lo encontrarán. Además, modifican el clima global y se sacuden la responsabilidad con engañosos artefactos financieros.
Se detecta entonces un contexto institucionalizado de impunidad ambiental que libera a las corporaciones privadas de cualquier responsabilidad civil o penal. Es más, a través de sus discursos de Responsabilidad Social Corprorativa -cuyos informes por cierto carecen de veracidad alguna- han conseguido conducir sus obligaciones de respeto al medio ambiente y la población al terreno del voluntarismo.
Son (se hacen las) buenas, porque quieren. Ya nadie niega, ni el negacionista Aznar -que ahora pretende hacer negocio con instrumentos de adaptación- que el cambio climático provocado por la combustión de petróleo empeorará las condiciones de vida del planeta. También se ha pasado de ignorar el zenit mundial de la producción de petróleo (peak oil) a ser reconocido ya como el gran problema que enfrentará la economía los próximos años. Entonces, sobre un piso de crisis ecológica, energética, económica y climática, no es prudente dejar la energía en manos de especuladores financieros que sólo buscan beneficios cortoplacistas.
Recuperar el control público de Repsol brindaría una oportunidad para introducir la justicia ambiental a la producción energética. Aplicando criterios éticos y no monetarios a la empresa, sería el primer paso para parar la devastación amazònica que genera Repsol y que afecta millones de hectáreas de escosistemas frágiles, reparar la salud de los afectados por sus actividades nocivas, retirarse de países dictatoriales o con conflictos bélicos o devolver los territorios allá dónde la población no ha sido consultada o ha expresado su rechazo. El siguiente reto seria transformar una corporación transnacional vertical y concentrada en una serie de cooperativas energéticas con control social, enfocadas a la autoaproducción de energía desde fuentes locales y renovables. Claro está que por esto hará falta desguazar la corporación, reducir la producción y acompañar el proceso con una transición valiente hacia una sociedad más horizontal, desprendida del sobreconsumo y las comodidades del coche privado, basadas en petróleo barato de origen desconocido. No será fácil, pero no está el planeta para postergar la afrenta.
Campaña de Afectados por Repsol (http://repsolmata.ourproject.org)