El pasado 14 de marzo, el diario El País publicaba en su sección de Cartas al Director un escrito de Robert Ménard y Fernando Castelló, secretario general y presidente respectivamente de la organización Reporteros sin Fronteras, dirigido al ministro de Asuntos Exteriores español Miguel Angel Moratinos, con motivo del encuentro de éste en Madrid con […]
El pasado 14 de marzo, el diario El País publicaba en su sección de Cartas al Director un escrito de Robert Ménard y Fernando Castelló, secretario general y presidente respectivamente de la organización Reporteros sin Fronteras, dirigido al ministro de Asuntos Exteriores español Miguel Angel Moratinos, con motivo del encuentro de éste en Madrid con su homólogo cubano Felipe Pérez Roque.
En la citada carta afirman querer llamar la atención del ministro español sobre «la suerte de 21 periodistas encarcelados en Cuba» por el delito, aseguran, de «ejercer la profesión al margen de los medios de comunicación autorizados por el poder de La Habana».
Afirman también que se encuentran encarcelados en «celdas insalubres, agua no potable, privación de visitas, malos tratos, falta de cuidados médicos…» por lo que consideran que el ministro Moratinos «tiene la responsabilidad de llamar la atención de su huésped sobre estas cuestiones».
La Embajada de Cuba en España quiere aclarar las falsedades de esa carta. En primer lugar, de los 21 presos citados con nombre y apellidos sólo cursaron estudios de esa profesión y la ejercieron alguna vez en su vida cuatro de ellos. El delito por el que le han condenado los tribunales cubanos es el de «actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado», delito recogido en el artículo 91 del Código Penal de Cuba y contemplado en las legislaciones de numerosos países del mundo, incluido EEUU.
En cuanto a las condiciones de su encarcelamiento, las numerosas visitas realizadas por organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales como Cruz Roja han dejado constancia del cumplimiento de Cuba de la legislación vigente y, por supuesto, ninguna de esas acusaciones expresadas por Reporteros sin Fronteras es verdad. Ni existe ningún problema de insalubridad en las prisiones, ni falta de agua potable, ni privación de visitas, ni malos tratos, ni ausencia de visitas médicas. Sentimos que esa organización no se haya acordado de las condiciones de otras prisiones latinoamericanas donde recientemente murieron más de un centenar de presos hacinados.
Por último, cabe recordar la falta de legitimidad y credibilidad de la organización que comanda Ménard, suspendida durante un año de su estatuto consultivo de la ONU por «actos incompatibles con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas» tras organizar un disturbio e interrumpir el discurso inaugural del presidente de la comisión el 17 de marzo de 2003. Sin olvidar la intervención de las fuerzas del orden francesas que tuvieron que suspender sus emisiones ilegales que interferían la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Ginebra en diciembre de ese mismo año.
No estamos, por tanto, ante una organización preocupada por los derechos de los periodistas, como se demuestra por su silencio ante los profesionales muertos en la guerra de Irak o en países latinoamericanos donde este año fueron asesinados veinte periodistas, ninguno de ellos cubano, sino ante una de las herramientas de Estados Unidos creada, entre otros fines, con el objetivo de hostigar a Cuba y atentar contra su imagen a costa de un derecho tan loable como el de la libertad de información.