Desde la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores no entienden que la fiscal jefa de Madrid haya decidido no investigar lo ocurrido en las residencias de la comunidad donde murieron 7.291 personas mayores entre marzo y abril de 2020.
La asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DRJM) ha registrado esta mañana una carta en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid dirigida a su fiscal jefa, Almudena Lastra, en la que le exige que se abra una investigación más profunda sobre lo sucedido en las residencias madrileñas durante la pandemia. A través de su presidenta, Mercedes Huertas, la entidad ha reclamado que la Fiscalía madrileña siga las directrices dictaminadas por la Fiscalía General del Estado.
Una cifra continúa revoloteando en cientos de personas: 7.291, el número de personas mayores que murieron dentro de una residencia en marzo y abril de 2020 y cuyos familiares siguen clamando una justicia que no llega. “Aunque se han abierto algunas investigaciones sobre muertes de usuarios de las residencias que han terminado archivadas, casi nunca han podido hablar los familiares ni las personas que conocían la situación en la que se encontraban nuestros mayores”, se queja Huertas.
Por eso, desde la asociación afirman no entender por qué Lastra “no ha llamado a declarar a los responsables de la Policía Municipal sobre las más de mil actas que levantaron tras su entrada en las residencias y que acreditan la situación de abandono de los residentes, provocada por los protocolos de la vergüenza”, ha explicado la presidenta de DJRM, asociación recientemente constituida e independiente de la Plataforma Verdad y Justicia.
Este último movimiento de la organización viene motivado por las declaraciones de la propia fiscal jefa el pasado 13 de mayo, en las que aseguró que no se abrirían nuevas diligencias ni investigaciones sobre lo sucedido en las residencias madrileñas. “Lo que queremos es que nos escuche, porque a mí la Fiscalía General del Estado me respondió a una de mis peticiones asegurando que tenían un especial interés en atender a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, algo que no está cumpliendo Lastra”, continúa la propia Huertas.
Desde DJRM han caracterizado las palabras de la fiscal como “imposibles de entender” en la carta registrada este martes. “Hacen que las familias de las víctimas de las residencias sigan encadenadas al sufrimiento”, han añadido en la misiva. En este sentido, han exigido que también puedan testificar en las investigaciones los responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quienes “encontraron el mismo panorama que la Policía Municipal en su entrada en las residencias”, tal y como explicita la carta.
“No entendemos que usted no haya investigado las muertes de mayores producidas en sus domicilios, que como consecuencia de los protocolos de la vergüenza tampoco fueron trasladados a hospitales, y que sólo fueron atendidos por médicos o profesionales de enfermería del Servicios de Emergencias 112”, han reiterado a la fiscal jefa, Almudena Lastra.
En este sentido, desde DJRM reivindican que se tengan en cuenta las conclusiones del informe resultante de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, en las que se especifica que, “de haber sido trasladados a hospitales, se podrían haber salvado unos 4.000 residentes”. En resumidas cuentas, tal y como reclama Huertas, la asociación quiere que la Fiscalía madrileña no actúe al margen de lo que indica la Fiscalía General del Estado.
En dicha carta, la asociación también refleja que algunas decisiones fiscales están “basadas más en el mantenimiento de unas determinadas decisiones políticas que en la misión de promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de la ciudadanía y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados”.
Un «asesinato cruel»
Mercedes Huertas sabe de lo que habla. En 2020, su padre estaba interno en la residencia Adolfo Suárez de Madrid, donde murieron 79 ancianos durante la pandemia. El 22 de marzo enfermó. “Cuando preguntaba, nadie me decía si le habían hecho la prueba de la COVID. Murió el 6 de abril sin que le derivaran a un hospital, aunque ya sabían que estaba enfermo y la situación se iba a complicar”, relata algo emocionada.
Una vez que tuvo acceso a su informe médico, Huertas constató que a su padre le habían tratado con paliativos desde días antes. “Nadie nos informó de eso, que ocurrió a partir del 2 de abril, el mismo día que le hicieron la prueba de la COVID y dio positivo”, ilustra. Desde su punto de vista, se trata de un “asesinato cruel”. Y añade: “Quizá tardemos en darnos cuenta, pero es el mayor genocidio de la democracia española hacia personas que lucharon por los derechos de los que ahora disfrutamos”.
En este sentido, Huertas incide en que “vendrán más pandemias y, si con lo ocurrido no hay una penalización y castigo claros, vendrán más personas retorcidas que quieran aplicar estos protocolos y negar la atención sanitaria y los derechos humanos a cualquier otro colectivo, porque todos somos carne de cañón”, subraya.
Por todo ello, desde DJRM quieren que la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid llame a declarar a todos los familiares que vieron morir a sus mayores en las residencias madrileñas tras negarles el traslado al hospital y que inicie una investigación profunda basada en las pruebas de las actas de la Policía Municipal y de la UME. Asimismo, piden que se llame a declarar a sus responsables, incluido el alcalde de Madrid. De la misma forma, piden que declaren los responsables del Servicio de Emergencias 112 con el fin de que investigue por qué no fueron trasladados las personas mayores que murieron en sus domicilios.