Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
La sociedad civil palestina ha condenado enérgica y casi unánimemente la última decisión de la Autoridad Palestina de postergar la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe preparado por la misión de investigación de la ONU, dirigida por el juez Richard Goldstone sobre la reciente guerra de agresión israelí contra el pueblo palestino en la ocupada Franja de Gaza. Una demanda común en casi todas las declaraciones palestinas emitidas al respecto es que la ONU adopte el informe y actúe sin una demora indebida sobre la base de sus recomendaciones a fin de terminar con la impunidad criminal de Israel y responsabilizarlo ante el derecho internacional por sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza y, por cierto, en todo el territorio palestino ocupado.
Sucumbiendo a las presiones de EE.UU. y al descarado chantaje israelí, se informa que el propio presidente de la AP fue el responsable de la decisión de postergar la discusión del informe Goldstone en el Consejo, truncando las esperanzas de palestinos por doquier así como de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de movimientos de solidaridad de que Israel finalmente enfrente un proceso de responsabilización legal que debiera haber tenido lugar hace tiempo y que sus víctimas obtengan un cierto grado de justicia. Esta decisión de la AP, que en efecto retarda la adopción del informe por lo menos hasta marzo de 2010, lo que otorga a Israel una excelente oportunidad para enterrarlo con la complicidad de EE.UU., de la UE, de árabes y ahora de palestinos, constituye el caso más flagrante hasta la fecha de traición de la AP de los derechos palestinos y de rendición a los dictados israelíes.
No es, sin embargo, por primera vez que la AP ha actuado siguiendo órdenes de Washington y amenazas de Tel Aviv contra los expresos intereses del pueblo palestino. La histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en julio de 2004 que declaró ilegales el Muro de Israel y sus colonias construidas en territorio palestino ocupado había presentado una poco frecuente oportunidad diplomática, política y legal que podría haber sido utilizada para aislar a Israel, como lo fue Sudáfrica del apartheid después de una decisión similar de la CIJ en 1971 contra su ocupación de Namibia. Por desgracia, la AP la desperdició y sistemáticamente – de modo bastante sospechoso, en realidad – ni siquiera llamó a los gobiernos del mundo a cumplir con sus obligaciones señaladas en la opinión consultiva.
Toda la cláusula sobre Israel y los derechos palestinos que debía ser discutida en la reciente Conferencia de Examen de Durban de la ONU en Ginebra fue abandonada después de recibir la luz verde del representante palestino. Los esfuerzos de las naciones no-alineadas y del ex presidente de la Asamblea General de la ONU, padre Miguel d’Escoto Brockmann, por impulsar una resolución de la ONU condenando los crímenes de guerra de Israel en Gaza y estableciendo un tribunal internacional, fueron frustrados sobre todo por el embajador palestino ante la ONU, llevando a varios destacados diplomáticos y expertos en derecho internacional a preguntarse de qué lado estaba el representante oficial palestino.
El Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Israel fue casi ratificado por Brasil en septiembre pasado después que el embajador palestino en ese país expresara su aprobación, instando sólo a Brasil a excluir los productos de los asentamientos israelíes del Acuerdo. Gracias a la rápida acción de organizaciones palestinas y brasileñas de la sociedad civil y eventualmente por el Comité Ejecutivo de la OLP, se impidió esa ratificación y el comité parlamentario brasileño a cargo de ese expediente recomendó que el gobierno no aprobara el ALC hasta que Israel cumpla con el derecho internacional.
En todos estos casos y en muchos similares, las instrucciones a los representantes palestinos provinieron de Ramala, donde el gobierno de la AP ha usurpado ilegalmente los poderes de la OLP para dirigir la diplomacia palestina y fijar la política exterior, entregando los derechos palestinos y actuando contra los intereses nacionales palestinos, sin preocuparse por la responsabilización ante ningún representante elegido del pueblo palestino.
Esta última colusión directa de la AP con la campaña de Israel por blanquear sus crímenes y socavar la aplicación del derecho internacional para castigar esos crímenes ocurrió unos pocos días después que el gobierno de extrema derecha israelí chantajeara públicamente a la AP, exigiendo el retiro de su apoyo a la adopción del informe Goldstone a cambio del «permiso» para que un segundo proveedor de comunicaciones móvil opere en el territorio palestino ocupado. Por lo tanto, debilita los grandes esfuerzos de organizaciones de derechos humanos y muchos activistas por hacer justicia a las víctimas palestinas de la última masacre de Israel en Gaza: los más de 1.400 muertos (predominantemente civiles); los miles de heridos; los 1,5 millones que siguen sufriendo por la destrucción injustificable de infraestructura, instituciones educacionales y sanitarias, fábricas, tierras agrícolas, centrales eléctricas, y otras instalaciones vitales, y por el prolongado cerco israelí en su contra.
Es nada menos que una traición contra la efectiva campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) de la sociedad civil palestina contra Israel, con todo su reciente y notable crecimiento y logros en las principales sociedades y sindicatos occidentales.
También es una traición hacia el movimiento global de solidaridad que ha trabajado incansable y creativamente, sobre todo dentro del marco de la campaña de BDS en rápido desarrollo, para terminar con la impunidad de Israel y defender los derechos humanos universales.
Es crucial que se recuerde que la AP no tiene ningún mandato legal o democrático para hablar en nombre del pueblo de Palestina o para representar a los palestinos en la ONU o en alguna de sus agencias o instituciones. El actual gobierno de la AP no ha obtenido nunca la necesaria aprobación constitucional del Consejo Legislativo palestino democráticamente elegido. Incluso si tuviera un tal mandato, sólo representaría a los palestinos que viven bajo la ocupación militar de Israel en Cisjordania y Gaza, excluyendo a la gran mayoría del pueblo de Palestina, particularmente a los refugiados.
Sólo la Organización por la Liberación de Palestina, la OLP, puede reivindicar en teoría la representación de la totalidad del pueblo palestino: dentro de Palestina histórica y en el exilio. Sin embargo, para que una reivindicación semejante sea sustanciada y universalmente aceptada por los palestinos en todas partes, la OLP tendría que ser renovada desde la base en un proceso transparente, democrático e inclusivo que involucre a los palestinos por doquier e incluya a todos los partidos políticos que actualmente están afuera de las estructuras de la OLP. Paralelamente con esta reclamación democrática o recuperación popular de la OLP por la gente y sus uniones e instituciones representativas, la AP debe ser desmantelada responsable y gradualmente, y sus actuales poderes, particularmente los escaños representativos en la ONU y en otras instituciones regionales e internacionales, deben ser devueltos a quienes pertenecen, a la verdadera representante de todo el pueblo de Palestina, la OLP reavivada y democratizada. Esta disolución de la AP, sin embargo, debe evitar en todo momento la creación de un vacío legal y político, ya que la historia muestra que los poderes hegemónicos son los que probablemente llenarían un tal vacío en detrimento de los oprimidos.
El hecho es que la AP ha sido gradual e irreversiblemente transformada desde su establecimiento hace 15 años, de un simple – a menudo impotente, obsequioso y presionado – subcontratista del régimen de ocupación israelí, que lo alivia de sus deberes civiles más engorrosos, como ser el suministro de servicios y el cobro de impuestos y, de un modo más crucial, ayudándole a salvaguardar la seguridad de su ejército de ocupación y sus colonos, a ser un colaborador dispuesto que constituye la más importante arma estratégica de Israel en la defensa de Israel contra su creciente aislamiento y pérdida de legitimidad en la escena mundial como un Estado colonial y de apartheid. Las centenares de armas nucleares de Israel y su ejército, el cuarto por su tamaño en el mundo, demostraron su impotencia o por lo menos su irrelevancia ante el creciente movimiento de BDS, sobre todo después de los actos de genocidio de Israel en Gaza. El apoyo diplomático, político, económico y científico casi ilimitado que Israel recibe de los gobiernos de EE.UU. y Europa, y su impunidad sin paralelo, no lo han protegido contra la lúgubre suerte de Sudáfrica del apartheid.
Incluso antes de la guerra de Israel contra Gaza, muchos sindicatos en todo el mundo se habían unido a la campaña de BDS, de Canadá a Sudáfrica, y del Reino Unido y Noruega a Brasil. La campaña de BDS pasó a una nueva fase avanzada después de Gaza, gracias a los cuatro años de preparación del terreno y de difusión de BDS, el choque internacional al ver las lluvias de fósforo blanco de Israel sobre los niños de Gaza albergados en refugios de la ONU, y el sentimiento universal de que el orden internacional no ha logrado responsabilizar a Israel ni lo ha llevado siquiera a que detenga su matanza de civiles, para no hablar de su continua campaña de limpieza étnica en Cisjordania ocupada, particularmente en Jerusalén Este. Finalmente alcanzó a la corriente dominante.
En febrero, semanas después del fin del baño de sangre israelí en Gaza, el South African Transport and Allied Workers Union (SATAWU) hizo historia al negarse a descargar un barco israelí en Durban. En abril, el Congreso Sindical Escocés siguió la iniciativa de la federación sindical sudafricana, COSATU, y del Congreso Irlandés de Sindicatos al adoptar BDS contra Israel para lograr su cumplimiento del derecho internacional. En mayo, la University and College Union (UCU), que representa unos 120.000 académicos británicos, reiteró su apoyo anual a la lógica del boicot contra Israel, llamando a organizar una conferencia inter-sindical de BDS para más adelante durante este año a fin de discutir estrategias efectivas para implementar el boicot.
Más recientemente, en septiembre pasado, el fondo de pensiones del gobierno noruego, el tercero por su tamaño en el mundo, desinvirtió de un contratista militar israelí que suministra equipamiento al Muro ilegal en violación del dictamen de la CIJ. Poco después, un ministerio español excluyó a un equipo académico israelí, que representa un colegio construido ilegalmente en tierra palestina ocupada, de la participación en una competencia académica. También en septiembre, el Congreso de Sindicatos de Gran Bretaña, que representa a más de 6,5 millones de trabajadores, adoptó el boicot, introduciendo un nuevo capítulo en la propagación de BDS recuerda a los observadores el comienzo del fin del régimen del apartheid en Sudáfrica. Según indicadores concretos, persistentes y crecientes, los palestinos están presenciando la llegada de su «momento sudafricano.»
En medio de todo esto llega el informe Goldstone, de modo bastante sorprendente – considerando las fuertes conexiones del juez con Israel y el sionismo – que bien puede ser la gota que colmó el vaso: evidencia irrefutable, meticulosamente investigada y documentada, de la perpetración deliberada por Israel de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. A pesar de sus obvios defectos, este informe presentó a Israel la desalentadora y no enteramente improbable perspectiva de ser juzgado por un tribunal internacional, un acontecimiento que terminaría efectivamente con la impunidad de Israel y abriría la posibilidad de aplicar finalmente la justicia internacional a sus crímenes y persistentes violaciones del derecho internacional. En ese calamitoso contexto para Israel, sólo un arma estratégica en su arsenal podía ser utilizada para impedir la prevista aplastante derrota legal y política: la AP. Y por cierto la utilizó en el momento justo, de una manera mortífera, casi destruyendo el informe Goldstone.
En última instancia, el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no haya adoptado el informe Goldstone es otra prueba, por si fuera necesaria, de que los palestinos no pueden esperar en el momento histórico actual obtener justicia de la así llamada «comunidad internacional» controlada por EE.UU. Sólo mediante campañas de la sociedad civil de boicot y desinversión intensificadas, sostenibles y sensibles al contexto puede haber alguna esperanza de que Israel se vea obligado un día a terminar con su ilegalidad y con su desdén criminal por los derechos humanos y a reconocer el derecho inalienable de los palestinos a la autodeterminación. Ese derecho, como lo expresa la inmensa mayoría del pueblo palestino, incluye el fin de la ocupación, el fin del sistema legalizado e institucionalizado de discriminación racial, o apartheid, y el reconocimiento del derecho fundamental, apoyado por la ONU, de los refugiados palestinos a retornar a sus hogares de origen, como todos los demás refugiados en todo el mundo, incluidos los refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, no nos podemos permitir renunciar simplemente a la ONU. Las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil internacional deben continuar ayudando a la lucha palestina por presionar a la ONU, por lo menos a su Asamblea General, para que adopte las recomendaciones del informe Goldstone y actúe correspondientemente a todos sus niveles. Si la ONU no lo hace enviará un mensaje inequívoco a Israel de que su impunidad sigue intacta y que la comunidad internacional se mantendrá apáticamente al margen la próxima vez que cometa crímenes aún más flagrantes contra el pueblo indígena de Palestina. Eso debilitaría gravemente el vigor de la ley y promovería en su lugar la ley de la selva, donde nadie estará protegido contra el caos total y la matanza sin fin.
Omar Barghouti es miembro fundador del movimiento BDS (www.BDSmovement.net)