Francisco Espinosa (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954) es historiador y autor de obras en las que profundiza en cuestiones que se engloban en la II República, la Guerra Civil española y la represión franquista. EnPor la sagrada causa nacional. Historia de un tiempo oscuro (Crítica, 2021), el más reciente título de este extremeño afincado en Sevilla, acerca la situación a la que quedó reducida la provincia de Badajoz tras las matanzas practicadas por los golpistas desde julio a diciembre de 1936 a través de la documentación judicial militar que permite arrojar luz sobre esa etapa de la historia, y poner nombres y apellidos a militares, falangistas, propietarios, autoridades locales y delatores, pero sobre todo a víctimas del franquismo.
¿Cómo podría definirse la naturaleza y forma de la represión franquista aplicada durante la guerra y la posguerra?
Las investigaciones llevadas a cabo desde los años 80 permiten hablar de un plan de exterminio planificado para acabar de raíz con la experiencia republicana. Las tramas contra la II República existieron desde su proclamación en 1931, se perfilaron durante el ‘bienio negro’ y se desataron a partir del triunfo de Frente Popular en febrero de 1936. Los planes de Mola y de los demás militares implicados en la trama golpista, conscientes de la fuerza de la izquierda en numerosas provincias, contemplaban un sistema de violencia y terror a través del cual imponerse. Por estos motivos, no hay duda en afirmar que Franco destrozó para siempre las izquierdas españolas.
¿Crees que, en la actualidad, todavía existen obstáculos a la hora de exponer los nombres y apellidos de personas que tomaron parte activa en la represión durante la dictadura?
Esos obstáculos no han dejado de existir desde la
Transición. Hay todo un artículo en la Constitución que ampara el
llamado derecho al honor, concepto inexistente en otros países
democráticos, que ha servido para proteger a los derechistas
implicados en crímenes. A ese derecho, opuesto al de la libertad de
información y expresión, dediqué el libro Callar
al mensajero (Ediciones Península, 2009), en el que reuní
una serie de casos en que las demandas por derecho al honor primaron
sobre la libertad de expresión entre 1980 y 2009. El problema sigue
vigente con varias demandas recientes en el mismo sentido, pero con
una novedad preocupante: al derecho al honor se ha añadido ahora el
derecho al olvido.
En tus obras se emplea frecuentemente la categoría de fascismo para definir al régimen político franquista. ¿Qué elementos justificarían esta conceptualización de la dictadura? ¿Es posible que, al menos para ciertos autores, la consideración del franquismo como un modelo meramente “autoritario” constituya un intento de “dulcificación” del régimen en relación a la Alemania nazi o la Italia mussoliniana?
Siempre ha habido reticencias para catalogar de fascista el
régimen franquista, pero hay que matizar: el fascismo genuino es el
italiano, pero creo que cabe hablar de los fascismos en sentido
amplio y en el marco europeo del período de entreguerras, que fue
donde se gestaron. Cada uno tiene sus diferencias. Por ejemplo, en lo
que a violencia se refiere, el alemán supera al italiano y el
español supera al alemán, ya que el número de alemanes no judíos
ni gitanos asesinados por el nazismo es inferior a las víctimas
causadas por el régimen franquista en España. En todo caso, la
dictadura de Franco se extendió a lo largo de cuatro décadas,
dándole tiempo de adaptarse a cada momento. El franquismo, sin
perder su esencia, fue un régimen camaleónico. Pero en la primera
etapa, de 1936 a 1944, cabe hablar de fascismo tanto por el derroche
de terror como por el modelo de régimen impuesto.
No obstante, desde hace décadas hay autores que consideran que, como máximo, habría que hablar de un régimen fascistizante y otros que prefieren simplemente catalogarlo de autoritario. Esta fue la operación que realizó el sociólogo Juan José Linz al establecer el esquema de regímenes totalitarios y autoritarios e incluir a España dentro de estos últimos, lo cual fue bien recibido por los sectores de derechas que deseaban sacar al franquismo de su estrecha relación la Alemania nazi y la Italia de Mussolini.
¿Cómo incidió la especial intensidad de la lucha por la Reforma Agraria en Extremadura con las características que adoptó la represión en nuestra región?¿Podemos considerar a esta como una suerte de “venganza de clase” de la oligarquía?
La reforma agraria es clave para explicar la represión llevada a cabo en Badajoz. Extremadura forma parte de las regiones que, desde las desamortizaciones del siglo XIX, pasó a manos de grandes propietarios que normalmente vivían en las ciudades. Se creó una situación de desigualdad absoluta en que una minoría controlaba la riqueza de una región en un momento en que la tierra lo era todo.
La República, mediante una reforma legal, trató de llevar un poco de justicia al mundo agrario dando un medio de vida a esa mayoría social formada por jornaleros y yunteros: se trataba de aprovechar la riqueza de una región como Extremadura en beneficio de todos. Estas reformas, iniciadas en 1932, cuajaron en marzo de 1936 con la invasión de las fincas marcadas por el Instituto de Reforma Agraria, pero el golpe militar arrasó con todo esto dando lugar a una contrarrevolución agraria de proporciones desconocidas. Los casos en los que podemos relacionar a las personas asesinadas con lo ocurrido en cada pueblo en relación con la reforma agraria muestran que existió venganza de clase.
En tu obra se reflejan varios ejemplos de represión hacia personalidades moderadas o incluso conservadoras, así como de tensiones internas dentro del propio régimen franquista, ¿podrías describir este tipo de represión?
Hubo personas políticamente moderadas e incluso
conservadoras que, pese a no estar de acuerdo con las reformas
republicanas, se vieron desbordadas con lo que ocurrió cuando las
columnas de los golpistas ocuparon pueblos y ciudades. Nunca pudieron
imaginar que ese golpe de estado, al contrario de otros muchos
anteriores, iría unido a un ejercicio de violencia desconocido en
España desde la intervención extranjera que acabó con el Trienio
Constitucional y repuso en el poder a Fernando VII en 1823. Los que
entre ellos criticaron la violencia o no se alinearon con los
golpistas se situaron en terreno peligroso.
También expones que, durante el primer franquismo, las mujeres sufrieron la represión con unas características específicas, ¿cuáles fueron? ¿Y cuáles se aplicaron contra la disidencia sexual?
En todas las guerras, y más en las civiles, las mujeres forman parte del botín de guerra. Las características del golpe militar de 1936, con el Ejército de África en cabeza y fuerzas militares y paramilitares de todo tipo avanzando pueblo a pueblo, supusieron un ejercicio de violencia sexual desconocido en el país hasta ese momento y que tuvo un marcado carácter africanista. La mujer, anulado el estado de derecho, quedó en total desamparo. Los que partieron de los pueblos huyendo de la represión nunca imaginaron que las mujeres de su entorno serían sometidas a todo tipo de vejaciones y violencias, desde el rapado del cabello o la ingesta de ricino hasta la violación pasando por su utilización para tareas de limpieza de cárceles, parroquias, ayuntamientos, etc. Los homosexuales fueron igualmente incluidos en algunos de estos castigos como el rapado y el ricino.
En tu obra describes sendos episodios de represión con un carácter claramente irracional, dirigidos contra personas no significadas políticamente y que tenían por objeto el mero ejercicio de la violencia y/o el pillaje. ¿Hasta qué punto las jerarquías del ejército sublevado amparaban conscientemente este tipo de actos “incontrolados”? ¿Crees que consideraban que, pese a su carácter indiscriminado, podían contribuir al control y sometimiento de la región?
Los militares golpistas permitían todo lo que no pusiera en duda su poder. El margen era muy amplio en todo lo referente a la violencia y al pillaje. De hecho, las rutinas africanistas normalizaron el saqueo sistemático a lo largo de la ruta. Son los propios documentos generados por la justicia militar los que, aunque no concluyan en nada, cuentan lo que ocurría tras la ocupación de cada pueblo. Cabe afirmar que estas prácticas fueron permitidas —cuando no alentadas— con el objetivo de satisfacer a las fuerzas de choque formadas por legionarios y regulares, tras los cuales pasaban falangistas y militares.
También expones varios ejemplos de incautación de bienes ligada a la represión. ¿Existe una conexión entre la represión franquista y la aparición de algunas grandes fortunas económicas?
Esa conexión es evidente. Había una oligarquía que se mantuvo y consolidó su poder gracias a golpe y hubo fortunas que surgieron de lo que antes he llamado el reparto del botín. En un país donde se dividía a los ciudadanos que habían superado los filtros represivos en afectos y desafectos, todo dependía de tener buenos contactos y un historial adecuado. Las tensiones dentro de los vencedores se entienden por los diferentes intereses reunidos en torno a la destrucción de la República, ya que era tal el botín a repartir, todo un Estado, que todos quisieron asegurarse su parte.
A tenor de un artículo que publicaste en febrero sobre el caso de la Agrupación Socialista de Villafranca de los Barros durante la Transición, recibiste un comentario público de Rodríguez Ibarra. Dijo que no encontraba razones para entender por qué nunca quisiste hablar con él y que quería reunirse para contarte “la otra verdad”. ¿Qué valoración haces del comentario?
Yo comenté al inicio del artículo las fuentes que había
utilizado, me basé en ellas pero no hablé con ninguno de los
autores de las obras y trabajos que utilicé. En el caso de Rodríguez
Ibarra me serví de sus memorias. ¿Por qué razón debería haber
hablado con él? Además, no solo dijo eso, sino que afirmó que yo
le tenía inquina, lo cual demuestra que no lleva bien la crítica.
Quizás esto pase por estar acostumbrado a tener siempre la última
palabra y a que a su alrededor todos la acataran obedientemente.
Bastará con recordar cómo tomó la decisión de destruir la plaza
de toros de Badajoz.
En Argentina se hace pedagogía democrática con la última dictadura del país a través de homenajes, parques memorísticos o monumentos a las víctimas, así como condenas a los responsables de las desapariciones. En Italia las exhumaciones se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania el nazismo se considera apología del odio. Sin embargo, en España las víctimas del franquismo carecen de reconocimiento. ¿Por qué crees que sucede esto?
Cada país tiene sus características. De los casos que mencionas hay que separar los que surgen del auge de los fascismos y las dictaduras del cono sur controladas por el imperialismo de los Estados Unidos. Italia tiene su línea propia. En Alemania tuvieron que transcurrir cuatro décadas para que en los años 80 y 90 se decidiese mostrar qué fue el nazismo. Y España se caracteriza por ser la única dictadura sangrienta que se perpetuó en Europa occidental. Si a esto añadimos el modelo de transición impuesto por las circunstancias y la dejación posterior, podemos explicarnos la persistencia de la memoria histórica franquista, la ausencia de políticas de memoria y las constantes barreras a la investigación.
Parece que las exhumaciones en el Valle de los Caídos van a ser realizadas por organizaciones y asociaciones mediante subvenciones y no directamente por el Ejecutivo. ¿Crees que, como ha indicado Emilio Silva, lo ideal sería que el Gobierno, con personal del Estado, se ocupara de ello?
Creo que lo correcto hubiera sido que el Gobierno, con personal propio y con la colaboración de las asociaciones y organizaciones, se hubiera encargado de todas las exhumaciones pendientes. Es un tema que debe ser zanjado de una vez y ya sabemos que la derecha nunca lo hará.
¿Cuál será el futuro del Valle sin Franco? ¿Qué harías en el lugar?
Es tal el coste de mantenimiento de aquel despropósito que
creo que lo mejor sería sacar los restos allí depositados dándoles
sepultura digna y dejar que fuera destruyéndose a su propio ritmo.
No entiendo cómo se puede convertir aquello en un lugar de memoria.
Hace dos años dijiste, sobre la irrupción de Vox, que “el reto que tiene la democracia española es crear una mayoría social favorable al progreso de todos”. ¿Hemos avanzado en ese sentido?
Parece que no, y hay una razón clave. En otros países de
nuestro entorno partidos de derecha e izquierda pueden llegar a
acuerdos que permiten llevar adelante temas y asuntos delicados.
Pienso en Francia o Alemania. En España esto no es posible por el
hecho de que la derecha no solo no ha roto con la dictadura sino que
procede de ella y no quiere ni oír hablar de fosas, exhumaciones o
memoria histórica. Por si fuera poco, esto lo compartió el PSOE
durante muchos años. A ambos les ha costado siempre mirar más allá
de 1978. Por otra parte, viniendo de donde veníamos y tras los
ajustes exigidos por el modelo de transición, desde entonces la
política española ha girado entre el centro (PSOE) y la derecha
(PP). Solo en esta legislatura se penetró en la zona izquierda. En
estas circunstancias resulta muy complicado, por no decir otra cosa,
pensar en esa mayoría social de progreso.