Los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio dejan abierto un escenario de futuro incierto, con un amplio abanico de posibilidades sobre la mesa.
Lo más tranquilizador es que la opción de un gobierno participado por la ultraderecha prácticamente se ha disipado, rompiendo así una preocupante tendencia en Europa: actualmente, con diferente grado de participación, está presente en los gobiernos de Italia, Hungría, Polonia, Finlandia y Letonia. Además, en el caso de Suecia, su apoyo ha sido decisivo para la conformación de un gobierno de coalición de derechas liderado por los conservadores. En España, durante la campaña electoral, el principal partido de extrema derecha había mostrado su intención de conformar gobierno junto al Partido Popular (PP), para imponer un programa de fuerte contenido regresivo desde el punto de vista social y democrático.
El PSOE, partido socialdemócrata que ha liderado la coalición progresista de Gobierno durante los últimos años con Unidas Podemos (UP), no lo va a tener fácil para gobernar, pues necesita el apoyo de diversas formaciones políticas de carácter nacionalista y distintas orientaciones ideológicas (algunas abiertamente de derechas). La reedición de dicha coalición seria con Sumar, un nuevo partido conformado en torno a UP, entre otras organizaciones de izquierdas, y encabezado por Yolanda Diaz, la actual ministra de Trabajo del gabinete de Pedro Sánchez, que en campaña ha mostrado abiertamente su intención de reeditar la coalición. Por lo tanto, no se antoja una tarea sencilla. Tal es así que ni siquiera podría descartarse la posibilidad de agotar el plazo que marca la normativa sin acuerdo y tener que volver a convocar elecciones.
¿Garantizaría la conformación de un gobierno por parte del PSOE y Sumar una salida favorable para la mayoría social? Desde nuestra perspectiva no es así. Más allá de que ambas formaciones hayan intentado sacar pecho durante la campaña electoral a propósito de algunas medidas implementadas durante su periodo de gobierno, el principal argumento que se ha utilizado durante para movilizar al electorado ha sido el de frenar la entrada a la extrema derecha a un eventual acuerdo de gobierno con el PP. Pero esto no es suficiente, sino que se debería abrir una salida política acorde a los intereses de la mayoría social, lo que no parece factible atendiendo a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de coalición con instituciones como la OTAN o la propia UE.
El nuevo Gobierno debe enfrentarse a un marco restrictivo desde el punto de vista fiscal que, además, se une a la política monetaria fuertemente represiva del Banco Central Europeo. La UE ha regresado a la disciplina fiscal que dejó en suspenso tras el estallido de la crisis vinculada a la pandemia. Durante los últimos meses, la Comisión Europea (CE) ha preparado el terreno para recuperarla, lo que tiene un impacto directo sobre las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población [i]. En su propuesta para desactivar la cláusula de escape y reformar las reglas fiscales (recogida en “Communication on orientations for a reform of the EU economic governance frame work, COM 20200 583 final y “Fiscal policy guidance for 2024”, COM 2023 141 final), además de justificar la necesidad de volver a la “prudencia fiscal”, la CE marca las prioridades que han de guiar la elaboración de los presupuestos públicos. Entre ellas, se destacan los gastos militares, así como inversiones en infraestructuras, etc. que resultan funcionales al capital. La recuperación de la senda fiscal restrictiva ha sido aplaudida por instituciones como el Fondo Monetario Internacional.
Este marco es acorde con el compromiso adquirido en el seno de la OTAN, mediante el que los Estados adheridos se comprometieron hace más de un año a relanzar el presupuesto militar. La escalada belicista de los últimos años, reforzada tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, explica el acuerdo de destinar hasta el 2% del PIB al presupuesto en defensa.
El Gobierno de España tiene que presentar su propuesta de Presupuestos Generales el próximo otoño. En primer lugar, se ha de tener en cuenta el deterioro de las finanzas públicas resultado de la recesión abierta desde hace ya más de una década, que ha provocado el crecimiento desproporcionado de los niveles de deuda pública. No sólo como resultado del impacto de la recesión sino, fundamentalmente, por la reacción emprendida por las autoridades públicas frente a ella, materializada en los programas de rescate. Todo ello, junto al escenario de incertidumbre política derivado de las dificultades para conformar un pacto de gobierno, podría llevar a provocar un repunte de la prima de riesgo española que pondría a prueba la capacidad de respuesta del Banco Central Europeo.
En este contexto, el Gobierno español asumió el compromiso con las instituciones comunitarias de cumplir con el objetivo del déficit que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) ya en 2024: para reducirlo hasta el 3% del PIB sería necesaria la aplicación de un ajuste adicional de 10.000 millones de euros en el gasto público. La obligación de reducir el déficit quedó materializada en el Plan de Estabilidad para 2023-26 presentado en el marco del Semestre Europeo. Asimismo, el nuevo Gobierno debería negociar el cuatro tramo de los fondos de recuperación, por lo que no dispondría de mucho margen a la hora de pactar los presupuestos.
De ahí que las posibilidades de reforzar los sistemas públicos de protección social, los sistemas sanitarios y educativos públicos, se vean fuertemente mermadas. Más si cabe atendiendo al sometimiento del Gobierno PSOE-UP frente a las directrices de la OTAN: en los presupuestos del 2023 la partida que experimentó un crecimiento más intenso (más del 25% anual) fue el gasto en defensa, consignándose así el compromiso de Pedro Sánchez de alcanzar el objetivo de que en España el gasto en defensa alcance el 2% del PIB en un plazo de ocho años. Es significativo que, sólo un día después de la celebración de las elecciones, el Ministerio de Defensa anunciara el envío de nueva ayuda militar a Ucrania.
En realidad, es bastante probable que el nuevo Gobierno no llegue a tiempo para elaborar los presupuestos públicos para 2024, de tal manera que, en ese caso, deberían prorrogarse los actuales. Pero, como se ha señalado, los relativos al año 2023 han priorizado los gastos militares frente a los de carácter social.
Por lo tanto, de cara a buscar una salida política que reflejara la voluntad de la mayoría social que se ha expresado en las urnas sería necesario repudiar los acuerdos alcanzados con la OTAN, que únicamente pueden conducir a una espiral destructiva, así como rechazar la disciplina fiscal auspiciada por la propia UE. Mientras que no se rompa con este corsé, será inviable alcanzar una alternativa de progreso social.
Nota:
[i] En otros artículos hemos profundizado en el papel que cumple en el despliegue del escenario de regresión salarial. Ver, por ejemplo: “La reactivación del PEC y el falaz debate sobre el grado óptimo de intervención estatal” (https://rebelion.org/la-reactivacion-del-pec-y-el-falaz-debate-sobre-el-grado-optimo-de-intervencion-estatal).
Javier Murillo y Mario del Rosal son profesores de la Universidad Complutense de Madrid.
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