Las organizaciones sociales por el derecho a la vivienda han logrado avances desde hace décadas hasta llegar al momento actual, donde la lucha por conseguir alquileres dignos es el objetivo a corto plazo.
“Es la última vez que lo pedimos por favor”. Cansado de ineficaces y tibios movimientos legislativos, el movimiento por la vivienda llama así a una movilización que se celebrará en varias ciudades españolas este 13 de octubre. Miles de personas saldrán a la calle para reivindicar, por enésima vez, una regulación del precio de los alquileres en contraposición a los intereses de fondos de inversión y caseros que han encontrado en la vivienda el gran negocio mediante el que “seguir sangrando a la clase trabajadora”, relatan los colectivos.
Con el objetivo de empoderar a la masa inquilina del país, los sindicatos trabajan desde la base y con independencia del poder político para llegar a conseguir una fructífera huelga de inquilinos que ponga en jaque al sistema. Con un solo objetivo: volver a situar la vivienda como un derecho básico y no como un bien de mercado. Una meta que está acompañada de una historiografía de batallas contra el poder económico que se remonta a las primeras décadas del siglo XX y avala la lucha actual.
La huelga de alquileres durante la Segunda República
Ocurrió el 7 de mayo de 1931. Los conjuntos de las llamadas Casas Baratas de Barcelona, donde se alojaban cientos de familias trabajadoras, fueron a la huelga. Se negaban al pago de alquileres abusivos. En agosto, más de 100.000 inquilinos se habían sumado al paro. Poco a poco, el movimiento, encabezado por mujeres como Victoria Ruiz Rodríguez (la Benita) y Dolores Maldonado Ruiz, consiguió detener desahucios, encontrar alternativas de vivienda y crear redes de apoyo vecinal. Gracias a ello, durante el periodo republicano se alcanzaron numerosos acuerdos.
En pleno franquismo, a partir de los años 50, miles de migrantes del interior recalaron en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona. Desde los primeros chamizos y chabolas, los barrios en la periferia de las metrópolis exigían unas condiciones mínimas de salubridad y servicios básicos. Artefactos culturales como la película recién estrenada El 47, sobre la movilización en el barrio barcelonés de Torre Baró, o las dos partes de la novela gráfica titulada Los años de barro, que recuerdan la lucha en la madrileña Vallecas, dan buena cuenta de ello.
La situación mejoró durante la Transición, aunque el movimiento vecinal seguía sin ver colmadas sus más mínimas demandas. “Tenemos derecho a un piso. O nos lo dan, o lo cogemos”, rezaba una pancarta que sujetaban integrantes de la Asociación de Vecinos del Casco Viejo de Iruña ya en 1978.
Miles de desahucios en España
La explosión de la burbuja inmobiliaria en la primera década del siglo XXI dejó tras de sí numerosas historias dramáticas. En todo el país se sucedían desahucios de personas sumidas en una crisis económica y financiera galopante que ya no podían hacer frente al pago de sus hipotecas. A principios de otoño de 2009, un grupo de personas de Barcelona comenzó a movilizarse para evitar que los más débiles del sistema pagaran las consecuencias del mismo mientras el estamento político debatía si rescatar a la banca, tal y como ocurrió.
Así nació la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): “Éramos activistas con apenas conocimiento en materia hipotecaria, y poco a poco nos fuimos formando para frenar esta escabechina de desahucios”, recuerda Paco Morote, portavoz estatal del colectivo y fundador de PAH Murcia. Sus acciones se centraban en señalar a los culpables: “Ocupábamos oficinas bancarias para forzar la negociación e intentábamos crear un estado de opinión para que la gente fuera consciente de lo que ocurría”.
La PAH consiguió llevar al Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que más firmas ha cosechado de la historia, con 1,5 millones de rúbricas. “Decíamos que sí se puede, pero no quieren. Y no quisieron. Al final, no salieron adelante nuestras demandas, como la dación en pago con carácter retroactivo y el impulso al alquiler social”, cuenta Morote. Diversos intentos legislativos después, como la presentación de proyectos de ley que nunca terminaban de materializarse, desde la PAH defienden que la falta de vivienda asequible en España “aumenta la desigualdad y sume a las clases populares en una situación totalmente imposible”, en palabras del portavoz.
Entre medias de la lucha iniciada por la PAH, el 15-M supuso un revulsivo en 2011. “De repente vimos a miles de personas que hacían propias nuestras demandas. Fue un gran empujón”, cuenta Morote desde Murcia. Laura Barrio, activista por la vivienda en Madrid, lo confirma: “Tras el desalojo de la Puerta del Sol, las asambleas se fueron a los barrios, y en ellas empezaron a surgir grupos de vivienda. Llegamos a ser 40 nodos bajo el paraguas de la PAH”. Esta socióloga, hoy, sigue poniendo sus conocimientos al servicio de quien lo necesite desde la asamblea en el barrio de Usera, que no se ha dejado de reunir ningún viernes desde su creación hace 13 años.
La lucha desde las instituciones
En paralelo, hubo personas del movimiento que optaron por entrar en las instituciones para intentar cambiarlas desde dentro. El caso más representativo fue el de Ada Colau, una de las fundadoras de la PAH Barcelona que gobernó la ciudad entre 2015 y 2023. Otros tantos hicieron lo propio en ayuntamientos, asambleas regionales y hasta en el parlamento nacional.
Alejandra Jacinto fue la portavoz de la mencionada ILP en la Comunidad de Madrid y, años más tarde, en 2021, integró como independiente el cuarto puesto en la lista de Unidas Podemos en las elecciones de la Asamblea de Madrid. Resultó elegida. Además, fue portavoz de Vivienda por la coalición Sumar de cara a las elecciones generales de junio de 2023. En octubre de ese mismo año anunció su retirada de la política.
Jacinto, actual abogada de CAES, recuerda cómo sus primeros pasos en el movimiento la llevaron a vivir en primera persona cómo “cientos de personas, muchas migrantes, perdían sus casas tras haberse visto obligadas a endeudarse con el banco por encima de sus posibilidades”. Pese al fracaso de la ILP, Jacinto sí recuerda con entusiasmo “aquel caldo de cultivo que hizo que la inmensa mayoría de la ciudadanía apoyara la iniciativa, algo parecido a lo que sucede hoy”. “También conseguimos muchos cambios legislativos gracias a recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, añade.
Años más tarde, tanto ella como sus compañeros se empezaron a percatar de que los problemas habían virado. Ahora, la problemática se centraba en las personas que viven de alquiler. “Impulsamos mejoras en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero la situación era muy grave. La especulación siempre va más rápido que cualquier pequeña modificación legislativa que se pueda esperar de los partidos de izquierda, tanto del PSOE como de sus socios, que intentaron ir más allá, ya que es evidente que no ha sido suficiente”, relata la abogada.
Aparecen los sindicatos de inquilinos
De nuevo, en mayo de 2017, Barcelona tomó la delantera con su Sindicat de Llogateres. Su premisa era, y sigue siendo, organizar a los inquilinos para revertir el equilibrio de fuerzas y defender el derecho a la vivienda, a un hogar y un alquiler dignos avanzando hacia el objetivo final: la desmercantilización de la vivienda. Enric Aragonès, su portavoz, rememora que los primeros casos que se encontraron remitían a “chantajes”. “Se terminaba el contrato y el casero les exigía una subida brutal de precio que no podían asumir. O lo aceptabas o te quedabas sin casa. A esos casos los bautizamos como los desahucios invisibles”, subraya.
Una de sus grandes aportaciones al movimiento es la forma en la que se organizan. Según el portavoz, “el sindicato funciona en base a la afiliación, que paga una pequeña cuota, y que tiene diferentes niveles de militancia”. Actualmente, unas 4.000 personas forman parte de él. Entre sus grandes hitos está el haber conseguido una regulación en Cataluña de los precios del alquiler en 2020, con tan solo tres años de existencia. Más tarde, el Tribunal Constitucional tumbaría la medida. “Hay que recordar que el 80% de la población estaba a favor de la regulación de precios”, recalca.
Sobre la actual Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno en mayo del año pasado, el Sindicat incide en que no era el texto que tanto ellos como otros colectivos propusieron. “Ha quedado comprobado que cada mínima conquista por el derecho a la vivienda digna ha sido arañada por la lucha social. Los representantes de la patronal inmobiliaria están en las instituciones políticas”, expresa Aragonès.
Desde Madrid, su organización hermana, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, también lucha por lo mismo. “Una de nuestras primeras estrategias fue la campaña del ‘Nos quedamos’ ante las subidas abusivas de los precios del alquiler”, apunta Pablo Pérez, portavoz del colectivo. A través de la desobediencia civil, el Sindicato madrileño consiguió plantar cara a grandes fondos como Blackstone, a quien doblegaron al materializar la firma de más de un centenar de contratos del alquiler sin subidas abusivas.
Más de un millar de afiliados engrosan el Sindicato, conscientes de que “la lucha debe venir de organizaciones independientes y fuertes, de clase, autónomas de las instituciones”. Al fin y al cabo, se trata de “generar un contrapoder que permita a la clase trabajadora plantar cara al enemigo, como rentistas y fondos de inversión”, expresa Pérez.
Preguntado por su futuro, el portavoz defiende que el movimiento por la vivienda pasa por seguir creciendo en organización y radicalidad. “En la medida en que vemos que el problema de acceso a la vivienda se agrava, es posible que veamos un aumento de acciones más contundentes”, comenta. Por eso, la manifestación que tendrá lugar en diversas ciudades este 13 de octubre será un buen momento para medir el apoyo que esta lucha insufla en la sociedad: “Queremos salir a la calle para poder alcanzar una huelga de alquileres que ponga en jaque a este sistema rentista que nos ahoga”, finaliza este portavoz.