La prórroga para la República Catalana que decretó Carles Puigdemont, el pasado 10 de octubre, llega a su fin después de la negativa al diálogo, del encarcelamiento de los «Jordis», del acuerdo del consejo de ministros para la suspensión de la autonomía y de constatar la inexistencia, hoy por hoy, de una mediación internacional. Golpe […]
La prórroga para la República Catalana que decretó Carles Puigdemont, el pasado 10 de octubre, llega a su fin después de la negativa al diálogo, del encarcelamiento de los «Jordis», del acuerdo del consejo de ministros para la suspensión de la autonomía y de constatar la inexistencia, hoy por hoy, de una mediación internacional.
Golpe de estado a la democracia
El sábado 21 de octubre Mariano Rajoy concretaba, en un consejo de ministros extraordinario, las medidas para la liquidación del autogobierno catalán y el otorgamiento de todo el poder al ejecutivo español, bajo el pretexto legal de la aplicación de artículo 155 de la Constitución española. Un ataque frontal a la democracia, en nombre de la democracia, para el que el Partido Popular cuenta con el apoyo incondicional de PSOE y Ciudadanos, el visto bueno del monarca Felipe VI y el aval de la Unión Europea. Las durísimas medidas que aprobará el Senado, van desde el cese del presidente Puigdemont y de todo el Gobierno, hasta el veto al Parlament y el control de la Generalitat, de la radio televisión pública de Cataluña y de los Mossos de escuadra; pasando por una convocatoria electoral en 6 meses teledirigida desde Madrid, con un calendario modificable en el Senado y supeditada a un «cuando se recupere la normalidad» y a otro «tan pronto como sea posible», que sitúan unos comicios para cuando Rajoy considere oportuno.
Entramos, de nuevo, en un camino de consecuencias desconocidas. La cruda realidad de ver a los socialistas avalar, sin matices, la aplicación del 155 deja en nada la tímida defensa que Pedro Sánchez hacía de la plurinacionalidad y, vuelve a situar el fantasma de la fractura interna en un PSC donde el goteo de dimisiones y críticas por parte de militantes, dirigentes y ex-dirigentes es continua. Así mismo, ya no existe la mayoría parlamentaria que los populares construyeron en el Congreso para aprobar los presupuestos. En este sentido, la situación se ha tensado, el lehendakari Iñigo Urkullu dijo, refiriéndose al 155, que «la medida es extrema y desproporcionada. Dinamita los puentes. La Generalitat tiene nuestro apoyo para buscar un futuro constructivo» y añadió, cuando conoció el alcance de la intervención, que «el 155 es un golpe a la democracia». Este apoyo del gobierno vasco al catalán ha tenido una incendiaria respuesta por parte del PP, con una amenaza explícita contra el autogobierno vasco, en el cual se considera, por parte de los populares, que hay «ingredientes» que pueden hacer que siga el mismo camino que Cataluña si se deja encomendar por los «aires de ruptura».
La escalada represiva y autoritaria contra las instituciones catalanas es de tal magnitud, que si el Estado español sale victorioso de la crisis catalana, tendrá implicaciones regresivas en derechos y libertades para el resto del conjunto del Estado.
Respuestas desde el sobiranismo
Los diferentes actores sociales y políticos del campo soberanista afrontan, en una semana decisiva para el futuro de Cataluña, como dar respuesta y resistir el asalto del Estado.
Una nueva movilización masiva para exigir la liberación de los presidentes de la ANC y Omnium Cultural, convocada por la Mesa por la Democracia, fue también el pistoletazo de salida de la contestación social en las calles contra la suspensión del autogobierno. En este sentido, la plataforma Universidades por la República ha convocado una nueva jornada de huelga para el jueves 26, exigiendo la aplicación de los resultados del referéndum del 1-O, la liberación inmediata de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el fin del «estado de excepción» en Cataluña y el respeto hacia las instituciones catalanas. Una huelga estudiantil a la que le pueden seguir otras jornadas de lucha, vagas generales y paros de país, según cómo evolucionan los acontecimientos. Todas ellas con los Comités de Defensa del Referéndum, la ANC y Omnium, como actores principales que tienen que presionar y desbordar desde abajo, para el empoderamiento popular.
En cuanto al Parlament, varios posicionamientos a debate. Por un lado, la posibilidad de convocar elecciones después de realizar una declaración de independencia simbólica, que podría combinarse con un posible gobierno de concentración; una respuesta para intentar evitar, supuestamente, la suspensión de la autonomía, pero que comportaría entrar en una nueva fase del procesismo y que, no tendría tampoco asegurada el fin de la represión y de la judicialización. Por la otra, la opción de defender el mandato del 1-O a través de la declaración de la República Catalana y la apertura de un proceso constituyente; una opción de autodefensa frente el Estado que, a la vez, debe permitir mantener unido el frente soberanista y democrático que se ha movilizado desde el 1-O y el 3-O y, así, avanzar en la autodeterminación de Cataluña.
Jesús Gellida es politólogo
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