España debe incorporar dos directivas comunitarias sobre contratación pública. Los grupos ecologistas españoles de la Oficina Europea del Medio Ambiente EEB (Adega, Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, Itaca, MEDForum y Mèditerrània-CIE), piden que el dinero de los ciudadanos se utilice con criterios ambientales y sociales, posibilidad que contemplan dichas directivas. Las organizaciones españolas […]
España debe incorporar dos directivas comunitarias sobre contratación pública. Los grupos ecologistas españoles de la Oficina Europea del Medio Ambiente EEB (Adega, Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, Itaca, MEDForum y Mèditerrània-CIE), piden que el dinero de los ciudadanos se utilice con criterios ambientales y sociales, posibilidad que contemplan dichas directivas.
Las organizaciones españolas de la Oficina Europea del Medio Ambiente EEB (Adega, Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, Itaca, MEDForum y Mèditerrània-CIE) se han dirigido al presidente del Gobierno para solicitarle un compromiso firme en el campo de la contratación pública. El momento elegido es la Semana Verde, celebrada a nivel europeo, cuyo objetivo es incentivar a los ciudadanos a que expresen en voz alta como creen que puede cambiarse el comportamiento medioambiental de la sociedad. Aprovechando la celebración de este evento por parte de las instituciones europeas, dichos colectivos ecologistas hacen un llamamiento para que las compras públicas que realizan las administraciones, se hagan considerando criterios ambientales y sociales.
Alrededor del 16% del PIB europeo, corresponde al dinero que las administraciones públicas gastan en contratación de servicios, obras o suministro de productos. El alcance de aplicar criterios ambientales y sociales en estas actividades sería muy importante. Según datos de la propia Comisión Europea, si todas las autoridades públicas de la Unión Europea compraran electricidad limpia, se ahorraría el equivalente de 60 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 18% del compromiso de reducción de gases de efecto invernadero dentro del Protocolo de Kioto. En opinión de las organizaciones españolas del EEB, el gobierno de nuestro país tiene una oportunidad de oro para demostrar su compromiso con la sostenibilidad.
La Comisión Europea aprobó dos directivas (Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE) que establecen las pautas para la contratación pública, y que deben ser traspuestas al derecho español antes de finales de enero de 2006. Una de estas directivas es de carácter general y la otra especifica los procedimientos de adjudicación en los sectores del agua, la energía, los transportes, y los servicios postales. Ambas directivas presentan las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para considerar criterios sociales, laborales, éticos y ambientales en la contratación. Aprovechar estas posibilidades a la hora de trasponer la normativa comunitaria, es un reto que el Gobierno español debe aprovechar para asegurar una contratación pública responsable con el medio ambiente y la sociedad.
El dinero que manejan las administraciones proviene del bolsillo de los ciudadanos, por lo que es necesario escuchar su opinión sobre cómo debe gastarse. En sus demandas al presidente del Gobierno, las organizaciones ecologistas resaltan que no siempre lo más barato es lo mejor, en especial cuando se trata de considerar también los costes ambientales y sociales, por lo que piden que se incluyan este tipo de criterios de adjudicación en los contratos públicos, así como que se establezcan mecanismos de control que conduzcan a la exclusión de los contratos cuando no se cumplan dichos criterios.
Más información:
ADEGA, Xosé Veiras, 981 57 00 99
Ecologistas en Acción, Samuel Martín-Sosa Rodríguez, 91 531 27 39
MEDForum, Rafael Madueño 649 82 30 82
Fundación Ecología y Desarrollo, Sandra Benbeniste, 976 29 82 82
Itaca, José Abeledo, 95 226 44 00
Mèditerrània-CIE, Marta Puigdomenech, 977 55 13 00