Traducido para Rebelión por Loles Oliván
«Vuestros notables esfuerzos y sin fisuras han protegido las vidas de personas inocentes, han restaurado el orden y han mantenido la seguridad y la estabilidad en Bahréin». El príncipe Salman bin Hamad al-Jalifa elogiaba así a las fuerzas de seguridad el viernes 25 de marzo por haber devuelto la vida en Bahréin a la «normalidad». Mientras estaba agradeciendo a sus entregadas que hubiesen «creado las condiciones favorables para un diálogo nacional», la policía antidisturbios se desplegaba para acabar con unas veinticinco pequeñas protestas pacíficas que estaban teniendo lugar en todo el país, en el que puede que sea el último «Día de la ira» de Bahréin». Un hombre de 71 años, Mohamad Issa, fue asesinado dentro de su casa debido a la asfixia causada por los humos de gases lacrimógenos utilizados para dispersar a los desarmados manifestantes del exterior. En una de las protestas, los manifestantes cantaban «baltagiyya baltagiyya ya hukuma ya gabiyya» [matones, matones, oh necio gobierno], lo que reproduce el estado de ánimo general en gran parte de Bahréin.
El régimen de Bahréin puede decir que ha «limpiado las calles» y que ha «restablecido el orden» y todo lo que él y sus seguidores quieran, pero los hechos sobre el terreno hablan de una realidad diferente. Ciudadanos inocentes y residentes de casi todas las zonas de Bahréin han vivido en un estado de terror desde el 15 de marzo 2011. Lejos de «proteger la vida de las personas», la brutalidad policial y la violencia brutal a favor del gobierno han causado estragos en las calles de barrios residenciales que son por lo general pacíficos. Los traumas físicos y psicológicos, así como los daños materiales a bienes privados y públicos, aún no se han establecido ni contabilizado. Los servicios secretos del régimen de Bahréin han seguido dando rienda suelta a un arsenal de tácticas de intimidación contra militantes de la oposición, portavoces y simpatizantes. Hasta la fecha, más de un centenar de ciudadanos de Bahréin han sido dados por desaparecidos, sin que sus familias tengan conocimiento sobre sus paraderos. Varios han sido liberados y se les ha permitido regresar con sus seres queridos, y otros pocos solo han podido reunirse con sus familias ya en las morgues de los hospitales. Cientos de civiles han sido gravemente heridos.
Los relatos de primera mano, fotografías documentales y vídeos que han salido de la pequeña isla del Golfo son particularmente alarmantes. Las imágenes de cuerpos mutilados, hinchados y magullados, circulan en Internet desde hace dos semanas. La mayoría de los que han sido puestos en libertad cuentan historias de la brutalidad policial, las palizas y la tortura, y sus cuerpos también muestran signos de maltrato físico, lesiones y desfiguración. Nabil Rayab, presidente del Centro para los Derechos Humanos de Bahréin, fue uno de los muchos a los que les vendaron los ojos, golpeado y detenido.
Aun cuando el régimen de Bahréin ha apuntado sistemáticamente a los miembros de la oposición, sus tácticas también van destinadas a intimidar a los miembros de sus familias y otros partidarios potenciales. Desde que las Fuerzas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Escudo de la Península entraran en Bahréin el 14 de marzo, las familias de los que son críticos con al-Jalifa han informado cada vez con más frecuencia sobre agentes armados vestidos de civil asaltando sus domicilios por la noche. En muchos de los incidentes reportados, grupos de hombres supuestamente de los servicios de inteligencia entraron en las casas rompiendo las puertas de garajes, puertas de entrada y ventanas. Varios relatos describen a hombres gritando y empujando a miembros de la familia y haciendo preguntas sobre el paradero de su(s) hermano(s), padre, o hijo(s). Muchos militantes, escritores y bloggers se han tenido que ocultar en las últimas dos semanas al saber que miembros de la oposición están siendo objeto de ataques y detenciones. En muchos casos tienen poco o ningún contacto con sus familias.
Oficiales de seguridad y matones a favor del régimen han atacado asimismo los domicilios de quienes han criticado públicamente a al-Jalifa. Algunos, como la casa de Munira Fakhro, han sido atacados más de una vez. Las tácticas de intimidación contra el personal médico han continuado igualmente a pesar de que el gobierno afirma lo contrario. Agentes de policía y matones -que supuestamente custodiaban el Centro Médico Salmaniya (CMS)- han sido grabados en video cuando agredían físicamente a enfermeras en el recinto hospitalario. Hasta el 20 de marzo, los empleados del CMS seguían informando de que las fuerzas de seguridad intimidaban, golpeaban y detenían a médicos y enfermeras, así como a pacientes en el interior del edificio del hospital. En algunas zonas, los manifestantes chiíes que resultaron heridos durante las represalias de la policía antidisturbios han recibido atención médica rudimentaria en su casa porque temor a ser alcanzados en los hospitales al buscar asistencia médica adecuada. Al menos un centro médico de un barrio chií ha sido completamente demolido en un intento de evitar que los manifestantes reciban atención médica.
Asimismo, las instituciones del Estado han penalizado a los ciudadanos que han participado en las protestas populares y pacíficas que se iniciaron en Bahréin el 14 de febrero de 2011. El Ministerio de Educación, por ejemplo, ha suspendido las becas del gobierno a cuarenta de sus alumnos matriculados en universidades extranjeras. De acuerdo con el Ministerio de Educación, estos alumnos «han cometido graves violaciones ilegales e inconstitucionales» al reivindicar la caída del régimen y, por tanto, no merecen ningún privilegio del Estado. La Autoridad Regulatoria de las Telecomunicaciones de Bahréin ha retirado la licencia a una empresa de telecomunicaciones bahreiní fundada por el dirigente opositor Sharif Ibrahim. El régimen de Bahréin también ha intensificado su guerra contra los medios de comunicación críticos con Al-Jalifa y su violenta represión contra los manifestantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ha anunciado su intención de tomar medidas legales contra la periodista de la BBC Caroline Hawley supuestamente por «empañar la reputación del reino». Asimismo, el progubernamental diario Al-Bilad ha despedido a tres de sus periodistas por haberse unido a las protestas y haber expresado opiniones contra el régimen. Más recientemente, Arabsat ha acusado a Bahréin de interceptar sus señales vía satélite después de que el gobierno bahreiní presentase una reclamación ante el operador de satélites acusando a la [cadena] iraní Al-Alam y a Al-Manar, de Hizbolá, de violar las regulaciones del operador. También, en la última semana, el régimen de Bahréin ha publicado información contradictoria sobre las posiciones de los siete grupos de la oposición, así como del sindicato sobre la suspensión de la huelga y, de haber coaccionado después, supuestamente, a sus respectivos miembros para que respaldasen sus posiciones.
En su discurso dirigido a las fuerzas de seguridad el viernes, el príncipe Salman reiteró la determinación del rey para «continuar el camino de la reforma» y comprometer a quienes se considera los «verdaderos ciudadanos» de su pueblo. El camino a la «normalidad» de la semana pasada demuestra que ser un verdadero ciudadano de Bahréin es callar ante la injusticia de la dictadura al-Jalifa, ante la corrupción gubernamental, ante el fracaso para reformar la Constitución y el establecimiento del imperio de la ley. De hecho, la atmósfera ideal de diálogo para el Príncipe de la Corona es aquella en que las almas, la moral y la determinación de sus socios hayan sido aplastadas. En la lógica de Salman, quienes hayan sido complacientes con y beneficiarios de sus injusticias son «personas inocentes» que merecen la protección del Estado. Los que no, seguirán haciendo frente a la potencia militar del régimen bahreiní, quien, junto con sus socios del CCG, se han salido con la suya: la intimidación masiva de una población civil; el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y pacíficos; la incitación al odio sectario, las violaciones de Estados Unidos y la violación del derecho internacional, con una mera regañina.
Pese a todas las palabras huecas de Estados Unidos sobre los valores universales, la Casa Blanca ha devuelto la pelota a los pueblos de sus dictaduras amigas del CCG. El gobierno de Estados Unidos ha estado sometido a una gran presión en el último mes por parte de sus socios occidentales para dirigir la iniciativa contra Gadafi, pero también internamente para librar otra guerra incierta. En un intento de apuntalar el apoyo árabe, considerado como crucial con vistas a legitimar «internacionalmente» la «coalición internacional» para imponer la zona de exclusión aérea en Libia, la Casa Blanca alcanzó un acuerdo con los Estados miembros del CCG, principalmente a través de la negociación con Emiratos Árabes Unidos. A cambio de un apoyo simbólico y material árabe, Estados Unidos guarda silencio sobre el papel del CCG en la represión violenta de las manifestaciones pacíficas en Bahréin. Asimismo, Estados Unidos apoyará la campaña mediática y diplomática del CCG contra Irán y su presunto apoyo de la oposición de Bahréin. Es en este contexto en el que Estados Unidos únicamente ha instado a ambas partes en Bahréin a «actuar con moderación» queriendo decir con ello, parafraseando a Jon Stewart, del Daily Show, que «los manifestantes tienen que quitarse de en medio».
Por ahora, puede que el poder militar de GCC haya conseguido reprimir un levantamiento popular democrático en uno de sus Estados miembros, aunque el jurado aún está deliberando sobre si todas las fuerzas contra el régimen han sido completamente derrotadas, desmoralizadas, o cooptadas. Lejos de haber resuelto los problemas de Bahréin, parece más probable que el violento y despiadado ataque del régimen bahreiní contra más de la mitad de su población civil no hará más que empeorar la situación. Sabiendo que los funcionarios regresan a sus trabajos y que las escuelas reabren sus puertas a unos estudiantes traumatizados por los acontecimientos de las últimas seis semanas, no puedo menos que preguntarme qué se debe sentir al volver a la «vida normal» en Bahréin. ¿Qué significa reanudar las funciones cotidianas después de haber sido testigo y haber experimentado niveles tan alarmantes de violencia a manos del mismo régimen que ahora promete seguridad y diálogo? Que algunos en esta región crean que esta es la «edad de oro» del CCG sólo añade leña al fuego, especialmente para quienes han sido los más afectados por este ataque respaldado internacionalmente. Dado que Bahréin ha prohibido temporalmente viajar a/desde Líbano, Iraq e Irán, y ha proporcionado a otros Estados del CCG una lista con los nombres de los miembros de su oposición, no cabe esperar que la discriminación estatal contra la población chií de Bahréin afloje a corto plazo. No es de extrañar, pues, que muchos miembros de la oposición hayan estado intentado abandonar su país en los últimos días. A la familia gobernante se le puede complicar la cosa al legitimar lo «nacional» en cualquier esfuerzo de «reconciliación» que pueda patrocinar, aunque es muy dudoso que los al-Jalifa hayan pensado siquiera en cómo conseguir que los ciudadanos de Bahréin vuelvan a coexistir.
Fuente: http://www.jadaliyya.com/