En julio de 2015, un pediatra de 26 años de edad contó a nuestro equipo de investigadores de Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights, PHR), cómo en 2012, siendo estudiante de medicina, las fuerzas gubernamentales lo detuvieron y golpearon brutalmente. Ahora trabaja de médico de urgencias e interno residente en un hospital […]
En julio de 2015, un pediatra de 26 años de edad contó a nuestro equipo de investigadores de Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights, PHR), cómo en 2012, siendo estudiante de medicina, las fuerzas gubernamentales lo detuvieron y golpearon brutalmente. Ahora trabaja de médico de urgencias e interno residente en un hospital que ha sido bombardeado dos veces por el gobierno sirio. Vive con el miedo de perder la vida a causa de una bomba en su camino al trabajo o en el propio hospital. Sus parientes quieren que se vaya de Siria, como han hecho ellos, pero él se niega diciendo que «es nuestro país, y si nos vamos, se partirá en pedazos. De vez en cuando pienso que tal vez me iré y me especializaré para luego volver mejor preparado, pero después veo a toda esa gente que me necesita. Tal vez sea este el factor principal que me mantiene aquí.»
La cobertura mediática de Siria se ha centrado en el éxodo de refugiados que huyen de la guerra sectaria y de las atrocidades cometidas por el Estado Islámico/1. En cambio, se presta menos atención a la destrucción de cientos de hospitales y clínicas en las zonas controladas por la oposición y a la muerte de médicos, enfermeros y demás personal sanitario. Desde que comenzó el conflicto en 2011, PHR ha documentado el asesinato de 679 profesionales de la salud, perpetrado en el 95% de los casos por fuerzas gubernamentales sirias. Algunos de esas personas murieron al ser bombardeados sus hospitales o clínicas; a otras las mataron con armas de fuego y, por lo menos, 157 fueron ejecutadas o torturadas hasta morir/2.
En julio, un equipo de PHR examinó el estado del sistema sanitario en el este de Alepo. Pese a que esta ciudad no es la que más destrucción ha sufrido hasta ahora en Siria, su situación sí ilustra las consecuencias de las repetidas incursiones: los equipamientos sanitarios de Alepo han sido atacados casi 50 veces desde que grupos de la oposición se hicieron con el control de la parte oriental en 2012. El gobierno ha lanzado cohetes, misiles y, desde 2013, «bombas de barril» (barriles de 100 a 1000 kg llenos de explosivos, metralla, clavos y petróleo que se dejan caer desde helicópteros y se rompen en miles de fragmentos al impactar) sobre casas e infraestructuras civiles, incluso hospitales. El número de ataques con bombas de barril alcanzó las cotas más altas entre abril y julio de 2015. Estas bombas, que eliminan todo lo que tocan directamente e infligen graves heridas a cualquiera que se vea expuesto a su onda expansiva, han tenido un efecto devastador en la parte oriental de Alepo. Solo permanecen una cuarta parte de los 1,2 millones de habitantes de la ciudad; más de dos tercios de los hospitales han dejado de funcionar y alrededor del 95% de los médicos han muerto o huido/3.
Alepo también ofrece incontables ejemplos de valor y resistencia de trabajadores y trabajadoras de la sanidad, que constituyen una parte importante de la narrativa de la crisis siria. A pesar de los tres años de muerte y destrucción, los habitantes que permanecen en Alepo han demostrado todo lo que es capaz de hacer una comunidad resistente y entregada. Profesionales de la salud han explicado cómo han reconstruido un sistema sanitario que supera a cualquier otro creado en una zona de guerra. Los diez hospitales que funcionan en la ciudad (de los 33 que había en 2010) varían de tamaño y capacidad, pero el hecho de que el más grande solo cuente con trece médicos refleja la falta de personal de estas instalaciones. Los equipos disponibles también varían mucho de un centro a otro, y la falta de escáneres de tomografía computadorizada y de resonancia magnética dificultan o imposibilitan el tratamiento de los traumatismos encefálicos. No obstante, el médico jefe de una unidad de traumatología de Alepo señala que «tal vez seamos pocos médicos en un simple hospital con equipos simples, pero salvamos montones de vidas».
El asesinato de trabajadores sanitarios en los conflictos bélicos no es una novedad. Los gobiernos y grupos armados han atacado cada vez más centros médicos y a personas que han jurado prestar asistencia a sus pacientes (véase más abajo «Derecho humanitario internacional y sus violaciones»). Tanto si estos actos forman parte de ataques más amplios en zonas residenciales como si representan un esfuerzo deliberado por castigar a los trabajadores sanitarios, a los civiles y a los combatientes por su presunta afiliación política, o si se pretende impedir que los médicos traten a los «enemigos» o aporten pruebas de crímenes de guerra, o destruir infraestructuras vitales, en todo caso violan el derecho humanitario internacional.
En ninguna otra parte esas violaciones han sido tan atroces como las cometidas por fuerzas gubernamentales en Siria; violaciones particularmente penosas dado que el presidente sirio, Bachar el Asad, es médico. El menoscabo de los servicios sanitarios ha pasado a ser una brutal arma de guerra. Pese a que casi todos los bandos del conflicto sirio violan los derechos humanos y el derecho internacional, la amplitud y la intensidad con que el gobierno ataca al personal médico y los equipamientos sanitarios son de lo peor que se ha visto desde la adopción de las modernas convenciones de Ginebra.
Cuando los sistemas de atención sanitaria son objeto de ataques, las pérdidas son mucho mayores que el número del personal sanitario muerto y los tejados y muros demolidos de los hospitales. Se pierden espacios seguros para civiles heridos que requieren atención médica y poblaciones enteras pueden dejar de tener acceso a un tratamiento. Cuando esos ataques son tan extendidos como en Siria, las consecuencias se replican en todo el país y la región.
Todos los médicos a los que hemos entrevistado y que siguen trabajando en Alepo dicen que, si se van, morirán personas por falta de atención médica. Puesto que arriesgan su vida para tratar a civiles, inclusive colegas, cuyos cuerpos han sido destrozados por bombas de barril, estos médicos han manifestado su consternación por la incapacidad de la comunidad internacional para hacer cumplir las convenciones de Ginebra. Insisten en que el principal obstáculo para el personal médico es la inseguridad y en que la principal necesidad es su protección. Como explica uno de ellos: «Has de estar seguro para salvar a otros… Si matas al médico o destruyes el hospital, la medicina deja de beneficiar a la gente. El gran problema es la incapacidad de proteger al personal.» En concreto, todos los médicos que hemos entrevistado han insistido en poner coto a las bombas de barril. Uno de ellos nos ha dicho que «si dejan de lanzar bombas de barril, los médicos volverán. No hace falta nada más que parar las bombas de barril; es lo primero y lo último que necesitamos.»
Estas violaciones del derecho humanitario internacional están bien documentadas en tiempo real, pero la respuesta internacional ha sido mínima. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -el organismo internacional encargado de proteger a los civiles en los conflictos, hacer cumplir el derecho humanitario internacional y remitir los casos de violación al Tribunal Penal Internacional para que investigue si se han cometido crímenes de guerra- está paralizado por motivos políticos. No ha adoptado más que una sola resolución, en febrero de 2014, en la que reclama que todas las partes del conflicto dejen de atacar a civiles y respeten el principio de neutralidad médica. Desde entonces, ha asistido al aumento de los ataques a civiles e instalaciones médicas en Siria sin emprender ninguna acción más. Pensamos que los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales deberían emplazar al Consejo de Seguridad a que haga respetar la paz y seguridad internacional y asegure el enjuiciamiento de quienes los perpetran, y que en caso de que no haga nada, esas organizaciones exijan la reestructuración del Consejo. Además, cada gobierno puede incrementar la presión diplomática y plantear la imposición de sanciones a los violadores.
Si la comunidad internacional no se moviliza para poner fin a los ataques a los profesionales de la salud y las infraestructuras sanitarias en Siria, seguirán sufriendo y morirán civiles. Además, no será posible alcanzar una paz duradera si no se enjuicia a los autores de esos crímenes. Los efectos de estas violaciones y de la falta de enjuiciamiento repercutirán mucho más allá de Siria. Cuanto más tarde la comunidad internacional en hacer respetar el derecho humanitario, tanto mayor será la probabilidad de que esas violaciones se conviertan en la «nueva norma» en conflictos armados en todo el mundo, menoscabando el inveterado principio de neutralidad médica. Si no se contrarrestan, los ataques a la atención médica se convertirán en un arma de guerra convencional.
Pese a que la falta de respuesta de la comunidad internacional ha costado cientos de miles de vidas, no es demasiado tarde para rectificar el rumbo. Como organismo mundial dotado del mayor poder para detener esos ataques a corto plazo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería hacer cumplir su resolución para proteger a los civiles y las infraestructuras civiles. Una protección efectiva de la neutralidad médica salvaría vidas y es una condición necesaria para cualquier proceso de paz efectivo. La reconstrucción del sistema sanitario sirio llevará décadas, pero los médicos que hemos entrevistado están dispuestos a abordar la tarea. Primero necesitan el apoyo de la comunidad internacional para asegurar que esté protegido el derecho a administrar y recibir atención médica.
El derecho humanitario internacional y sus violaciones
La 1ª Convención de Ginebra, de 1864, consagró los principios que protegen los espacios médicos y a los trabajadores sanitarios de toda interferencia y de todo ataque durante los conflictos armados. Actualizadas y reforzadas, las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 han sido ratificadas por 196 países, incluida Siria, que también ha ratificado el Protocolo Adicional I. Estos exigen que todas las partes de un conflicto protejan y aseguren el funcionamiento de las instalaciones sanitarias, el transporte de heridos y enfermos y al personal médico; que protejan y aseguren un tratamiento ecuánime tanto de los civiles como de los combatientes heridos; y que el personal médico administre un tratamiento imparcial tanto a los civiles como a los combatientes heridos, de conformidad con la ética profesional. Un ataque a un centro médico solamente sería legal si se cumplieran todas y cada una de las siguientes tres condiciones:
1. El centro está siendo utilizado para cometer actos lesivos para el enemigo que no guardan relación con la función humanitaria del centro.
2. La parte que ataca el centro ha planeado un ataque proporcionado, considerando que la ventaja militar que espera obtener del ataque sería mayor que el daño colateral potencial a los civiles y los bienes civiles protegidos.
3. La parte atacante ha dado un aviso previo, concediendo tiempo suficiente para que se ponga fin a todos los actos lesivos para el enemigo, se ofrezcan explicaciones si se ha cometido un error o sean evacuados los heridos y enfermos.
Una agresión a un trabajador o trabajadora sanitario solo sería legal si participa directamente en acciones hostiles/4.
Desde la década de 1990, el incumplimiento de estas normas de protección está bien documentado. En Afganistán, la República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia y la antigua Yugoslavia, los combatientes atacaron a civiles y en algunos casos entraron en hospitales para secuestrar y ejecutar a pacientes. En Bahréin y Libia, médicos que atendían a manifestantes civiles heridos fueron detenidos y torturados. En el decenio pasado se produjeron asimismo graves atentados contra la neutralidad médica en zonas de combate en Afganistán, Iraq, Ucrania y Yemen. El bombardeo de un hospital de Médicos sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, por parte de la fuerza aérea de EE UU el 3 de octubre de 2015, que causó la muerte de 30 pacientes y profesionales sanitarios, no es más que un ejemplo reciente de tales ataques.
Notas
1/ Sengupta S., «Refugee crisis in Europe prompts Western engagement in Syria». New York Times, 30 de septiembre de 2015. (http://www.nytimes.com/2015/
2/ Physicians for Human Rights, Anatomy of a crisis: a map of attacks on health care in Syria (https://s3.amazonaws.com/PHR_
3/ Physicians for Human Rights, Aleppo abandoned: a case study of health care in Syria (http://www.phr.org/aleppo-
4/ Comité Internacional de la Cruz Roja, Summary of the Geneva Conventions of 1949 and their additional protocols (http://www.redcross.org/
Fuente: Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina e Instituto de Política Sanitaria e Innovación de Ann Arbor, de la Universidad de Michigan (M.H.); Physicians for Human Rights, Nueva York (M.H., E.B., D.M.).
Traducción de Viento Sur