El gobierno turco del AKP (Partido de la Justicia y Desarrollo) impone a golpe de mayoría parlamentaria su visión unilateral de país. En primer plano de la actualidad turca la Ley de Seguridad Ciudadana. Un paquete de medidas draconianas y bien pensadas que de hecho pretenden transferir a los servicios policiales poderes casi ilimitados. El […]
El gobierno turco del AKP (Partido de la Justicia y Desarrollo) impone a golpe de mayoría parlamentaria su visión unilateral de país. En primer plano de la actualidad turca la Ley de Seguridad Ciudadana. Un paquete de medidas draconianas y bien pensadas que de hecho pretenden transferir a los servicios policiales poderes casi ilimitados.
El citado proyecto de ley contempla entre otras polémicas medidas que la policía podrá detener en lugares públicos a cualquier persona que considere sospechosa de potenciales disturbios o resulte una amenaza a la seguridad ciudadana o a la propiedad privada.
El proyecto también permite a la policía detener a cualquier persona considerada «sospechosa» por un periodo de 48 horas sin necesidad de orden judicial y sin informar al juez, igualmente los servicios de seguridad podrían, de acuerdo a la nueva legislación, registrar vehículos y personas a su libre albedrío sin mandato judicial, y por lo tanto sin testigos. Además, y por si fuera poco, la propuesta legislativa introduce dos nuevas medidas represivas bastante innovadoras como son la detención por «protección» y la «deportación interior», lo que traducido significarían en el primer supuesto que las autoridades policiales podrían poner bajo custodia por tiempo ilimitado a cualquier persona bajo el curioso argumento de «protegerla», y en el segundo caso tendría el poder de deportar de su ciudad o territorio a cualquier persona y asignarle una residencia forzosa por un tiempo impreciso.
Reforzando las políticas represivas
El nuevo proyecto de ley autorizaría además a la policía a utilizar sus armas en contra de sospechosos de portar explosivos, materiales inflamables o similares. Y no está de más recordar que solo en los últimos 8 años 183 personas han resultado muertas por la policía turca sin necesitar de la nueva propuesta legislativa bajo el generoso manto de una impunidad, que ahora sería legalizada.
La propuesta legislativa gubernamental incluye otras medidas para dotar de amplios poderes a la policía y los servicios de seguridad como pueden ser la libertad de realizar escuchas telefónicas y de comunicaciones, así como vigilancias y seguimientos sin autorización judicial, por 48 horas, bajo el ambiguo argumento de medidas «preventivas» y conferiría poderes especiales a los Gobernadores para autorizar que la policía actúe como acusadora sustituyendo de hecho a la fiscalía. Del mismo modo la nueva propuesta legal contempla que la policía puede en cualquier momento declarar «ilegal» in situ cualquier manifestación autorizada, y la negativa a disolverse sería motivo de detención y causa de delito.
Una creciente crispación política y social frente a las ambiciones de Erdogan
La oposición en minoría en el Parlamento poco puede influir para impedir la aprobación del nuevo proyecto de Ley de Seguridad, o para reformarlo, lo que unido a la ya tradicional arrogancia de un Gobierno con mayoría absoluta en el legislativo han convertido a esta institución en verdadero ring de boxeo, en donde en más de una ocasión los diputados han llegado a las manos. La progresiva erosión de derechos, el creciente deterioro de la democracia y la deriva autoritaria del Gobierno han creado un ambiente de crispación social y política.
Acorde con esta tónica, recientemente, el propio Presidente y líder indiscutible del AKP, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido a los electores que le den «400 diputados del AKP para terminar con las reformas» en referencia directa a las próximas elecciones previstas para el 7 de junio, reafirmando así su empeño por construir un régimen hecho a su medida, es decir, redactar una nueva Constitución que introduzca un sistema netamente Presidencial (que sería el propio Erdogan, por supuesto). Una figura institucional que tendría en ese caso poderes prácticamente absolutos.
El problema kurdo en medio de la tormenta
En medio del constante deterioro del sistema democrático turco, el «problema kurdo» se mueve entre dificultades y ambigüedades en aras de lograr un acuerdo mínimo para negociar un acuerdo de paz definitivo. El partido pro-kurdo HDP (Partido de la Democracia del Pueblo), que no solo representa a los propios kurdos sino también a sectores de todos los pueblos que habitan una Turquía multinacional, al igual que el ilegalizado y armado PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) siempre han insistido en que la solución a la cuestión kurda debe ir de la mano de una profundización democrática del país, sin embargo en estos últimos tiempos diversas voces vienen criticado, sobre todo desde la izquierda, una actitud que califican de «oportunista» por parte de las fuerzas políticas kurdas, achacando al HDP el intento de cerrar un acuerdo sobre el tema kurdo sin poner como condición indispensable la democratización del país y la sociedad.
Hace apenas un par de semanas el HDP hizo público un comunicado conjunto con el Gobierno, el texto subrayaba que Turquía estaba «al borde de un proceso de decisión histórica» al tiempo que confirmaba que el líder del PKK, Abdullah Ocalan (encarcelado y con una cadena de por vida), había hecho un llamamiento a la guerrilla del PKK para que «abandone la lucha armada» en su próximo Congreso, a celebrarse esta Primavera. Este «paso histórico» vendría acompañado por la voluntad del Gobierno de iniciar negociaciones sobre una agenda supuestamente ya acordada de diez puntos.
10 puntos para una negociación. Agenda propuesta por el líder del PKK, Abdullah Ocalan
1- Debate en torno a la definición y contenido de una política democrática.
2- Pasos para lograr que una solución democrática adquiera dimensión tanto local como nacional.
3- Garantías jurídicas y democráticas para el ejercicio de las libertades ciudadanas.
4- Relación entre una política democrática, el Estado y la sociedad, en aras de lograr su institucionalización.
5- Dimensiones socioeconómicas de un proceso de solución democrática.
6- Nueva estructura de seguridad a la que debe conducir un proceso de solución democrática.
7- Resolución de los problemas y las correspondientes garantías legales relativas al ejercicio de los derechos de las mujeres, la cultura y la ecología.
8- Definición del concepto de pluralismo y desarrollo de los mecanismos adecuados, democráticos y de igualdad para reconocer la identidad.
9- Definición de los conceptos de Estado democrático, tierra común y nación por la vía democrática. Consagración a efectos legales y constitucionales de los mismos en un sistema democrático pluralista.
10-Nueva Constitución con el objetivo de interiorizar todos los acuerdos y transformaciones democráticas anteriormente expresados.
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