La publicación del Informe de la misión de la ONU sobre la última guerra de Gaza es un paso importante, a condición de que haya una continuación real; pero sobre todo, es importante para la salud pública mundial. Durante los dos decenios de autoridad neoconservadora en los Estados Unidos hemos sido testigos de un esfuerzo […]
La publicación del Informe de la misión de la ONU sobre la última guerra de Gaza es un paso importante, a condición de que haya una continuación real; pero sobre todo, es importante para la salud pública mundial.
Durante los dos decenios de autoridad neoconservadora en los Estados Unidos hemos sido testigos de un esfuerzo conjunto de la Casa Blanca y de Israel para abolir las normas del derecho internacional. Podemos aquí recordar el comentario estúpido de George W. Bush afirmando que, en el marco de la guerra global contra el terrorismo, era indispensable ¡abolir las restricciones infligidas a los combatientes por las Convenciones de Ginebra!. Ya a comienzos de los años 1970, Israel había decretado que la cuarta Convención de Ginebra no se aplicaba para los territorios palestinos ocupados.
El informe, y antes de él la opinión consultiva del Tribunal Penal Internacional sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en los territorios palestinos ocupados, recuerdan al mundo que las lecciones resultantes de la era nazi no están olvidadas, y que el mundo no es una jungla en la que el más fuerte domina forzosamente, sino una comunidad civilizada, que se esfuerza por actuar de acuerdo con las leyes internacionales protegiendo los derechos más fundamentales de los seres humanos. Y para quienes sostienen, con razón, que estas normas internacionales son violadas cada día por una mayoría de los países del mundo, debemos responder que vale más que existan normas y leyes que protejan a los débiles, incluso si son generalmente no observadas, que vivir en una sociedad sin ley que permitiría a los más fuertes hacer lo que quisieran.
Las respuestas de los dirigentes israelíes eran esperadas: «informe parcial», «planteamiento unilateral» y hemos oído incluso que Goldstone era antisemita… o un judío que se odiaba a sí mismo. A la cabeza de esta campaña, y esto podía ser de otra forma, se sitúa Ehud Barak, que ha declarado «no solo este informe da un premio al terrorismo, sino que también lo anima!». Barak ha añadido que el Ministerio de Defensa proporcionaría atención jurídica a los oficiales contra quienes fueran emprendidas acciones legales.
Conforme a lo que reglamenta el derecho internacional, las recomendaciones del informe deben ahora ser debatidas en el Consejo de derechos humanos y en el Consejo de Seguridad, que debería, por su parte, transmitir las recomendaciones al Tribunal Internacional de La Haya o a un tribunal especial internacional, a fin de que quienes son sospechosos de crímenes de guerra sean juzgados, y si son declarados culpables, se vean tras los barrotes por muchos años. Pero este mismo derecho internacional ofrece sin embargo un privilegio a las grandes potencias, llamado derecho de veto. La diplomacia israelí consagrará pues sus próximos días a convencer a algunas de esas potencias de forma que hagan valer su derecho de veto y saquen así a Israel de esta situación. Va, primero y ante todo, a presionar a la Casa Blanca.
Así pues, ha llegado la verdadera prueba de Barack Obama: no declaraciones sobre «la paz en dos años» y «el derecho de los palestinos a tener un estado», sino si se acomoda a las políticas que contradicen los valores que predica y si recomienda claramente tomar medidas legales. Obama decidirá si el sistema del derecho internacional será autorizado o no a hacer lo que se espera de él. Con mucha pena, estoy dispuesto a apostar que estará del lado de Israel, y que utilizará el derecho de veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el veto americano no es el fin de la historia: buen número de países de todo el mundo han adoptado leyes que les autorizan a juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad. Nos corresponde a nosotros, hombres y mujeres de Israel y de otras partes del mundo, que nos preocupamos por la salud pública mundial y por el derecho internacional, unir nuestras fuerzas para colocar a estos criminales de guerra frente al dilema siguiente: correr el riesgo de ser juzgados si van a los países en los que la ley lo permite o permanecer encerrados en Israel renunciando al turismo en España o a un permiso sabático en el Reino Unido. Es precisamente lo que le ocurrió al antiguo comandante del Israeli Air Force que se vió obligado a permanecer en el avión en el aeropuerto de Londres cuando supo que le esperaba una orden de arresto si pisaba suelo inglés.
La constitución de un «Observatorio sobre los crímenes de guerra israelíes» puede ser una de las contribuciones de la sociedad civil en continuidad con el informe de la ONU, además de la recogida de documentación y testimonios pertinentes sobre las acciones militares israelíes en Gaza, además también de la vigilancia de los movimientos de esos mismos sospechosos de crímenes de guerra.
Traducción: Alberto Nadal para VIENTO SUR (http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=2569)