Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo.
Gaza y Tel Aviv están tan solo a 75 kilómetros de distancia. Comparten la misma topografía arenosa y los mismos veranos levantinos tremendamente calurosos. Pero las similitudes prácticamente terminan ahí. Cualquier imagen nocturna del Mediterráneo oriental tomada por satélite recientemente mostraría un fulgor incandescente sobre Tel Aviv y unas débiles lucecitas al sur sobre Gaza.
Gaza atraviesa el tercer mes consecutivo de restricciones externas a su ya débil suministro eléctrico. Este enclave en el que viven dos millones de personas necesitaría normalmente unos 450 megavatios (Mw) de electricidad al día. Sin embargo, durante la mayor parte de la última década, y como resultado del férreo bloqueo israelí, su suministro eléctrico ha fluctuado en torno a los 200 Mw, lo que ha supuesto persistentes apagones. Pero, según la organización israelí de derechos humanos Gisha, durante los últimos meses el suministro eléctrico a Gaza ha oscilado entre los 140 Mw y un mínimo histórico de 70 Mw, alargando los apagones y el sufrimiento humano.
La causa inmediata de la crisis energética recae en la disputa entre la Autoridad Palestina (AP) y Hamás sobre el pago de los impuestos al combustible. Ello dio pie a que la AP solicitara a Israel reducir los 120 Mw que vendía diariamente a alrededor de 70 Mw, algo que Israel ha cumplido sin demora.
La segunda fuente de electricidad de Gaza es su única central eléctrica, que solo puede producir de 50 a 55 Mw al día (en las ocasiones en que ha podido importar combustible de Egipto). Esta central fue gravemente dañada en los bombardeos israelíes de 2006 y, de nuevo, en los de 2014, e Israel ha restringido la entrada en Gaza de piezas sustitutorias. Si estuviera completamente operativa, podría producir alrededor de 140 Mw.
La tercera fuente de suministro eléctrico de Gaza proviene de Egipto y proporciona en torno a los 28 Mw al día, aunque actualmente sufre interrupciones constantes. Y la cuarta fuente son los paneles solares y los generadores individuales solo al alcance de las familias pudientes.
Las consecuencias sociales de esta crisis energética extraordinaria son graves. Las viviendas sin acceso a generadores o paneles solares -que son mayoría en Gaza- tienen, en el mejor de los casos, entre 4 y 6 horas de electricidad, seguidas por 12-16 horas de apagón. Los hospitales basan su funcionamiento en generadores que no dan a basto y tienen que racionar el suministro. Los lugares de trabajo se ven obligados a cerrar. Cada día se vierten al Mediterráneo más de 100 millones de litros de aguas residuales sin depurar, que ensucian las playas y los caladeros de pesca. La comida debe comprarse a diario y consumirse rápidamente. El servicio de Internet -el único vínculo con el mundo exterior para casi todos los gazatíes- es irregular. Y apenas hay electricidad disponible para conectar el aire acondicionado y los ventiladores con los que combatir el sofocante calor estival.
Antecedentes de la crisis de Gaza
El equipo de la ONU destinado a los territorios palestinos ocupados ha publicado recientemente un informe incisivo sobre Gaza [1], centrado en el impacto humanitario de los 10 años de bloqueo de Israel y las divisiones políticas internas de los palestinos. Sus conclusiones son desalentadoras: el empobrecimiento de Gaza es exclusivamente producto de decisiones humanas y no de consecuencias naturales.
El año 2007 fue el año cero para Gaza. En julio de aquel año Israel impuso un bloqueo global sobre la Franja y la declaró «entidad enemiga». Antes de 2007, la vida allí ya era muy difícil, pero ahora se ha convertido en cruel e implacable. Gaza, de la que una vez se afirmó que sería «el futuro Singapur de Oriente Próximo», se ha convertido en una metáfora de la pauperización.
Según el mencionado informe de la ONU, entre 2006 y 2016, el producto interior bruto (PIB) per cápita de Gaza descendió un 5,3 por ciento, mientras en la Cisjordania ocupada crecía un 48,5 por ciento. La pobreza ha aumentado desde el 30 por ciento en 2004 a alrededor del 40 por ciento en la actualidad. Gaza sufre uno de los índices de desempleo más elevados del mundo, el 41 por ciento a finales de 2016. Más del 60 por ciento de los gazatíes entre 20 y 24 años están sin trabajo y el índice de desempleo femenino pasó del 35 por ciento al 64 por ciento entre 2006 y 2016. En 2017, más del 60 por ciento de la población era parcial o totalmente dependiente de la ayuda humanitaria. Según otros informes, la violencia de género, la tasa de divorcios y de suicidios y el consumo de drogas están todos en aumento.
Los sectores económicos tradicionales de Gaza se están marchitando. La agricultura, la silvicultura, la pesca y la manufactura han reducido su volumen económico y, trágicamente, la reconstrucción de los barrios destruidos durante los tres conflictos con Israel de los últimos nueve años se ha convertido en la principal fuente de crecimiento.
Israel controla todo lo que entra y sale de Gaza. El número de camiones cargados de productos que partió de la Franja en los cinco primeros meses de 2017 es inferior a una tercera parte de los que salieron en la primera mitad de 2007. El informe destaca que «la trayectoria económica de Gaza a lo largo de la última década es un claro indicador de su constante retroceso del desarrollo».
La situación del agua potable es desesperada. El exceso de extracción al que se somete al acuífero costero de Gaza ha provocado la intrusión de agua marina haciendo que el 96 por ciento del agua subterránea sea ahora inadecuada para el consumo humano.
La mitad de la población solo tiene acceso al agua durante ocho horas cada cuatro días, y otro 30 por ciento recibe agua ocho horas cada tres días. El agua transportada en camiones es 15-20 veces más cara que la procedente de la red y su calidad es poco fiable. Como ocurre con otros bienes escasos, los más afectados son los pobres y los más vulnerables. Un nuevo acuerdo sobre el agua entre la AP e Israel, recientemente anunciado, puede aliviar la situación en un futuro, pero la mejor apuesta de Gaza es la utilización de plantas desalinizadoras y fuentes de electricidad segura propias.
El informe de Naciones Unidas recuerda al mundo que Israel sigue siendo la potencia ocupante en Gaza, pues controla sus fronteras terrestres, aéreas y marítimas, aunque ya no tenga «soldados sobre el terreno». Como tal, sigue teniendo la obligación legal de asegurar la salud, la dignidad y el bienestar de su población. En particular, el informe recalca que «las numerosas restricciones impuestas por Israel a los movimientos de personas y bienes hacia el interior y el exterior de Gaza impiden el disfrute de toda una serie de derechos humanos como el derecho a la libertad de movimientos y […] el derecho a la salud, la educación, el trabajo, así como niveles adecuados de vida y una vida familiar». Las otras partes que comparten responsabilidad por lo que acontece en Gaza -Hamás, la Autoridad Palestina y Egipto- tienen asimismo el deber legal de observar los derechos humanos y los estándares humanitarios, algo que no siempre se ha cumplido en los últimos años.
En 2012, la ONU emitió un informe titulado «Gaza en 2020: ¿un lugar habitable?» [2]. Si aquel informe era sombrío, el nuevo es desolador. Concluye afirmando que, en los cinco años que median entre ambos informes, Gaza ha soportado «una espiral descendente de reversión del desarrollo y sus habitantes están atrapados en un ciclo de necesidades humanitarias y dependencia asistencial perpetuo».
Cuando quedan menos de tres años para alcanzar el 2020, el informe advierte de que a menos que la trayectoria actual varíe radicalmente, Gaza cada vez estará «más aislada y más desesperada», lo que probablemente provocará más conflictos devastadores y una economía aún más arruinada en el horizonte. Si ello fuera así, resultaría todavía mucho más difícil lograr la reconciliación política entre los palestinos y un acuerdo de paz duradero entre Israel y Palestina. ¿Podrán esas imágenes aéreas nocturnas de Gaza detectar pronto alguna luz?
Notas:
[1]: https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_10_years_later_-_11_july_2017.pdf
[2]: https://www.unrwa.org/userfiles/file/publications/gaza/Gaza%20in%202020.pdf
Michael Lynk es Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. Fue nombrado en 2016. Es profesor de derecho en la Universidad de London, Ontario, Canadá.
El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se mencione a su autor, su traductor y a Rebelión como fuente de la traducción.
Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/07/gaza-unlivable-place-170723091946355.html