Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Mohamed y Sarah Sawabha viven en una barriada de clase media en Ramallah con sus seis hijos, entre los que hay dos estudiantes universitarios. Mohamed es licenciado y gana un salario mensual de alrededor de 800 dólares como profesor de un colegio local.
Su mujer, que es licenciada en Lengua y Literatura Árabe, gana casi la misma cantidad enseñando árabe en uno de los institutos más grandes y más prestigiosos de los alrededores de Ramallah.
Como muchas otras familias palestinas, los Sawabha tienen este año problemas presupuestarios para poder afrontar el mes santo musulmán del Ramadán, durante el cual las familias ven aumentar sustancialmente sus gastos.
«Siempre hemos podido arreglárnoslas. Pero esta es la primera vez que sentimos que estamos combatiendo en muchos frentes y que estamos perdiéndolos todos», dijo Mohamed.
La familia, que no tiene la propiedad de la casa donde vive, paga un alquiler anual que alcanza la cifra de 3.000 dólares. Con cada vez más gastos en la universidad y en el colegio y con la desaparición de los subsidios del gobierno, sólo queda una escasa cantidad de dinero para poder asumir los gastos de una vida diaria decente.
Sarah está de acuerdo con las palabras de su marido. «Nos sentimos realmente frustrados, porque este mes solo hemos recibido la mitad de nuestros salarios. Ahora estamos a finales de mes y deberíamos recibir la otra mitad. El Ramadán se acerca y el gobierno sigue diciéndonos que tengamos paciencia. Pero, ¿hasta cuándo?
Mohamed explica que con el Ramadán «llamando a la puerta», el nuevo curso en la universidad a tan solo unas semanas de comenzar y tres niños preparados ya para ir al colegio a mediados de septiembre, sencillamente no sabe como podrá hacer frente a sus obligaciones monetarias.
«No sé qué hacer. ¡Que Dios nos ayude a superar el problema!», dice el profesor de 48 años de edad.
Según los funcionarios de la Autoridad Palestina (AP), la actual crisis financiera que golpea los territorios ocupados es probablemente la más grave que se recuerda, desde luego la más grave desde el establecimiento de dicha Autoridad tras la conclusión de los Acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina en 1993.
La crisis proviene tanto de causas directas e indirectas. Algunas de las causas directas tienen que ver con el incumplimiento de la mayoría de las promesas hechas por los donantes árabes a la AP, que depende casi completamente de la financiación exterior.
La AP ha estado viviendo con un presupuesto muy ajustado, teniendo que destinar la parte del león a pagar los salarios de sus hasta 160.000 funcionarios y empleados públicos.
La pasada semana, el presidente de la AP Mahmoud Abbas imploró a los estados árabes «Salvadnos, porque nos hundimos». La crisis actual es totalmente real, dijo, añadiendo que su gobierno en Ramallah no había podido pagar los salarios ni satisfacer sus obligaciones financieras más urgentes.
Algunos estados árabes han estado dejando pasar el tiempo sin pagar su prometida ayuda financiera a la AP, quejándose de la corrupción y mala administración del propio gobierno de la Autoridad. Otros, como Kuwait, están hartos de la aparente incapacidad de la AP para dejar de depender de la ayuda exterior.
Otro factor clave que contribuye a los recurrentes problemas financieros que aquejan a la AP se deriva del abultado establishment de la seguridad, que devora una parte inmensa del presupuesto palestino.
La AP tiene hasta 80.000 efectivos de seguridad en nómina. La inflada fuerza, construida a partir de las instrucciones de los países donantes occidentales, especialmente de EEUU, consume hasta 50 millones de dólares al mes. Sin embargo, las diversas agencias de seguridad palestina apenas hacen poco más que controlar a la población palestina, impidiendo incluso cualquier forma de resistencia activa contra la ocupación israelí aún cuando Israel asesina a inocentes civiles palestinos.
Eso fue lo que sucedió el primer día del Ramadán, cuando soldados israelíes asesinaron a sangre fría a dos muchachos palestinos en el campo de refugiados de Qalandya, como declararon varios testigos oculares.
Algunos expertos de seguridad han dicho que para cumplir con los objetivos de mantener la ley y el orden, la comunidad palestina de Cisjordania no necesita más que una moderada fuerza de seguridad civil que quizá debería llegar a una cifra de entre 10.000 y 20.000 agentes de policía.
Sin embargo, la AP piensa que es necesaria una inmensa fuerza de seguridad para asegurar su propia supervivencia, especialmente frente a una posible revuelta y para impedir cualquier repetición de lo sucedido en la Franja de Gaza en 2007, cuando Hamas le arrebató el control del enclave costero a las milicias de Fatah que habían intentado, con fuerte ayuda estadounidense, derrocar al gobierno islamista democráticamente elegido.
Hace unos cuantos años, la AP obligó a que se jubilaran anticipadamente miles de partidarios de Arafat dentro de las agencias de seguridad, temiendo una posible rebelión contra las políticas de Abbas y su gobierno proclive a Occidente y encabezado por el primer ministro Salam Fayad.
Para apaciguar a todas esas personas, muchas de ellas todavía de treinta y tantos años o cuarenta y pocos, el gobierno de Fayad les concedió unas considerables pensiones de jubilación que en algunos casos llegaban a los 3.500-4.000 dólares al mes.
Incluso los profesores universitarios de más alto nivel en Palestina reciben pensiones muy modestas comparadas con esas cifras.
Después tenemos el espectro de la corrupción que corroe la estructura financiera de la AP, cuya marea no han conseguido controlar ninguno de los sucesivos gobiernos palestinos. Es de común conocimiento que cada año se pierden en Palestina cientos de millones de dólares a causa de al corrupción.
Así es, algunos observadores creen que la AP está tan infectada de corrupción que no podrá contenerse si no se asumen medidas enérgicas que afecten o alienen a grandes segmentos de la jerarquía de la AP. Un economista palestino dijo recientemente que «la corrupción existente dentro del sistema financiero de la AP es estructural. Me temo que no será posible eliminarla sin renovar toda la estructura general de la AP».
Aunque es verdad que las cifras de corrupción no son tan altas como lo eran hace cinco o seis años, cuando los desfalcos, el nepotismo, el favoritismo y los sobornos eran la norma en vez de la excepción.
La AP ha mostrado también alguna determinación a luchar contra la corrupción, especialmente en sus formas más crudas y descaradas. Por ejemplo, se ha establecido un tribunal especial ad hoc para procesar a los funcionarios corruptos palestinos.
El presidente del tribunal, Rafik Nashe, un veterano dirigente de Fatah y ex portavoz del Consejo Legislativo Palestino, ordenó recientemente que dos ministros del gabinete palestino se presentaran ante un panel de jueces para que les interrogaran en relación con acusaciones de mala gestión financiera.
Sin embargo, aún están quienes, y son muchos, piensan que los esfuerzos de la AP para combatir la corrupción son «demasiado pequeños y llegan demasiado tarde» y que la AP necesita declarar que la lucha contra la corrupción es una prioridad nacional.
No obstante, algunos de los problemas subyacentes que exacerban las recurrentes crisis financieras que han estado golpeando a la AP se deben al hecho de que la AP no es un estado soberano, ni siquiera un semi-estado, ya que Israel continúa controlando los cruces de frontera palestinos, los recursos financieros, los impuestos y todos los demás componentes de la vida económica.
Según Raja Jalidi, un economista que trabaja con las Naciones Unidas, la crisis financiera que afronta ahora la AP se deriva fundamentalmente del hecho de que la economía palestina se ha visto privada de su capacidad para producir, crecer y desarrollarse a causa de la ocupación israelí.
«Israel continúa dominándolo todo en los territorios ocupados y la sociedad palestina y los países donantes están pagando ese precio», dijo.