La memoria es el espacio en que una cosa ocurre por segunda vez. La actual situación de precariedad democrática es consecuencia de una indigestión de franquismo para la que se necesitan, tras reconocer la existencia de la enfermedad, un lavado de estómago y un verdadero cambio de régimen para volver a funcionar con unos mínimos […]
La memoria es el espacio en que una cosa ocurre por segunda vez. La actual situación de precariedad democrática es consecuencia de una indigestión de franquismo para la que se necesitan, tras reconocer la existencia de la enfermedad, un lavado de estómago y un verdadero cambio de régimen para volver a funcionar con unos mínimos democrática y republicanamente digestivos. El auto del juez Garzón, sobre lo acaecido tras el golpe de Estado de 1936, pone en evidencia las versiones de los revisionistas Pío Moa, Justino Sínova, etc.
El documento judicial responde también a aquellos que reclaman olvido, explicando la numerosa legislación internacional al respecto y pone como ejemplo de su aplicación a la Alemania nazi. Baltasar Garzón acusa de genocidio y crímenes contra la humanidad a los responsables del golpe de estado «contra el gobierno legítimo», basándose en miles de casos reportados, y denuncia que nunca fueron investigados por la Justicia. Desde el respeto a las víctimas de ambos bandos, recuerda la Causa General abierta tras la Guerra Civil que analizó, pueblo por pueblo, lo ocurrido desde 1931 y desplegó toda la acción del Estado para resarcir a las víctimas del «terror rojo».
A diferencia de la voluntad de los gobiernos y poderes públicos republicanos, que no practicaron ni incitaron a la violencia, los golpistas aplicaron un plan preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de la violencia: «La Junta Suprema Militar de Defensa de España, como primer acuerdo dispone: Serán pasados por las armas, en trámite de juicio sumarísimo cuántos se opongan al triunfo del expresado Movimiento Salvador de España«; «Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado» ordenó el general Mola y, a través de la radio, apostilló otro líder del golpe, Queipo del Llano: «faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mi, que yo se lo pegaré».
No se trató sólo de una Guerra Civil, sino de un programa de exterminio, ordenado por los dirigentes franquistas, con una masiva ocultación de cadáveres y el robo de miles de niños, peculiaridades también practicadas por las dictaduras militares de Chile, Uruguay y Argentina. Mientras la GESTAPO supervisaba los experimentos de Vallejo Nájera (psiquiátra jefe del franquismo) para demostrar la superioridad de la raza hispánica sobre la raza de los rojos y la «debilidad mental de las hembras que las predispone al marxismo», la Iglesia católica colaboraba con la Acción Social de la Falange para entregar niños, arrebatados a sus padres y madres encarcelados, a familias adictas al régimen que los pretendiesen.
A pesar de la gravedad de los hechos y de la incuestionable trascendencia de las pruebas aportadas, el sistema judicial español (que en 30 años de nueva Constitución no ha movido un dedo al respecto) ha desactivado la iniciativa por considerar los delitos «comunes» y reconocer como válida una preconstitucional Ley de Amnistía (1977). La Asamblea General de Naciones Unidas estableció en 2005 que «una reparación adecuada tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos», instando a la verificación de los hechos, a la búsqueda de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas y «a una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella».
Llama la atención que, en otro auto, Garzón haya ilegalizado ANV, cuyos militantes fueron víctimas de aquellos hechos (entre otros argumentos, bajo el pretexto y pese a la coacción de no condenar la violencia) olvidando que fuerzas políticas como UPN y PP avalan, justifican y se niegan a reconocer como tal el golpe de estado franquista contra la legalidad republicana. Franco lleva más de 30 años mal enterrado y la democracia heredada necesita para defender su seguridad, lo que dice muy poco a favor de su solvencia, de casi 200 mil guardia-jurados, 150 mil policías nacionales y guardias civiles más mossos, ertzaintzas, policías forales, municipales y al ejército español, capitaneado por sus «valientes legionarios».
Y de aquellos barros, estos lodos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó el pasado mes de octubre un informe muy crítico contra el Estado español, mostrando una especial preocupación por el mantenimiento de la tortura e instando a «suprimir definitivamente el régimen de incomunicación», a recortar los plazos de prisión preventiva y censurando la extensión del término terrorismo. El gobierno español niega la mayor y, aunque dice tener preparado un Plan de Derechos Humanos, no aplica ninguna de las recomendaciones internacionales. El juez Garzón ha tomado declaración a decenas de personas con evidentes muestras de malos tratos y tortura sin denunciarlo.
Quienes vivimos en Euskal Herria y, por desgracia, nos ha tocado de cerca esta situación, no tenemos ninguna duda de que los jueces de la Audiencia Nacional son plenamente conscientes de que los malos tratos y la tortura se aplican de forma sistemática contra vascos sospechosos. Tan es así, que el magistrado ha elaborado un protocolo bautizado con su propio nombre «protocolo Garzón», para intentar paliar la inexistencia de garantías jurídicas contra la tortura pues, como dicen algunos juristas, «los derechos humanos valen lo que valen sus garantías».
Organizaciones vascas que trabajan para la erradicación de esta lacra estiman en 7000 los ciudadanos de este país torturados en los últimos 30 años, con 5 muertos en los años 1981 (Arregi), 1982 (Muruetagoiena), 1985 (Zabalza) y 1993 (Iantzi y Kalparsoro). Un estado que tortura no se puede denominar democrático. Confiemos en que la ejemplar lucha de quienes desean un cambio real hacia la democracia se afiance y en ese sentido sería un buen síntoma que este auto del juez Garzón recuperara su potencialidad y resolviera una condena oficial contra el franquismo. A partir de ese reconocimiento se podrían poner en marcha los mecanismos de resolución de conflictos, que toda democracia articula para solucionar los enquistados, a través del diálogo y la negociación. Porque de esa manera, y de ninguna otra, se cumplirá aquella poética premonición de Bobby Sands (preso del IRA muerto en prisión): «nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos».