Ha pasado el 1 de mayo. Las habituales y necesarias manifestaciones convocadas por los sindicatos han ocupado algunos metros cuadrados de las calles del reino español y de otros lugares del mundo. Ha habido declaraciones también de las que se acostumbran a hacer por parte de dirigentes sindicales en los días previos de esta festividad obrera. ¿Habituales? No exactamente. Para centrarnos en el reino, las declaraciones de los dirigentes de CCOO y UGT han sido, junto a la retórica habitual, relacionadas con la euforia armamentística mundial. Decía el jefe de CCOO: “Es momento de pensar en grande, España puede saltar al pleno empleo en los próximos cinco años”. Tal cual. Y “Ese refuerzo de la autonomía estratégica [de la UE] apela a la energía, a reforzar los elementos de soberanía industrial y también al modelo de seguridad”. Decía el jefe de UGT: “La UE debería ponernos un impuesto a toda la ciudadanía para la defensa”. No para garantizar la existencia material de toda la población, no para que los más ricos no puedan interferir a voluntad sobre la libertad de la ciudadanía no rica. No, para “defensa”. Y añade el hombre: “(…) esa autonomía [de la defensa militar, NdR] quiere decir también generación de puestos de trabajo. No sólo directamente a la fabricación de productos militares sino también desde la propia perspectiva de la investigación y el desarrollo”. Puestos de trabajo para matar a otros (con trabajo o sin él). Así vamos. Pero también ha llegado alguna noticia sindical más agradable, la convocatoria de huelga general el próximo 29 de mayo para exigir responsabilidades penales a Mazón y al empresariado “culpable de las víctimas de la DANA”. No convocan CCOO y UGT, convocan otros sindicatos. A continuación, reproducimos un artículo sobre la convocatoria de huelga general realizada por algunos sindicatos contra el hombre esperpéntico que se agarra al salario público por encima de todo y que preside el País Valencià (la comunidad valenciana en lenguaje constitucional-borbónico oficial). DR
Convocada
por Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS para el 29 de mayo, el
paro general exigirá la dimisión del gobierno valenciano y la asunción
de responsabilidades por la gestión de la DANA y la pérdida de la vida
de más de 220 personas. También se reivindicarán mejoras laborales en
los servicios públicos o el derecho a una vivienda digna, con medidas
como la regulación de los alquileres o la creación de vivienda pública.
Coincidiendo con el día en que se cumplirán siete meses desde la DANA, los sindicatos alternativos del País Valencià llaman a hacer huelga y movilizarse el jueves 29 de mayo para exigir la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, la asunción de responsabilidades penales por la gestión “deficiente” del temporal y sus consecuencias, así como la mejora de las condiciones laborales en sectores como la sanidad, la educación o los servicios sociales y de emergencias. Intersindical Valenciana, Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Coordinadora Obrera Sindical (COS) respaldan el paro laboral de 24 horas, el cual plantean como la respuesta social “más contundente” contra el gobierno valenciano de derecha y extrema derecha y sus políticas reaccionarias que, afirman, “están atacando el derecho a una vida digna”.
“La huelga general es la herramienta popular más poderosa que tiene la clase trabajadora para presionar a los gobiernos. Decidimos no contribuir al capitalismo para demostrar que nuestras vidas valen más que el capital”, expone a La Directa Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical Valenciana, y subraya que uno de los principales motivos para exigir la dimisión del gobierno valenciano es “haber puesto en peligro la vida de miles de trabajadores que se desplazaron a sus centros de trabajo el pasado 29 de octubre”. “Muchas personas —añade— perdieron la vida porque las empresas les obligaron a ir a trabajar, incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales, pero la Generalitat no las ha contabilizado como muertes in itinere [accidente ocurrido al ir o volver del trabajo]”. Por ello exigen responsabilidades “para Mazón y el empresariado culpable de las muertes” y “reparación y justicia para todas las víctimas”.
La cifra oficial de víctimas mortales por la DANA ha ascendido hasta 228, a la que se deberían sumar la muerte de dos trabajadores mientras limpiaban o recuperaban edificios afectados. Según datos de los sindicatos CCOO y UGT, en el año 2024 se produjeron 109 accidentes laborales en el País Valencià, 30 de ellos con motivo de las inundaciones. “Ha habido una falta de prevención de riesgos laborales y se puso en grave riesgo la vida de muchos trabajadores desde que se ignoró la alerta roja desde primera hora de la mañana”, enfatiza Juan Miguel Font, secretario general de CGT València. En este sentido, desde la COS, Gonçal Bravo insiste en que hacen falta políticas “que refuercen la prevención de riesgos laborales y sancionen a las empresas que incumplen la normativa”. Por su parte, Ángel Muñoz, portavoz de COS l’Horta, remarca que “se ocasionó un peligro para la vida de las trabajadoras, que en algunos casos murieron y en otros han quedado con secuelas psicológicas”.
Los sindicatos convocantes de la huelga general afirman ser conscientes de que para muchas trabajadoras será difícil secundarla y no ir a trabajar, por lo que animan a participar “como se pueda y hasta donde se pueda”, asistiendo a las diferentes manifestaciones que en las próximas semanas anunciarán en distintos municipios. También animan a otros sindicatos y a todas las entidades y organizaciones sociales valencianas a sumarse y participar en las movilizaciones.
En primera línea de las demandas también está una mejora de las condiciones laborales de las 31.442 trabajadoras, según datos del Ministerio de Trabajo español, que tuvieron que acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con motivo de la DANA. “Queremos que estas personas puedan cobrar el 100% de su salario”, reivindica Font. Los efectos de las lluvias en las comarcas de València sitúan al País Valencià como el territorio con más intervenciones laborales en 2024: se registraron 4.761 despidos, 57.432 suspensiones de contrato (fórmula más utilizada durante la paralización de la actividad económica y laboral en la zona afectada) y 1.696 reducciones de jornada.
La DANA que azotó el País Valencià evidenció diversas carencias en el ámbito laboral, como la precariedad del personal del servicio de emergencias 112. María José Lorente, delegada sindical de CGT en el 112 valenciano, recuerda que durante el temporal “quedó patente la ineficacia del actual modelo de gestión privada, que prioriza maximizar los beneficios y recorta en condiciones laborales y calidad del servicio”. Propiedad del grupo ONCE, Ilunion Emergencias es la empresa encargada de gestionar el servicio, a la que el Gobierno del Botànic renovó el contrato —en vigor desde 2023 y con una duración de cuatro años, prorrogable uno más.
Los consorcios de bomberos son otro de los sectores que más malestar han manifestado históricamente y, específicamente, durante las semanas posteriores a las inundaciones debido a la falta de personal. Según explica Miquel Férriz, secretario de la sección sindical de CGT en Bomberos Forestales del País Valencià, una de las reivindicaciones que se ha logrado recientemente es que las unidades de refuerzo, activadas solo durante los meses de verano y formadas por unas 300 trabajadoras, pasarán a formar parte del servicio anual mediante contratos indefinidos. Pero “queda pendiente aún implementar el tercer turno, que implicaría trabajar durante 12 horas y poder tener dos jornadas de descanso; y crear un único convenio colectivo para todo el servicio que sustituya a los cuatro que tenemos ahora”, expone.
Las demandas históricas de mejora de las condiciones laborales también estarán presentes durante el paro general: revertir las privatizaciones, un aumento salarial acorde con el incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) o la reducción de la jornada a 32 horas o 4 días sin afectación salarial. Se suman también reivindicaciones como el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta y prestación vitalicia para las personas que hayan perdido a un familiar en la DANA, o la creación de un permiso retribuido y sin límite de días en caso de alerta roja meteorológica. Mar Bueno, de CNT València, recalca la importancia de estas medidas porque “si mañana tuviéramos los mismos avisos, la respuesta política sería muy probablemente similar”.
En defensa de los servicios públicos
La huelga general también busca ejercer presión “para poner fin a los recortes en servicios públicos”. A lo largo de los últimos meses, sindicatos como CGT, CCOO y UGT han denunciado el deterioro de los servicios sociales mediante la eliminación del artículo 32 de la ley valenciana de Servicios Sociales Inclusivos 3/2019, que permitía recurrir a créditos variables para financiar los servicios sociales en caso de agotar el presupuesto previsto; así como a través de la aplicación de la nueva ley de Simplificación Administrativa, la cual “pone fin a la obligación de la administración de ofrecer plazas públicas para los servicios sociales y priorizar la gestión pública”, tal como denuncia la CGT. Además, se han derogado subvenciones en materias de dependencia, diversidad funcional, cooperación al desarrollo o voluntariado social.
“Desde el inicio de la legislatura del PP y Vox ha habido un recorte de los servicios públicos, en educación, sanidad y servicios sociales”, denuncia Cardona, y advierte que la sociedad valenciana “está mucho menos protegida ahora”. En el ámbito sanitario, la portavoz de Intersindical Valenciana hace hincapié en los recortes en el servicio de atención primaria y los servicios de atención a personas dependientes o la paralización de la reversión de la gestión privada del hospital de Vinalopó, que continúa en manos de la empresa Ribera Salud. Cardona reivindica “unos servicios públicos fuertes”, así como leyes adaptadas al contexto de emergencia climática actual, “que nos protejan ante una situación de catástrofe ambiental como la vivida”.
Los sindicatos convocantes también se oponen a las políticas educativas impulsadas por el gobierno de Carlos Mazón por “borrar el valenciano de las aulas y atacar la educación pública, mediante leyes como la denominada de ‘libertad educativa’ o la celebración de la consulta lingüística en escuelas e institutos valencianos”. Por eso también han convocado la huelga en el ámbito estudiantil, desde donde ya han recibido el apoyo del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans y el Sindicato de Estudiantes. Desde la COS o el SEPC consideran que tanto la ley como la consulta suponen “un ataque a la defensa del valenciano”, una lucha que “va más allá de un voto y pasa por la organización popular, la desobediencia y el hecho de tejer y fortalecer las redes comunitarias”.
Con la huelga también se pretende incidir en el ámbito de la vivienda, porque “los precios de las viviendas han superado los máximos históricos y los alquileres han subido un 250% de media en la última década”, expone Font. Los sindicatos convocantes piden que se garantice el derecho a la vivienda con medidas como la regulación del precio del alquiler y la creación de un parque público de alquiler, y han denunciado el negocio que fondos buitre y grandes propietarios “están haciendo con viviendas afectadas por la DANA”. “Están subiendo los alquileres o acosando a familias para comprarles su vivienda a precios irrisorios”, matiza Cardona.
Ester Fayos es periodista, escribe en La Directa.