El monumental escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, propiciadas por el PP y blindadas por el PSOE, va para largo. No estamos en Francia o Alemania. Ni siquiera en Portugal, donde es impensable lo ocurrido aquí. Las inmatriculaciones son producto «made in Spain», porque la esencia de su Iglesia responde al Estado retrógrado, oscurantista y corrupto que –salvo breves primaveras republicanas– le ha permitido hacer cuanto quiere a lo largo de la historia.
Conste que cuando en 2007 unos pocos iniciamos esta causa, teníamos tantos frentes abiertos para pelear que la Iglesia (española, precisemos), era la mosca que menos nos picaba. Unos éramos ateos, pero no clerófagos; otros creyentes, cándidos hasta para creer que la heredera de Jesús no podía hacer tal sinvergüenzada. Incluso los había meros ciudadanos conscientes que, una vez denunciado el escándalo, pensaban que las instituciones democráticas actuarían en consecuencia y desharían el entuerto. Tonto de mí, yo hasta esperaba que, ante la protesta popular, incluso de amplios sectores católicos, la jerarquía se avendría a negociar, por no escandalizar a su rebaño con tantos pecados y malaventuranzas. Por puro marketing, vamos.
Pasados los años, hemos reconocido nuestro error. La avaricia de la cúpula eclesial es mayor de lo que nadie podía imaginar. La distancia entre lo que hace y predica, galáctica. El afán de poder y de acumular, su única razón de ser. Un vistazo al reciente libro “Iglesia S.A.”, de Ángel Munárriz, demolerá las dudas que queden.
Alguien definió a la Iglesia como una empresa con productos a la venta: Dios, perdón, salvación; su logotipo la cruz; oficinas centrales en el Vaticano; consejo de administración en el colegio cardenalicio; delegaciones en todo el mundo y una clientela fidelizada que ellos mismo llaman «rebaño». Su objetivo, la propia Iglesia: permanecer, crecer, acumular.
En suma, sacrificar principios y valores en el altar del más prosaico economicismo. «No hay punto de la Iglesia donde se rasque sin que aparezca, bajo la piadosa cáscara, el color del dinero», nos dice Munárriz.
Además, es una empresa en rescate permanente: sus ingresos están privatizados; sus gastos, socializados. Según Europa Laica, la Iglesia española se lleva al año 11.000 millones del Estado, a través de IRPF, exenciones de impuestos; conservación de sus edificios; sueldo de profesores de religión; conciertos educativos; subvenciones; sueldo de sus capellanes… Y siguen quejándose.
Ningún gobierno ha dejado de engrosar sus arcas y prebendas. A lo acumulado durante el franquismo, Felipe González añadió el invento de la cruz en el IRPF. Aznar mejoró el sistema y además cambió la Ley Hipotecaria para que pudiera inmatricular a mansalva. Y cuando la Unión Europea obligó a España a acabar con la escandalosa exención del IVA, llegó Zapatero con un privilegio aún mayor, aumentando un 33% la asignación del IRPF. La Iglesia siempre gana.
«Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero», decía el artículo 26 de la última constitución republicana. Respondieron con una Cruzada de Liberación.
Pero el escándalo de las inmatriculaciones, ese burdo sistema de acumulación patrimonial, solo tiene parangón con los antiguos sistemas de saqueo. La Inquisición fue el gran invento para hacerse con las propiedades de los que hacían ceniza en los autos de fe. De paso, la imagen infernal de los que ardían activaba la venta de indulgencias, aquellas txartelas que posibilitaban estar un rato menos de eternidad socarrándote en el purgatorio, otro invento diabólico, otrora dogma de fe, del que ahora nadie habla porque ha dejado de ser rentable.
Las indulgencias provocaron la división de la Iglesia, pero la pasta era lo primero. Trajeron como producto derivado la venta de reliquias, otro gran negocio hasta tiempos recientes. Los pueblos las compraban; la Iglesia las autentificaba; los peregrinos las adoraban y se llevaban a buen precio un zacuto de indulgencias. Están documentados hasta diecisiete brazos de San Andrés; trece de San Esteban, doce de San Felipe; gotas de leche de María; pañales del Niño Jesús; mechones del pelo de Cristo; plumas del arcángel San Gabriel; estornudos del Espíritu Santo; suspiros de San José; veintiún clavos de la cruz y 850 espinas de la corona. En la iglesia de Reims estaba el «santo prepucio de Cristo», como nuevo, es de suponer. En la iglesia de San Martín de Lucca se veneraba «el santo cordón umbilical» del niño Jesús; en Tréveris el peine de la Virgen; en Extremadura había pedazos de la túnica de Cristo; pelos de su barba; astillas de su cuna; gotas de su sangre. Dedos de santos a cestañadas: solo de San Juan Bautista se cuentan sesenta y de Santa Juliana hay cuarenta cabezas, todas ellas auténticas. Y no se rían, siquiera por respeto a quienes arrojaron al fuego por no creerlo. Las reliquias, como todos sabemos, producían no pocos milagros, que derivaban en centros de peregrinación. Puestos a inventarse cosas, la Iglesia inventó hasta el turismo.
Las inmatriculaciones ha sido el último intento acaparador, con el mismo descaro, la misma trapacería, la misma intención saqueadora de siempre. Ya no recurren a la guerra santa; desaparecieron los Estados Pontificios y la Inquisición; borraron de las liturgias el infierno y el purgatorio… Hasta cambiaron el Padrenuestro, trocando «deudas» por «ofensas» en el «perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores», lo cual no es lo mismo.
En lo único que la Iglesia mantiene una coherencia absoluta es en su pasión enfermiza por los bienes terrenales, para bochorno de los verdaderos cristianos, que haylos. Con esos pecadores profesionales nos enfrentamos quienes luchamos por la recuperación de los bienes arrebatados a nuestros pueblos.
Josemari Esparza Zabalegi es editor.
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