Mientras que la Primavera Árabe por la libertad, la democracia y la justicia social ha desafiado y puesto de manifiesto la complicidad de los gobiernos del mundo con los regímenes árabes autocráticos y opresivos, muchos estados y empresas continúan sus negocios de armas y cooperación militar con Israel. Esta cooperación se mantiene a pesar del […]
Mientras que la Primavera Árabe por la libertad, la democracia y la justicia social ha desafiado y puesto de manifiesto la complicidad de los gobiernos del mundo con los regímenes árabes autocráticos y opresivos, muchos estados y empresas continúan sus negocios de armas y cooperación militar con Israel. Esta cooperación se mantiene a pesar del uso sistemático y masivo de la violencia y el asesinato de civiles palestinos y árabes, incluyendo a niños en edad escolar y a activistas pacíficos, y se mantiene también a pesar de su política colonial cada vez más brutal contra el pueblo palestino, y su desprecio persistente por el Derecho Internacional.
Siete años después de que la Corte Internacional de Justicia diera su opinión consultiva recomendando la cooperación internacional para asegurarse de que Israel desmantele el Muro ilegal en el territorio ocupado de Cisjordania, y en el sexto aniversario del llamado de la sociedad civil palestina para una amplia campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel hasta que acate el Derecho Internacional, el Comité Nacional Palestino por BDS (BNC) llama a una acción internacional inmediata para exigir un embargo militar total y obligatorio contra Israel, similar al impuesto a la Sudáfrica del apartheid en el pasado.
Desde sus violentos inicios mediante la limpieza étnica sistemática de Palestina hace más de 60 años, Israel ha causado muerte, dolor, desplazamiento forzado, despojo y destrucción sin fin contra millones de palestinos y otros árabes en los países vecinos.
Israel utiliza la fuerza militar para mantener un régimen ilegal de ocupación, colonialismo y apartheid, para controlar la mayor cantidad de tierra con el menor número posible de pobladores nativos palestinos, y para evitar que el pueblo palestino ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación. Israel ha violado reiteradamente el Derecho Internacional, provocando o iniciando conflictos armados destinados a la expansión territorial mediante la anexión de los territorios ocupados -que en el caso de las Alturas del Golán fue calificada como un acto de agresión por la Asamblea General de la ONU. El intento de justificar este tipo de uso ilegal de la fuerza bélica como «defensa propia» no resiste el más mínimo escrutinio legal -o moral-, ya que los Estados no pueden invocar legítima defensa por acciones que sirven para sostener una situación ilegal que ellos mismos han iniciado.
Israel tiene un historial documentado de violar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos durante sus ataques armados, incluyendo operaciones militares, invasiones y ocupaciones de territorios palestinos y árabes a través de, entre otros, el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza y los ataques deliberados contra personas e infraestructuras civiles. Esto ha resultado en reiterados crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Más aun: Israel ha aprovechado sistemáticamente sus ataques militares para «probar en el terreno» su armamento y su doctrina de guerra contra la población civil palestina y libanesa, con la colaboración de sus institutos de investigación. Así Israel adquiere una ventaja comparativa para su industria militar en el mercado mundial, con el fin de obtener las ganancias necesarias para mantener la ocupación, el colonialismo y el apartheid.
Los Estados y las organizaciones interestatales como las Naciones Unidas tienen la obligación legal de asegurar que Israel respete el Derecho Internacional, pero no han podido hacerlo. La impunidad envalentona a Israel, al tiempo que sus negocios internacionales de armas financian y consolidan su militarismo, expansionismo y violencia continua.
A pesar de las numerosas e irrefutables evidencias en las resoluciones de Naciones Unidas y en los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos sobre el uso ilegal por parte de Israel de la fuerza y de las armas, y sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra -incluido el castigo colectivo- y graves abusos contra los derechos humanos, los gobiernos extranjeros, organismos multilaterales y empresas privadas siguen cooperando con el ejército de Israel y su industria militar, aumentando sus inversiones o su apoyo a la investigación y desarrollo armamentista, mucho de lo cual se lleva a cabo en colaboración con universidades israelíes. Esos gobiernos, organismos multilaterales y empresas lucran conscientemente con eso, y por tanto son cómplices del uso ilegal de la fuerza que hace Israel.
Muchos gobiernos del mundo, así como la ONU, guardan silencio sobre el enorme arsenal israelí de armas nucleares, considerado por la sociedad civil internacional como una de las más graves amenazas a la paz mundial. De hecho, varios gobiernos occidentales fueron o son todavía cómplices directos de la creación, el desarrollo y el despliegue exponencial de la amenaza nuclear israelí.
Ya es hora de imponer un embargo militar general a Israel. Se daría un paso crucial para terminar con el uso ilegal y criminal de la fuerza contra el pueblo palestino y otros pueblos y estados de la región, y constituiría una medida efectiva y no violenta de presión para que Israel cumpla con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional:
1. Poner fin a la ocupación y colonización de todos los territorios árabes ocupados en 1967 y desmantelar el Muro de Cisjordania;
2. Reconocer el derecho fundamental de las y los ciudadanos árabes-palestinos de Israel a la igualdad plena y
3. Respetar, proteger y promover el derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares y propiedades, tal como se estipula en la Resolución 194 de Naciones Unidas.
A la luz de lo anterior, el Comité Nacional Palestino del Movimiento BDS (BNC), la mayor coalición de organizaciones palestinas de la sociedad civil, hace un llamamiento a todas las personas de conciencia, movimientos y organizaciones en todo el mundo para que apoyen esta convocatoria a un embargo militar obligatorio e integral contra Israel, y para que presionen a los gobiernos, organismos multilaterales y las Naciones Unidas, así como a empresas públicas y privadas e instituciones, a:
1. Detener de inmediato todo suministro de armas y material relacionado de cualquier tipo a Israel, incluyendo la venta o transferencia de armas y municiones, vehículos y equipos militares, equipamiento policial paramilitar -incluyendo equipos de doble uso- y piezas de repuesto para los mismos, así como el cese total de concesión de licencias para la fabricación o el mantenimiento de dichos equipos;
2. Detener todas las importaciones militares y de doble uso (equipos, asistencia y municiones) provenientes de Israel;
3. Detener el transporte de productos militares de Israel a través de los puertos, el territorio y el espacio aéreo nacionales;
3. Terminar toda cooperación con el ejército, las compañías militares y los proyectos I + D militares israelíes, incluidos los emprendimientos mixtos (ya sea bilaterales o multilaterales);
4. Poner fin a todos los entrenamientos y consultorías militares con el ejército, las compañías militares y las instituciones académicas de investigación israelíes;
5. Suspender toda ayuda militar a Israel;
6. Abstenerse de toda cooperación con Israel en la fabricación y desarrollo de armas nucleares, y trabajar por un Medio Oriente libre de armas nucleares.
Nota: Para referencias y antecedentes ver: «Llamamiento de la sociedad civil palestina a un embargo militar general contra Israel -documento de trabajo-«. Comité Nacional Palestino del Movimiento BDS (BNC), Julio 2011.
(Traducción de Alicia Herrera y María Delgado desde el sitio del Movimiento BDS)