La misión de observadores internacionales del Consejo de Europa, destinada al plebiscito de reforma constitucional en Turquía, criticó ayer el proceso electoral por realizarse en condiciones de desigualdad para las opciones enfrentadas. Leer también: Oposición en Turquía rechaza resultados del referéndum Cezar Florin, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, […]
La misión de observadores internacionales del Consejo de Europa, destinada al plebiscito de reforma constitucional en Turquía, criticó ayer el proceso electoral por realizarse en condiciones de desigualdad para las opciones enfrentadas.
Leer también: Oposición en Turquía rechaza resultados del referéndum
Cezar Florin, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aseguró que «el referéndum no estuvo a la altura de los estándares» de dicha entidad y añadió que «el marco jurídico era inadecuado para la realización de un proceso genuinamente democrático«.
Entre las carencias detectadas se refirió a la ausencia de observadores de la sociedad civil en los centros de votación, muchos de los cuales fueron expulsados de los colegios electorales, especialmente en el sureste del país, de mayoría kurda y fuertemente opuestos a la reforma planteada.
«El estado de emergencia no debe usarse nunca para socavar el estado de derecho«, dijo Florin.
A su vez, la responsable de la delegación de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, Tana de Zulueta, consideró que la consulta «se llevó a cabo en un ambiente político en el que se restringieron las libertades fundamentales esenciales para un proceso genuinamente democrático bajo el estado de emergencia».
Zulueta añadió que la campaña por el Sí dominó la cobertura mediática y esto, junto con las restricciones a la prensa, las detenciones de periodistas y el cierre de medios de comunicación, redujeron el acceso de los electores a una pluralidad de puntos de vista.
Para los observadores internacionales, los reglamentos e instrucciones adoptados por el Consejo Superior Electoral (YSK) son insuficientes para la celebración de un referéndum democrático, mientras que los gobernadores provinciales utilizan poderes del estado de emergencia para limitar aún más la libertad de reunión y de expresión.
Por tanto concluyeron que el marco legal para la consulta no proporcionó la cobertura imparcial ni suficiente, ni garantizó a los partidos políticos igual acceso a los medios de comunicación públicos, dando preferencia al partido de gobierno y el presidente en la asignación de conexiones en directo.
Por último señalaron que el YKS dio instrucciones al final de la jornada que cambiaron significativamente los criterios de validez de la votación, lo cual socavó una importante salvaguarda en contradicción con la ley.