La iniciativa Democracia 4.0 consiste básicamente en proponer un cambio constitucional que permita la incorporación de un mecanismo de democracia participativa en nuestro sistema electoral. Nuestra democracia es muy defectuosa e imperfecta por más que algunos se vuelquen en alabar sus bondades que podrían ser tales en sus inicios, pero no en el momento actual. El […]
La iniciativa Democracia 4.0 consiste básicamente en proponer un cambio constitucional que permita la incorporación de un mecanismo de democracia participativa en nuestro sistema electoral. Nuestra democracia es muy defectuosa e imperfecta por más que algunos se vuelquen en alabar sus bondades que podrían ser tales en sus inicios, pero no en el momento actual. El principio de que la soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado, necesita para ser una realidad, de mecanismos que garanticen que el poder esta legitimado al menos por dos conceptos: la participación del pueblo y su representación. Estos dos conceptos dejan mucho que desear en nuestro ordenamiento.
Empezando por la representatividad es obvio y manifiesto y así reconocido incluso por los más favorecidos, que el sistema electoral español es, en cuanto a la asignación de escaños, tremendamente injusto y desequilibrado favoreciendo su concentración en partidos mayoritarios (o de carácter nacionalista) lo que se traduce en un bipartidismo «artificial» forzado no sólo por el sistema d`Hondt sino, sobre todo, por el hecho de mantener la provincia como circunscripción electoral, o la asignación mínima de escaños por territorio, lo que hace que la representación final resultante difiera mucho de cualquier proporcionalidad o del principio de «un hombre, un voto» (Por ejemplo, un voto a IU vale menos, mucho menos que un voto al PP y un voto de un ciudadano que reside en Madrid, vale menos, mucho menos que el de otro que resida en Soria). Normalmente, esto se justifica con argumentos de «gobernabilidad»; se dice que un espectro muy atomizado generaría situaciones conflictivas y falta de eficiencia legislativa. Aunque esto es discutible, admitamos que pudiera ser así, al menos en teoría. ¿Sacrificamos entonces la representatividad del poder (que es su legitimación) en aras de ser más eficientes?, ¿seremos entonces menos democráticos, para que funcione bien?, ¿y porqué no, nada democráticos para que funcione perfecto? Si de lo que se trata es de la gobernabilidad… Está claro que es una cuestión de grados, ya sabemos que la proporcionalidad total no sería muy viable (sobre todo manteniendo la circunscripción provincial) pero es que lo que tenemos hoy es justamente lo contrario; un alto grado de no proporcionalidad. También es discutible que una mayor atomización suponga necesariamente ingobernabilidad, a no ser que lo que no se quiera es negociar, debatir, acordar, consensuar, es decir, la esencia de la política. Tener una representación más proporcional con un espectro más diverso de opciones políticas, supondría renunciar a mayorías absolutas, a «rodillos» y en definitiva al monopolio del poder.
Sin embargo, la representación por sí sola, carece de sentido si no hay participación. Por ejemplo, ¿qué grado de legitimidad tendría la representación de un pueblo que se ha abstenido en un 50%? Normalmente hablamos de democracia representativa y pensamos que con ese adjetivo ya está todo hecho, ya está legitimado el poder porque éste «representa» la voluntad popular y sin embargo nada más lejos de la realidad. Nuestra forma de participar es de muy mala calidad, el pueblo español participa muy poco y muy mal en los asuntos públicos y lo que es peor, quizás es que de eso se trate. La democracia representativa, es una democracia «delegativa« en la cual la ciudadanía «delega» en sus representantes las decisiones políticas cada cuatro años y durante ese tiempo pierde prácticamente su capacidad de participar. Habría menos que objetar si no fuera un sistema casi excluyente que evita, de hecho, los escasos mecanismos participativos que la Constitución prevé; el referéndum y la iniciativa legislativa popular, y que en nuestros 36 años de democracia apenas han sido aplicados. Además, la «delegación» tiene un efecto perverso que es la perdida de la responsabilidad. Si yo delego en alguien que me representa, dejo de ser responsable, para eso está él; yo me inhibo. Esa es la razón por la que el ciudadano «pide cosas» a sus políticos, que le den trabajo, que le den una vivienda… como los niños, que son «irresponsables» y piden que les den de comer. Lo peor es que quizás de eso se trate otra vez, de alienar la condición de ciudadano libre, responsable y dueño de sus asuntos públicos, es decir, digno de su condición humana.
Otra perversión del sistema de delegación es el personalismo porque se delega en alguien, no en algo. No se trata por tanto de optar por una opción política, un programa de gobierno y menos aún por un modelo de sociedad o una forma de entender la vida. Se trata de optar por un señor/a u otro/a. la opción política se diluye en un fango de simpatías, características personales, y mensajes populistas y banales que los medios de comunicación y el marketing de campaña fomentan.
La democracia participativa por el contrario es inclusiva, no excluye en modo alguno el actual sistema de representación; lo amplía y lo perfecciona. Supone crear un sistema mixto en la que convivan nuestras instituciones democráticas actuales (que tanto ha costado conseguir) con nuevas forma y mecanismos de participación directa de los ciudadanos en la política. Estos mecanismos pueden ser diversos pero hoy se nos ofrece uno concreto presentado por Democracia 4.0 técnicamente viable, basado en la votación individual de cada ciudadano con derecho al voto vía on line a través de la red, de las leyes que se debaten en el parlamento y que se suman a las decisiones tomadas por éste. A mayor participación directa de los ciudadanos, menor poder de los diputados elegidos (que no del Congreso, constituido ahora por los diputado elegidos más los votantes on line) y viceversa. La participación directa supone la toma de conciencia de nuestra identidad como ciudadanos, la asunción de nuestra responsabilidad sobre los asuntos públicos que no nos son dados sino que siempre han sido nuestros y que deberemos delegar sólo lo mínimo imprescindible. Hoy en día ya nadie puede alegar dificultades técnicas. Las redes informáticas permiten no solo votar, sino debatir previamente al voto, informar e informarse de una forma ágil, intensa y frecuente, en eso consiste la democracia. El poder estaría mucho más distribuido y los políticos elegidos mediante delegación, que verían recortada su cuota de poder, no tendrían ya un cheque en blanco durante cuatro años, sino que tendrían que considerar a la otra parte del poder, la que viene de la participación directa del pueblo.
Alfredo del Campo es sociólogo
Más información: http://demo4punto0.net/
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