Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Ana Sastre
El 60 aniversario de Israel constituye una ocasión muy oportuna para preguntarse por qué el gobierno de los Estados Unidos ofrece apoyo ilimitado a un país que viola sistemáticamente principios sagrados para los estadounidenses.
El gobierno estadounidense financia una ocupación militar ilegal en Cisjordania (incluyendo Jerusalén oriental) y la Franja de Gaza. Desde el mes de octubre de 1973 y hasta el año 2003, la ayuda estadounidense directa total a Israel superó con creces los 140.000 millones de dólares. ¿Qué compra esta ayuda? Asentamientos ilegales exclusivamente judíos creados sobre territorios palestinos embargados. Ciudades y pueblos palestinos circundados por muros que en algunos casos son más monstruosos que el muro de Berlín. Puntos de inspección y controles de carretera israelíes entre poblaciones palestinas que paralizan el movimiento normal de ciudadanos y mercancías y representan humillaciones diarias. Gaza precintada y en estado de sitio, sin comida ni combustible. Desde que comenzó la segunda intifada, en septiembre del año 2000, al menos 4.719 palestinos han sido asesinados y 32.213 han resultado heridos.
La estrategia de Israel parece consistir en hacer la vida de los palestinos tan insoportable que los que tienen la oportunidad se van y los que no la tienen viven controlados por el estado judío. ¿Pueden los estadounidenses apoyar esta estrategia?
Los defensores de Israel disculpan las escandalosas violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos de Israel insistiendo en que se trata de una democracia y, por tanto, comparte muchas cosas con los Estados Unidos. Pero eso no es cierto.
Israel hace una distinción entre derechos de ciudadanía, como el derecho a voto, del que disfrutan los ciudadanos no judíos que viven en el estado, y derechos de nacionalidad, reservados exclusivamente para los judíos. Es bien sabido que no es ésta una característica de la democracia.
En Israel se han aprobado muchas leyes cuya intención es, claramente, mantener la superioridad numérica de los judíos y reforzar el carácter judío del estado, y todas ellas contradicen la pretensión de que Israel es una democracia. Adalah, el Centro jurídico para los derechos de las minorías árabes en Israel, ha identificado más de 20 leyes en Israel que discriminan a ciudadanos palestinos de Israel mediante el fomento del carácter judío del estado en el texto de la ley. Israel define «bien público» en términos étnico-religiosos; las tierras expropiadas a los palestinos por el «bien público» sólo benefician a los ciudadanos judíos. El 20% de la población musulmana y cristiana se considera una amenaza demográfica. La obsesión por la composición étnica y religiosa de un país tampoco es un rasgo típico de las sociedades democráticas.
El apoyo para Israel se recaba bajo falsas pretensiones y se ejecuta a través de tácticas coercitivas. Los estadounidenses deberían reflexionar sobre el efecto de esta táctica de mano dura sobre nuestra vida pública.
Un pequeño pero poderoso grupo de presión ha ejercido una desmesurada influencia sobre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno, sobre los medios de comunicación y sobre nuestra cultura pública. Ni siquiera un ex presidente y ganador del Premio Nobel de la paz como Jimmy Carter o catedráticos de prestigiosas universidades estadounidenses como John Mearsheimer (Universidad de Chicago) y Stephen Walt (Universidad de Harvard) son inmunes a cargos de antisemitismo si se les ocurre cuestionar las políticas de Israel.
Estas agresiones a la integridad personal de los individuos que expresan sus opiniones políticas contrarias a la corriente principal han tenido un efecto profundamente corrosivo sobre la libertad de expresión y el debate público.
Los diputados del Congreso de ambos partidos aceptan dinero del comité de acción política pro israelí y, a cambio, apoyan y fomentan legislación en favor de Israel.
Tanto la opinión pública como los medios de comunicación han sido entrenados para aceptar sin cuestionárselo el indecoroso espectáculo de candidatos a la presidencia y funcionarios electos que juran fidelidad a un país extranjero, como si ésto debiera inspirar la confianza de los votantes estadounidenses.
Las políticas ilegales de Israel en relación con los palestinos y sus vecinos han sido objeto de más de 65 resoluciones de la ONU. Israel ignora sistemáticamente las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, y su intransigencia es defendida por los Estados Unidos. El apoyo que Estados Unidos presta a Israel va en contra de la población mundial y también implica que el gobierno de EE.UU. se está acostumbrando a defender violaciones del derecho internacional. Pero ni Israel ni Estados Unidos están por encima de la ley.
Las organizaciones e individuos pro israelíes han dirigido una campaña de fomento del fanatismo contra árabes y musulmanes en este país. Las generalizaciones y las calumnias que serían rápidamente calificadas de fanatismo si fueran dirigidas contra afro-estadounidenses o latinos, no despiertan objeción alguna cuando se dirigen contra árabes y musulmanes.
Cada vez son más los palestinos que exigen la igualdad de derechos para todos los residentes del Mandato Británico de Palestina.
Los estadounidenses encuentran dificultades para oponerse a esta demanda, cuando, por otro lado, se proclaman adalides de la libertad de expresión y la democracia de todos los pueblos.
Fuente: http://www.dailycamera.com/news/2008/may/15/israel-at-60-the-cost-of-us-support/
Ida Audeh es palestina, se crió en Cisjordania y actualmente trabaja como editora de Boulder.
Ana Sastre es miembro de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autora, a la traductora y la fuente.