Jerusalén, 18 de octubre de 2004- Las fuerzas armadas israelíes han arrasado ilegalmente miles de viviendas palestinas, independientemente de la necesidad militar, para crear una «zona de contención» libre de palestinos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. El […]
Jerusalén, 18 de octubre de 2004- Las fuerzas armadas israelíes han arrasado ilegalmente miles de viviendas palestinas, independientemente de la necesidad militar, para crear una «zona de contención» libre de palestinos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. El gobierno israelí está pidiendo la destrucción de cientos de casas para ampliar la zona como parte de un plan de «retirada» del territorio.
La Fuerza de Defensa Israelí (IDF), que se expone regularmente a los disparos de los grupos armadas palestinos a lo largo del borde sur de Gaza, alega que la destrucción es militarmente necesaria. Human Rights Watch descubrió que la IDF ha dejado a 16.000 personas sin casa en los últimos cuatro años, independientemente de que sus casas plantearan una verdadera amenaza militar.
De acuerdo con el derecho internacional, Israel como potencia ocupadora puede destruir propiedades civiles sólo cuando «sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas». Está prohibida la destrucción de propiedad para mejorar la seguridad general de la potencia ocupadora o como amplia medida de precaución contra hipotéticas amenazas.
«La conducta de Israel en el sur de Gaza se deriva de la asunción de que cada palestino es un terrorista suicida y cada casa una base para los atentados», señaló Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch. «Esta política de destrucción masiva de casas acarrea graves violaciones del derecho internacional humanitario destinado a la protección de los civiles», agregó.
El informe de 135 páginas, «Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip» (Arrasando Rafah: Demoliciones masivas de casas en la Franja de Gaza) se concentra en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, donde más del 10 por ciento de la población ha perdido sus casas. Además de la investigación y las entrevistas realizadas en Gaza, Israel y Egipto, el informe utiliza imágenes satelitales, mapas, gráficos y fotografías para documentar una práctica sistemática de demoliciones ilegales por parte de la IDF. Según el informe, dicha práctica responde al objetivo político de contar con un área fronteriza amplia y vacía para facilitar el control a largo plazo de la Franja de Gaza, en lugar de la necesidad militar absoluta.
La IDF esgrime dos argumentos principales para la ampliación de la zona de contención: cerrar los túneles de contrabando de Egipto y mejorar la seguridad de las tropas de la IDF en la frontera. Aunque los túneles y la seguridad de los soldados israelíes son preocupaciones legítimas, los argumentos del gobierno no son sostenibles en ninguno de los dos casos, señaló Human Rights Watch.
No se cuestiona que los grupos armadas palestinos utilizan túneles para introducir armas para su empleo en ataques contra militares y civiles israelíes. Pero las pruebas indican claramente que la IDF se sirve de su existencia como pretexto para justificar las demoliciones de casas y expandir ilegalmente la «zona de contención».
Además de exagerar el número de túneles, la IDF aparentemente no ha explorado métodos consolidados para la detección y destrucción de túneles-como censores sísmicos, inducción electromagnética y radares subterráneos-que anularían o reducirían la necesidad de las incursiones de la IDF en Rafah, que se han saldado con la destrucción de casas y en ocasiones pérdida de vidas. En algunos casos, la IDF destruyó grupos de viviendas con el fin de «cerrar» túneles que las autoridades palestinas ya habían al parecer sellado.
«En lugar de destruir los túneles que cruzan la frontera bajo su control, las fuerzas armadas israelíes están incursionando cada vez más dentro de Rafah», dijo Roth. «Esto deja sin casa a palestinos y pone aún en mayor riesgo a los soldados de la IDF».
A lo largo de la frontera de Rafah, las fuerzas de la IDF y los grupos armados palestinos intercambian disparos regularmente. Pero con el pretexto de proteger a sus soldados, la IDF ha tomado medidas para ir mucho más allá de lo permitido por el derecho internacional y lo que exige la seguridad de las fuerzas de la IDF. En 2003, por ejemplo, la IDF completó la construcción de un muro de metal de ocho metros de altura en la «zona de contención» ya despejada para proteger a sus tropas. A pesar de esta protección adicional, en 2003, la tasa de demoliciones de casas en Rafah se triplicó con respecto a los dos años anteriores.
«La IDF tiene una serie de argumentos sofisticados para justificar la destrucción de Rafah», señaló Roth. «Pero estos argumentos no se sostienen y revelan una práctica sistemática de abusos y destrucción injustificados».
A mediados de mayo, el gobierno israelí aprobó un plan que contempla una mayor ampliación de la «zona de contención» mediante la demolición de «docenas o quizá cientos» de casas. Al parecer, la IDF recomendó entonces la demolición de todas las casas a menos de 400 metros de la frontera. Dicha destrucción dejaría a nuevos miles de palestinos sin casa en uno de los lugares más densamente poblados de la tierra.
En el informe también se documenta la intensa destrucción israelí de viviendas e infraestructura en Rafah, en mayo, como aparente represalia por el asesinato de cinco soldados de la IDF por parte de militantes palestinos. Las grandes operaciones de la IDF durante ese mes se saldaron con la destrucción de 200 casas, muchas de ellas en el interior de la ciudad y lejos de la frontera. Buldózeres blindados arrasaron casas y tiendas, levantaron carreteras indiscriminadamente, destruyeron sistemas de agua y alcantarillado y convirtieron dos grandes terrenos agrícolas en áridas parcelas de tierra.
La IDF afirma que la destrucción fue militarmente necesaria porque sus soldados habían sido atacados, pero las pruebas indican que la resistencia palestina fue leve, limitada y rápidamente aplastada durante las primeras horas de cada una de las incursiones. En ciertos casos, la destrucción en zonas retiradas de la frontera se produjo después de que la IDF hubiera asegurado el área, en un proceso prolongado, deliberado y exhaustivo, y no en el fragor de la batalla.
Los gobiernos de Estados Unidos y europeos no han pedido cuentas a Israel por su falta de disposición a respetar el derecho internacional. Por el contrario, financian reparaciones y realojamiento después de que se producen las demoliciones. En el informe se insta a los gobiernos extranjeros a que exijan a Israel a que pague reparaciones a las víctimas o compense a los donantes por los fondos dedicados a la reparación de la destrucción ilegal.