Para mantener la mayoría de la población afín a su política, el gobierno israelí trata de judaizar Jerusalén oriental, el área reclamada por los palestinos como capital de su futuro Estado. Israel puso en práctica numerosas políticas que apuntan a limitar la cantidad de residentes palestinos en esa zona de la ciudad, ante el peligro […]
Para mantener la mayoría de la población afín a su política, el gobierno israelí trata de judaizar Jerusalén oriental, el área reclamada por los palestinos como capital de su futuro Estado.
Israel puso en práctica numerosas políticas que apuntan a limitar la cantidad de residentes palestinos en esa zona de la ciudad, ante el peligro de que aumenten los nacimientos en las familias de ese origen.
Con la intención de evitar una futura división de Jerusalén, las autoridades israelíes llevan adelante varias medidas, como restringir los permisos de reunificación familiar, cambiar los límites municipales de la ciudad, ampliar los asentamientos judíos en la parte oriental y crear otros ilegales.
Según el derecho internacional, la Línea Verde divide la parte judía de Jerusalén occidental de la palestina de Jerusalén oriental. Pero Israel ocupó ésta última en 1967 a raíz de la guerra árabe-israelí.
En agosto, el gobierno israelí llamó a licitación para construir 1.760 viviendas en Jerusalén oriental violando ese acuerdo, según la organización de derechos humanos israelí Peace Now (Paz Ahora).
Hay unos 192.000 colonos israelíes viviendo de forma ilegal en unos 12 asentamientos en Jerusalén oriental, según la organización israelí, B’Tselem.
La redefinición de los límites de las municipalidades de Jerusalén incorporó los asentamientos ilegales y la construcción del muro que separa Israel de Cisjordania aumentó la cantidad de palestinos del «lago equivocado». Ambos hechos contribuyen a disminuir su presencia en la parte oriental de la ciudad.
Alrededor de 25 por ciento de los 253.000 palestinos residentes en Jerusalén oriental quedaron aislados de la ciudad por el muro, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bastante conservadoras.
«Los israelíes están llevando a cabo la última etapa de su plan para terminar de judaizar la ciudad», dijo a IPS Suhail Khalilieh, jefe de la unidad de asentamientos del Instituto de Investigación Aplicada en Jerusalén.
«El plan comenzó con la anexión de Jerusalén oriental por parte de Israel en 1967. La última etapa incluye la terminación del muro con el preciso objetivo de manipular el factor demográfico y limitar la proporción de palestinos a tan sólo 15 o 20 por ciento y que el resto sean judíos», explicó Khalilieh.
Jerusalén oriental es de particular importancia para los palestinos porque, de acuerdo con el derecho internacional, les pertenece y está previsto que sea la capital del futuro Estado palestino. A eso se añade el consabido significado cultural y religioso y de los vínculos educativos y de negocios existentes con la ciudad.
En Jerusalén oriental se encuentra la mezquita de Al Aqsa, uno de los sitios sagrados del Islam, y los lugares dónde se dice que Jesucristo fue crucificado y enterrado. Hay palestinos cristianos, aunque son la minoría.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) trata de plantear el asunto del estatus futuro de Jerusalén oriental, considerada una cuestión delicada, en las negociaciones finales con vistas a terminar el conflicto palestino-israelí y crear un Estado palestino.
Pero la tarea que tiene por delante la ANP es de proporciones épicas pues la invasión de Jerusalén oriental por parte de Israel tiene décadas, cuando un tercio del área fue expropiada a los palestinos y usada para construir asentamientos judíos.
Para expropiar, práctica que contraviene la Cuarta Convención de Ginebra, las autoridades alegaron que las tierras estaban vacías. Pero fue una situación temporal, muchos palestinos debieron huir a los países vecinos a causa de la guerra.
«Los palestinos que no vivan en Jerusalén durante siete años o más pierden su calidad de residentes a menos que puedan probar que sí lo hicieron. El trámite es obligatorio para poder mantener su carné de identidad», precisó B’Tselem.
Por cierto, la norma no se aplica a los israelíes que viven en Jerusalén occidental.
En 2006 se revocó el carné de identidad de por lo menos 1.360 palestinos, según cifras de la ONU. Esa cantidad fue cinco veces más que en 2005 y que en cualquier otro año anterior desde la ocupación israelí de 1967.
En 2003 fue promulgada la ley de Ciudadanía e Ingreso a Israel que niega a los cónyuges de los territorios palestinos ocupados, casados con israelíes o con personas con carné de residencia permanente, el derecho a tramitar su ciudadanía o estancia y, por lo tanto, no pueden vivir con su pareja en Israel ni en Jerusalén.
Miles de parejas se ven obligadas a vivir separadas por esta causa.
En Israel, los cónyuges extranjeros que son judíos adquieren la ciudadanía de forma automática en el marco de la ley de Retorno.
Además, desde 1982, el Ministerio del Interior de Israel no permite el registro de niños y niñas palestinas como residentes de Jerusalén si uno de sus padres no cuenta con carné de residencia, aun si la madre sí lo tiene.
La planificación urbana de esta ciudad también fue concebida para aumentar la población judía mediante incentivos impositivos y grandes inversiones en barrios con población de ese origen. También se limita la construcción en las zonas palestinas.
«Además, los palestinos necesitan tramitar un permiso de construcción que es caro y muy difícil de conseguir», explicó Khalilieh. Y si llegan a tener la suerte de conseguirlo, sólo se los habilita para hacerlo en 25 por ciento de su propiedad.
Una vez más, esas restricciones no se aplican a los residentes judíos de Jerusalén occidental.
En la actualidad faltan unas 25.000 viviendas en Jerusalén oriental y menos casas significan precios altos, indicó Jeff Halper, del Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas.
«A pesar de la falta de viviendas, la municipalidad sólo otorga entre 150 y 350 permisos de trabajo al año a los palestinos y al mismo tiempo demuelen 150 casas o más», apuntó. Las viviendas que se construyen sin permiso también son destruidas.
Israelíes y palestinos construyen de forma ilegal por igual, según B’Tselem, pero la respuesta de las autoridades no es la misma en los dos casos.
Los palestinos son propietarios de alrededor de 20 por ciento de las construcciones ilegales, pero más de 75 por ciento de las casas que son demolidas les pertenecen.
«Las demoliciones en los barrios judíos son construcciones comerciales o ampliaciones de viviendas, en cambio, en las zonas palestinas, familias enteras quedan sin hogar», según B’Tselem.
Los palestinos son discriminados en asuntos presupuestales e impositivos así como en servicios de agua, saneamiento, caminería, parques, iluminación, oficinas de correo, escuelas y otros, según el Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas.
La ANP sigue adelante con las negociaciones con Israel, pese a la continua construcción de nuevos asentamientos y expropiación de tierras.
«Los palestinos tienen una situación extremadamente débil. Si interrumpen las negociaciones con ese argumento, Israel los responsabilizará del fracaso, con apoyo de Estados Unidos, e igual seguirá con su estrategia en el terreno», arguyó Khalilieh.