Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
Es imposible confundir el sentimiento público, tal como se vio reflejado en las últimas semanas, exactamente en los medios de comunicación. Aunque si solamente por los corrillos se escuchaban términos como «traidor» por parte de exaltados derechistas en la sede del Defensor Militar General Avichai Mendelblit, el reclamo de que el defensor se excedió en la persecución por violaciones a los soldados israelíes durante la operación plomo fundido, tiene amplio apoyo.
Esta tendencia se puso de manifiesto durante los argumentos para reclamar las penas en el juicio a dos soldados de la brigada Givati, hallados culpables de forzar a un niño palestino de 9 años a abrir las bolsas en el momento en que su casa, en Gaza, era registrada. Cientos de manifestantes salieron en apoyo de los soldados, afuera de la corte, mientras generales de la reserva pedían penas menos duras. Exceptuando por los actos inusuales de violaciones graves, el público siempre verá a los soldados acusados como «nuestros» hijos que están abandonados a su destino, mientras los oficiales a cargo se ocupan de sí mismos. Los fiscales, bajo las luces de neón de sus oficinas, siempre serán vistos tratando de complacer a la comunidad internacional, al tiempo que buscan un nombramiento cómodo en la Corte Suprema.
Parecería como que cualquiera que presente la situación de esta manera, se niega simplemente a que las cosas los confundan. La realidad es rigurosamente diferente. La fiscalía y los dirigentes del ejército israelí fueron lentos y tardíos para responder a las dificultades en las que Israel por sí mismo se vio envuelto. Situaciones que se revelaron en el letal informe Goldstone, aún si éste fuera por demás exagerado. Los reclamos que fueron elevados al principio por los graduados del ingreso de la Academia militar Rabin, y el movimiento «Rompiendo el Silencio», fueron rechazados casi de plano. Se hicieron investigaciones más eficientes y esmeradas solamente después de que irrumpiera como un huracán el informe Goldstone.
Mientras tanto, sobre la base de cientos de denuncias, se abrieron unas 200 investigaciones sobre acciones, y unas 50 a la policía militar. Los investigadores reunieron unos 600 testimonios de oficiales y soldados, pero muchos de ellos eran técnicos y tenían que ver con los que estaban involucrados en el caso en investigación. Unos 20 testigos fueron interrogados bajo advertencias.
El procurador general militar fue adecuadamente cuidadoso en sus acusaciones, que hasta el momento fueron tres: contra dos soldados acusados de robar tarjetas de crédito, un soldado que será enjuiciado por matar a una palestina y los dos soldados por utilizar al niño como escudo humano. Se puede discutir si les corresponde una acusación criminal, pero los dos últimos demostraron, en última instancia, un muy escaso sentido común. No se trata de héroes en la retaguardia, sino de soldados que provocaron que un niño orinase sus pantalones mientras lo obligaban a abrir bolsos, sabiendo que había zapadores cerca de la escena encargados del desmantelamiento de posibles bombas.
Una investigación mayor está aún en camino contra un ex comandante de la brigada Givati, que lo involucra en un acto de bombardear la casa de la familia Samouni, donde fueron asesinados 21 de sus miembros. Por otra parte, el defensor general militar cerró muchos casos sin procedimientos criminales. El comandante de la unidad Egoz fue reprendido por aplicación de «procedimiento de vecino» por el cual se envía a un vecino para que convenza a otro que está obstruyendo con una barricada, de que se rinda. En otro caso, en un bombardeo donde se asesinó a 20 civiles por una defectuosa investigación del servicio de inteligencia, el abogado militar general decidió que fue una equivocación honesta. No se tomaron medidas contra los soldados de la unidad Golani que asesinaron niños cuando montaban un carro, al este de Gaza. A los soldados se les informó erróneamente, según una investigación del servicio secreto, sobre un carro-bomba. Un oficial del cuerpo de blindados que abrió fuego contra milicianos que arrojaban proyectiles Katyusha y mató de rebote a civiles que estaban en un velatorio, tampoco fue penado por no hallar civiles en el área. En todos estos casos, la fiscalía se salió de su rol con el objetivo de entender los juicios de valor de los combatientes bajo el fuego. Esto está muy lejos de los gritos de demandas que se escuchaban cuando acusaban a Mendelblit de ser demasiado riguroso con los soldados.
La operación «plomo fundido» no es el último acto donde se verá a las fuerzas israelíes involucradas en este tipo de combates. Hamás e Hizbulá identificaron bien el punto débil de Israel y lo explotarán en el futuro. El ejército cometerá equivocaciones si no aclara los detalles de los incidentes que terminaron en muertes. No es meramente una cuestión de ética. Uno de las más severas demandas contra Israel es que su sistema legal no castiga los actos criminales de sus soldados. Blanquear crímenes y garantizar apoyo automático a cada soldado devendrá en «cero tolerancia» en el abordaje de la comunidad internacional a las acciones del ejército israelí. De esta manera, Israel sólo conseguirá fortalecer la campaña de deslegitimación en su contra.
Fuente: http://www.haaretz.com/blogs/